Investigadores y autores del informe “De la consulta a la libre determinación de los pueblos”, urgieron ayer una Ley del derecho a la consulta, ante la constante presencia de grandes empresas con proyectos en territorios indígenas, sin que las comunidades sepan.
“Muchas veces las comunidades reaccionan cuando ya tienen la maquinaria encima y los proyectos llegaron, pero no fueron tomadas en cuenta ni participan en la toma de decisiones de las políticas de desarrollo, no solo en Oaxaca sino en el resto del país”, señaló Edmundo del Pozo Martínez, del Centro de análisis de investigación Fundar.
Expuso que muchos de los procesos que se están encaminando no se ajustan al marco internacional de los derechos humanos, aunque es obligación de los gobiernos para hacer consultas con los pueblos de las comunidades vinculadas con los proyectos que afectan su territorio.
En este informe, donde se analizaron casos de Oaxaca, como las eólicas en el Istmo de Tehuantepec, se coincidió en que las comunidades no fueron consultadas ni se cumplieron con los estándares internacionales de los pueblos indígenas.
“No se está consultando de manera adecuada a las comunidades y son los megaproyectos los que más conflictividad social y ambiental generan en territorios indígenas”, señaló Edmundo del Pozo, uno de los autores del informe presentado ayer.
En este, se asegura que las diferentes instancias del Estado mexicano han incumplido sistemáticamente la obligación de respetar y garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
“En primer lugar, la armonización de la legislación federal y estatal frente a los estándares internacionales es deficiente e incompleta. Un aspecto que resalta es el hecho de que cada estado regula el Derecho a la consulta según sus propios criterios, sin ajustarse a los parámetros internacionales”.
El informe señala además que la omisión de consultar “es especialmente preocupante si se toma en cuenta que, con frecuencia los pueblos indígenas en cuyos territorios se busca la implementación de proyectos extractivos, se encuentran en condiciones de pobreza extrema”.
“La exclusión y discriminación histórica de las que han sido víctimas, sumadas a numerosas políticas de asimilación, despojos sistemáticos y denegación de derechos sobre sus tierras ancestrales, han propiciado que los pueblos se encuentren en una situación menos favorable que los demás sectores de la sociedad en general”.
Ante esta situación, consideraron la necesidad de “modificar las relaciones de dominación cultural existente entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, a partir de un amplio y continuo proceso de diálogo incluyente que abra una nueva cultura política basada en el respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios”.
