Emilio Lozoya, ayer y hoy

El 29 de octubre de 2014, Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue elegido como ‘Ejecutivo petrolero del año 2014’ por el grupo Energy Intelligence.
El premio fue otorgado por los directores de las 100 compañías petroleras más grandes del mundo, quienes son escogidos a partir de los rankings anuales de la publicación de Energy Intelligence, “Petroleum Intelligence Weekly”; esto durante la 35 Conferencia anual Oil & Money en Londres, Inglaterra. El premiado ofreció una cena de agradecimiento.
De acuerdo con Energy Intelligence, el funcionario público mexicano había sido, “junto al presidente Enrique Peña Nieto, pieza clave para obtener la histórica aprobación de la Reforma Energética.” Eran los días en los que Lozoya Austin estaba en la cresta del éxito político y como funcionario público. Estaba muy cerca del Ejecutivo mexicano y con gran influencia dentro del gabinete económico en ese régimen.
Apenas tomó posesión de su gobierno, en 2012, Peña Nieto nombró a Lozoya como director general de Pemex, un joven (Chihuahua, 1974) egresado de la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de Derecho por la UNAM y con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. El modelo exacto del funcionario público desde el gobierno de Miguel de la Madrid.
Es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue secretario de Energía durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; y nieto de Jesús Lozoya Solís, ex gobernador priista de Chihuahua. Su primer cargo dentro de la administración fue como analista del Banco de México luego fungió como director para América Latina del Foro Económico Mundial; ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Consejo de Administración del grupo empresarial OHL.
Ya como director general de Pemex dijo: la aprobación de esta Reforma es “un logro histórico” pues “se fortalece a Pemex y abre mejores oportunidades de empleo e ingresos para los mexicanos”. Para agosto de 2014, Lozoya estimó, con la reforma energética echada adelante, que para 2018 Pemex produciría 2.8 millones de barriles de crudo diarios, gracias a las relaciones que entablaría la empresa productiva del estado con empresas privadas.”
Hasta ahí todo iba bien. Pero en 2016 fue cesado de su función por orden presidencial y sustituido por José Antonio González Anaya. En agosto de 2017, la entonces Procuraduría General de la República le envió un citatorio para comparecer por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Previo al citatorio de la PGR, el diario brasileño O’Globo publicó que Odebrecht “habría pagado 10 millones de dólares a Emilio Lozoya a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares, para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.”
En adelante el ex funcionario público parecía estar protegido por fuerzas superiores del gobierno, porque mientras que en distintos países del mundo se fueron conociendo casos de corrupción vinculados con Odebrecht, y que algunos funcionarios públicos habían sido acusados y otros detenidos, aquí sorpresivamente no pasaba nada.
Y no es que tuviera que pasar, sí por lo menos se esperaba una explicación a tales y tan graves señalamientos de todos lados en los que se mencionaba el nombre de Lozoya Austin presuntamente vinculado con ese caso. Ya era la declive de Lozoya Austin.
Al término del gobierno de Peña Nieto en 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba para perseguir a funcionarios del anterior régimen, que habría “perdón y olvido” y que lo que se tenía que hacer era comenzar a trabajar en la lucha contra la corrupción y por la seguridad pública del país: dos ejes centrales de su gobierno, además del abatimiento de la pobreza y la desigualdad social…
Pero los mexicanos seguían insistiendo en que para que se hablara de lucha en contra de la corrupción habría que comenzar por pasar lista de presentes a gente del gobierno anterior, de otra manera resultaba inverosímil hablar de justicia…
El presidente López Obrador mantenía su silencio respecto de los pecados del régimen anterior, lo que generó la suspicacia de que habría negociado este silencio con el presidente saliente; aun así con frecuencia se refiere a que “le heredaron un país hecho un desastre”. Y sus mensajes cotidianos contienen una acusación permanente en contra del gobierno anterior, estrategia que han seguido todos sus funcionarios de gabinete que acusan al gobierno anterior de todos sus pesares actuales…
Pero en vista de las exigencias públicas de revisión del gobierno anterior y porque el tiempo transcurrido de gobierno lo exigía, apenas hace unos días se anunció la inhabilitación de Emilio Lozoya Austin para ejercer cualquier función pública por diez años; días después se congelaron sus cuentas bancarias y la de su familia, incluyendo su esposa y su cuñado y adelante se anunció una orden de aprehensión en su contra.
Los primeros esbozos de este asunto tenían que ver en su relación con Altos Hornos de México, pero más tarde se exhibió la intención de tomar en las manos de la autoridad el caso Odebrecht. En todo caso el tema puesto en la mesa de discusiones refiere que se hace bien en llamar a cuentas a un funcionario que presuntamente recibió dinero ilícito. La ley determinará verdad o no.
Y también pone en la misma mesa el tema de la persecución real del gobierno López Obrador de casos de corrupción, a los que hace alusión con frecuencia pero que en el momento no se conocen procedimientos legales en contra ni personajes señalados por la justicia.
Vamos a ver si este es el inició de esa nueva etapa en la que se aplicará la ley o se mirará hacia otro lado. Esto nos lo dirá lo que sigue al tema Emilio Lozoya Austin.