Horas después del terremoto de 8.2 grados registrado el 7 de septiembre del 2019, la ayuda humanitaria se hizo presente en los diversos municipios de la región del Istmo, de manera gradual arribaron por tierra y aire grandes cargamentos de alimentos, ropa, agua, y medicamentos, principalmente.
En una actitud protagónica, los gobiernos estatal y federal, acapararon la ayuda humanitaria, obligando a los conductores de las unidades de carga a desviar su ruta para descargar los productos en las instalaciones de la Base Área Militar número 2, desde donde se organizaron para distribuir homogéneamente a las poblaciones, siendo ese el argumento.
Utilizaron a elementos de la Policía Estatal, a la Policía Federal y al propio Ejército; los camiones de carga fueron prácticamente secuestrados aún cuando ya tenían marcados sus destinos.
En este marco, la Cruz Roja Mexicana y la Internacional enviaron para los pueblos del Istmo medicamentos, entre otros insumos necesarios para la atención médica inmediata que se necesitaba en el momento.
A dos años y tres meses del fatídico terremoto, personal que labora para una empresa contratada por la Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Juchitán, denunció la existencia de una bodega ubicada en la colonia Arboledas en el tramo carretero Juchitán-Espinal, en donde se localiza una gran cantidad de cajas conteniendo medicamentos e insumos médicos, los cuales en su mayoría se encuentran caducos.
Algunas de las cajas ostentan el logotipo de la Cruz Roja Mexicana, además de muebles médicos.
El propietario del inmueble se negó a proporcionar información aunque reconoce que la dependencia le adeuda varios meses de renta, mientras que los vecinos saben que la bodega se encuentra arrendada a la Jurisdicción Sanitaria.
El problema involucra a un grupo de trabajadores que demandan el pago de sus salarios que se les adeuda por meses, mientras que el propietario del edificio alegó que esperará hasta el mes de enero del próximo año para exigir el desalojo del mismo.
