Oaxaca se consolidó como la segunda entidad a nivel nacional con el mayor número de agresiones a comunicadores al contabilizar 69, por lo cual, los legisladores locales de Morena y PRD iniciaron algunos foros para discutir una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
De acuerdo a estadísticas de la organización Artículo 19, de las 426 agresiones contra la prensa documentadas durante 2016, 69 tuvieron lugar en el estado de Oaxaca, lo cual la convierte en una de las más peligrosas para ejercer el oficio.
El organismo llamó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que se investiguen las posibles violaciones de derechos humanos cometidos y emita recomendaciones a las autoridades involucradas para evitar violaciones al ejercicio de la libertad de expresión.
En su momento, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC) presentó su tercer diagnóstico en torno a los avances y limitaciones en la implementación de la política destinada a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.
La negación del gobierno mexicano por reconocer la crisis de derechos humanos e impunidad en el país, la falta de una política de carácter preventivo, así como la ausencia de medidas que permitan atacar las fuentes y causas de la violencia que enfrentan específicamente las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hacen del Mecanismo de Protección una política paliativa, insostenible e ineficaz para hacer frente a la escalada de violencia que enfrentan quienes ejercen sus derechos a la defensa de derechos humanos y a la libertad de expresión.
A través del informe Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Estado mexicano identificó los desafíos estructurales en el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, así como la falta de una política integral para proteger y prevenir los riesgos que enfrenta este sector de la población.
Detalló que al mecanismo de protección le falta capacidad para reaccionar frente a la diversidad de formas de violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas (agresiones físicas, digitales, actos de estigmatización o criminalización).
Aunado a que las medidas de protección implementadas, no han logrado atender, ni integralmente ni proporcionalmente, los distintos impactos que generan las agresiones que sufren las y los defensores y periodistas directamente, así como sus familiares o los colectivos a los que pertenecen.
El informe también detalla que no se incorpora un enfoque de género en el análisis de riesgo y en las medidas que implementa para la protección de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.
Ante esto, las medidas de protección para mujeres defensoras y periodistas se implementan sin atender la situación específica de violencia, desigualdad y discriminación que viven, o las obligaciones que muchas de ellas tienen en cuanto al cuidado de sus familiares y a los posibles impactos de las agresiones.
El escrito también subraya la falta de coordinación efectiva del Mecanismo de Protección con las entidades federativas para la implementación de medidas de protección.
Estableció que tampoco se cuenta con una efectiva coordinación para ofrecer respaldo político del más alto nivel al Mecanismo de Protección, a las personas defensoras y periodistas, así como a la labor que desarrollan.
Esta falta de coordinación no sólo dificulta generar cambios de fondo en la actuación del Mecanismo de Protección, sino que incluso impide que medidas sobre casos concretos resulten efectivas, subrayó.
Tampoco se han generado medidas encaminadas a favorecer un ambiente propicio y adecuado para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en México, estableció.
Por lo que, la impunidad y falta de investigación adecuada en relación a las agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen alimentando, e incluso exacerbando la comisión de los mismos.
La ausencia total de acciones del Mecanismo de Protección para garantizar la investigación penal de agresiones, reflejan que en México, no existe una verdadera política que tenga por objetivo prevenir los riesgos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
A la par, las fracciones parlamentarias del PRD y Morena en el Congreso del Estado han comenzado con foros para socializar sus propuestas en materia de protección a periodistas, sin embargo han generado diversas reacciones de discrepancia en el gremio.
Incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se pronunció al respecto y citó a los legisladores locales presentar las iniciativas el próximo miércoles a las 11 horas en las instalaciones del órgano autónomo.
En respaldo a un grupo de representantes de comunicadores le solicita a los integrantes de la LXIII Legislatura local socializar y consultar con quienes ejercen el periodismo, antes de formular sus votos en iniciativas dirigidas a la protección de periodistas.
Escenario a nivel nacional
- 426 agresiones en contra de comunicadores
- El Estado de México presenta el mayor número de agresiones, le siguen Oaxaca, Veracruz y Puebla.
