Aunque la Federación anunció desde los primeros meses de 2019 mejoras para el sector salud en Oaxaca, sobre todo en presupuesto e infraestructura, el estado aún mantiene una deuda de más de 8 mil millones de pesos y, a la fecha, las promesas solo han quedado en eso.
Oaxaca fue uno de los primeros 8 estados del país en dar el voto de confianza para la federalización del sector salud, pero ésta aún no se ha puesto en marcha y los compromisos para acabar con los rezagos aún no se concretan.
Obras hospitalarias abandonadas
El Gobierno federal se comprometió, desde el año pasado, concluir a la brevedad 30 de los 50 hospitales en obra negra que permanecen abandonados desde hace varios años en la entidad, pero hasta el momento las autoridades de salud desconocen cuándo se reiniciarán y concluirán las respectivas obras.
Para este 2020, las autoridades de Oaxaca esperan retomar la construcción de los hospitales como el de Matías Romero, el Básico comunitario de San Agustín Loxicha, el de San Felipe Jalapa de Díaz, el Básico comunitario de Chilchotla y el de Coicoyán de las Flores; pero una vez que se ponga en marcha la federalización.
Otras unidades médicas que esperan ser apoyadas de manera subsecuente son las de Ixtlán de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, San Juan Bautista Tuxtepec, San José Tenango, San Pablo Villa de Mitla, Santa Lucía del Camino, Santa María Colotepec, Santa María Chilchotla, Santa María Guienagati, Santa María Quiegolani y Santa María Tonameca.
También de Salina Cruz, Santiago Xiacui, Santo Domingo Yosondua, Santiago Zacatepec, Santo Domingo Ingenio, Tlacotepec Plumas, San Mateo Yucutindo, San Lucas Ojitlán, Cosolapa y Santa María Huatulco.
Incertidumbre con INSABI
Otro de los retos a enfrentar en el sector salud para este 2020, es la atención que darán las unidades médicas con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que a partir del 1 de enero sustituyó al Seguro Popular, cuyo propósito es ofrecer servicios bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión; pero que a la fecha no se precisa cómo se garantizará la atención ante rezagos que mantienen entidades como Oaxaca en la mayoría de las unidades médicas.
Con el INSABI, personal médico y autoridades esperan un mayor incremento de personal y de enfermería, además de que se garantice el abasto de medicamentos, el equipo y la infraestructura para atender a un mayor número de pacientes.
En Oaxaca se enfrenta un déficit de más de 2 mil médicos y especialistas desde hace más de dos décadas. Apenas se tiene el registro a la fecha de 6 mil 262 médicos, 11 mil 655 paramédicos y 5 mil 200 trabajadores en otras funciones, que resultan insuficientes para la atención de más de 4 millones de habitantes.
Con este nuevo programa federal y la federalización, Oaxaca espera más recursos y equipamiento, como en reiteradas ocasiones lo prometió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las diversas visitas que en 2019 hizo a la entidad.
Con la federalización, la cual se espera que se concrete este año, las autoridades federales absorberán la nómina y serán éstas las que operen el sector de manera directa, a fin de evitar diversas irregularidades como ocurrían en años anteriores.
Enfermedades en aumento
Además de estos nuevos retos y pendientes, el sector salud de Oaxaca deberá reducir los índices de morbilidad y mortalidad de las principales enfermedades que aquejan a la población como: la diabetes, hipertensión y cáncer, que cada año van en aumento.
Tan solo en cáncer de mama, el número de defunciones ha pasado de 84 en 2005 a 129 en 2018, mientras que cifras preliminares advirtieron que 2019 concluiría con más de 100 fallecimientos por este padecimiento.
En diabetes, la incidencia de muertes por año también es alarmante. En el año 2000 se registraron mil 179 fallecimientos, que se triplicó en 2016 con 3 mil 444 y en 2018 creció a 3 mil 524.
En hipertensión arterial, se contabilizan al menos 46 mil 163 oaxaqueños con esta enfermedad, pero solo el 60.9% están controlados; el resto no sabe que tiene el padecimiento.
De acuerdo a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la hipertensión arterial es la causa del 45% de fallecimientos por cardiopatía isquémica y del 51% por accidentes cerebrovasculares; padecimientos que enlistan las primeras causas de muerte en el mundo.
En sus últimos informes de Gobierno, el mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, expuso que todas las estrategias de este sector tienen como objetivo central mejorar las condiciones de salud de la población, con acciones tendientes a eliminar las desigualdades existentes en comunidades marginadas y en grupos vulnerables.
Por ello, para las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención curativa en el estado, destacó fundamental conocer la situación de salud de las y los oaxaqueños, tanto para operar programas como estrategias encaminadas a la prevención y control de las enfermedades.
Ello, dijo, permitirá atender dos tipos de riesgos a la salud: el primero, el de las enfermedades crónico degenerativas no transmisibles, cada vez de mayor complejidad y actualmente dentro de las principales causantes de servicios de consulta externa; y el segundo, el de las infecciones respiratorias e intestinales, atención al parto y los accidentes, que representan una alta demanda de las atenciones de consulta externa, así como los motivos más comunes de atención en los servicios de urgencias y de hospitalización.
Para este año, el Gobierno estatal también tendrá que garantizar el aborto seguro luego de su despenalización en octubre de 2019, con la capacitación del personal y la creación de áreas para atender a las pacientes.
Déficit y deuda
En este 2020, el Gobierno estatal espera concretar el traspaso del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño ubicado en Reyes Mantecón, para solventar la deuda que tiene con el ISSSTE de más de 2 mil millones de pesos.
Así también, las autoridades buscarán pagar el resto de la deuda que tienen con otras instituciones como el SAT, al que le deben más de 4 mil millones de pesos. A esto se le suman los más de mil 700 millones de pesos que se generan cada año para el pago de trabajadores eventuales, no reconocidos ante la federación.
