Para el secretario de la Contraloría del Estado, José Ángel Díaz Navarro, se ha avanzado de manera firme en el combate a la corrupción en el estado y ningún caso ha quedado en la impunidad o se puede dar por cerrado, sin agotar los procedimientos de ley.
En entrevista, manifestó que hay asuntos que se están litigando en los espacios correspondientes, pero la ciudadanía puede estar segura que se trabaja de forma coordinada con la Secretaría de la Función Pública.
Reveló que con la Auditoría Superior de la Federación se revisan la aplicación de los recursos económicos de los diversos niveles de gobierno y que en cada una de las solventaciones se avanza en un 90%.
Dijo que se mantiene el vínculo entre los gobiernos estatales y el gobierno federal para promover la implementación de esquemas, instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la gestión pública.
“Nuestra misión es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas a través de una eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos, pues el tema de la legalidad y transparencia es parte de los ejes que definen la ruta del actual gobierno”, anotó.
Externó que se busca la consolidación de un Oaxaca moderno y transparente, un esquema basado en la rendición de cuentas del manejo de los recursos públicos, el combate a la impunidad y a la corrupción.
Por ejemplo, dijo que a través de una aplicación de quejas y denuncias por medio de nuevas tecnologías, se han recibido quejas sobre el actuar de funcionarios públicos.
“En la aplicación han llegado más de 70 quejas y nos abocamos a desahogarlas y analizar los elementos y otras se pasan a la Fiscalía Anticorrupción, pero ninguna queda en la impunidad”, apuntó.
Díaz Navarro señaló que se han aplicado cerca de 400 sanciones administrativas a igual número de servidores públicos y actos resarcitorios por unos 400 millones de pesos; “son procesos que van de la anterior administración y de la presente, el funcionario debe tener claro que si actúa mal tendrá consecuencias”.
El funcionario público manifestó que se cuentan con 35 casos que se han llevado a la Fiscalía Anticorrupción y son ellos quienes determinan lo procedente; “hay funcionarios y exfuncionarios, nadie pasa por encima de la ley y debe solventar o comprobar”.
