El juez séptimo y octavo con sede en el puerto de Salina Cruz, admitió la demanda de amparo presentada por el Comité Pro Defensa de la Tierra y el Territorio de Unión Hidalgo para impedir la construcción de un parque eólico en la localidad, debido que la comunidad no fue consultada.
Rommel Matus, dirigente del Comité, dijo que a partir de esta determinación del juez, se tiene un plazo de 15 días para que las autoridades informen el motivo por el cual otorgaron permisos a las empresas para construir nuevos parques eólicos.
El Comité, aclaró Rommel Matus, no se opone a los parques eólicos, sin embargo, según su análisis, no han dejado mayores beneficios a las comunidades donde ya están instalados, pero principalmente, estos nuevos proyectos se pretenden imponer sin previa consulta.
“No nos oponemos al progreso, siempre y cuando los proyectos de inversión no atenten gravemente contra la tierra, el territorio y los recursos naturales”, apuntó.
Indicó que tanto las autoridades municipales como las empresas privadas, están violando sus derechos a una consulta libre, previa e informada, conforme a lo establecido por la Ley y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Comité Pro Defensa de la Tierra y el Territorio de Unión Hidalgo, presentó más de 40 amparos colectivos con 700 firmas de indígenas de la localidad, ante el juez séptimo y octavo con sede en Salina Cruz, ante la violación a sus derechos.
Rommel Matus, dijo que la Secretaría de Energía, el gobierno de Oaxaca a través de la Comisión Permanente de Fomento de Energía Renovable y el gobierno municipal de Unión Hidalgo “otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones para inversionistas nacionales y extranjeros para que ampliaran su infraestructura en terrenos de la comunidad sin previa consulta indígena”.
“Se sabe que las empresas Fuerza y Energía Bii Ioxho y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 y 2 recibieron permisos para seguir expandiéndose, la Comisión Reguladora de Energía nos informó que estas dos empresas aparecen en el listado relacionado a la nuestra comunidad, lo que sabemos es que podrían ubicar sus torres cerca del Estero Guie’ y también El Palmar”, expresó.
El comité argumenta que con estos nuevos proyectos, que “se intenta acabar con los mangles de la comunidad”.
“Hasta el momento no se sabe el monto que costará dicha obra, pero no es posible que todo lo negocien a espaldas de un pueblo que solo busca el respeto a su autonomía”, explicó Mátus.
Señaló que las autoridades, al otorgar permisos sin consulta, violan el pleno derecho a la comunidad a ser informado sobre los proyectos que se ejecutarán.
“Por eso exigimos a los tres niveles de gobierno, se garantice este derecho conforme a la carta magna y al convenio 169 de la OIT”.
