En menos de una semana, en unos cuantos días, dos integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador renunciaron a sus cargos. Esto es: no se han cumplido los seis meses de gobierno y el equipo de gobierno da muestras de fragilidad.
Un poco esto se podía adivinar hace tiempo debido al muy distinto origen de los integrantes del equipo de gobierno: algunos como el agua y el aceite habrían de convivir y gobernar; algunos con pasados políticos nada bien averiguados; algunos provenían de partidos políticos muy distintos a la formación que se integró con “Juntos haremos historia”; algunos ni por asomo gente de izquierda, o lo que se suponía que habría de serlo este gobierno. A todos ellos, el presidente los defendió porque “mi gobierno es incluyente”, justificaba.
En todo caso, junto a ese mosaico de mil colores, que es el gabinete presidencial, el gobierno comenzó a operar la política de la austeridad. Una austeridad que comenzó por la discusión y el enojo por los sueldos de funcionarios de gobierno: “nadie debe ganar más que el presidente” fue la decisión presidencial, esto es: 108 mil pesos mensuales…
Ya nada de canonjías o bonos o viajes o altísimos beneficios adicionales al sueldo nominal: austeridad salarial absoluta.
Luego vinieron los despidos de gente, sobre todo de confianza y de honorarios. Se comenzó por correr a empleados del SAT y de otras oficinas de gobierno federal, tanto en la Ciudad de México como en los estados de la República con oficinas federales. Muchos: miles de personas se han quedado sin trabajo, precisamente el nivel del trabajador de confianza u honorarios que, con cierta frecuencia, hacen las labores que los de base no hacen, ya porque “su sindicato” los defiende o los protege o porque muchos de ellos de plano sobrevuelan sus oficinas de tiempo en tiempo.
Se había dicho que en todo caso se habría de barrer las escaleras de la burocracia de arriba hacia abajo: no ha sido así. Todo lo contrario: se ha barrido de abajo hacia arriba y las consecuencias comienzan a verse en la falta de operatividad de la administración pública. El mismo jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, dijo que sería muy difícil que la burocracia trabaje con estas bajas porque alentará el trabajo y algunos tendrán que hacer el trabajo doble.
Pero junto a todo esto, de pronto comenzó a operar el ‘espíritu de austeridad’ presupuestal. Esto es, que por orden presidencial, a través de la Secretaría de Hacienda, las dependencias deberían trabajar con presupuestos reducidos, aun cuando en el presupuesto general de la Federación se hubieran solicitado los recursos suficientes.
El impacto ha sido tremendo en muchos casos: es el tema del sistema de salud pública que se puso en la mesa de las discusiones luego de la renuncia de Germán Martínez Cázares a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 21 de mayo pasado.
En una carta devastadora argumenta la ‘injerencia perniciosa de la Secretaría de Hacienda’ en los trabajos del IMSS y que ya por despidos o reducción presupuestal las cosas ahí están extremadamente complicadas… y mucho más.
Y no es el único caso: ocurrió con la renuncia de Josefa Blanco Garrido Ortiz Mena… El 25 de mayo renunció como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El motivo fue el pretexto. Un día antes “alguien” dio la instrucción de detener la salida de un vuelo de Aeroméxico hacia Mexicali hasta que abordara la Secretaria. Fue 38 minutos después. Los tripulantes y pasajeros ya estaban a bordo: y esperaron indignados.
Alguno de ellos escribió en sus redes sociales que el capitán del avión les anunció por las bocinas que “por orden presidencial” tenían que detener el vuelo y esperar a que llegara alguien.
Al día siguiente presentó su renuncia: “… la verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia…Es por ello que le presento mi renuncia al cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en congruencia con los mismos principios por los que tenido la gran satisfacción de acompañarlo en esta transformación y de servir a México”.
El presidente dijo, como argumento a esta segunda renuncia en menos de una semana y antes de cumplir seis meses de su gobierno, que ella planteó la posibilidad de la renuncia y que él la estimuló a que la presentara. Difícil de creer porque sabe que esto sería un nuevo golpe a su gobierno.
Se sabe sí, que había quejas por la ausencia de la funcionaria en momentos críticos del tipo ambiental: el sargazo en las playas de Quintana Roo, la contingencia extrema ocurrida hace unas semanas en la Ciudad de México… y más.
Ella le dijo a cercanos suyos en la Semarnat que era imposible trabajar por la reducción presupuestal a que fue sometida la Semarnat y por los despidos.
Un documento de la Semarnat señala que en los cinco meses que Josefa estuvo al frente de la secretaría fueron despedidos 16 mil 630 trabajadores de las oficinas de representación de la dependencia y de sus organismos desconcentrados. Las liquidaciones ascienden a los 2 mil 134 millones de pesos. Del total del personal despedido, 5 mil 342 corresponden a plazas de confianza y 11 mil 288 son de base-operativo.
Y como estos dos casos seguramente hay otros que asimismo pasan las de Caín para operar, lo que traerá consecuencias serias para el funcionamiento del país, a la salud, a la educación y al campo desde donde ya se quejan de que no les llegan los insumos: “por la austeridad”.
El presidente López Obrador quiere hacer muchas cosas en favor de la gente menos favorecida, pero es precisamente a la gente menos favorecida a la que se está asestando un golpe feroz en su salud, su economía, su trabajo, su seguridad… Ojalá que esto cambie pronto. Que no sea ésta una austeridad mal entendida. Por el bien del país.
En tanto el gabinete muestra fragilidad y grietas. Y un gabinete así no le conviene a nadie en México. ¿Quién sigue?
