Pese a los esfuerzos gubernamentales y de organizaciones sociales para combatir la violencia contra las mujeres y evitar el aumento de los feminicidios, Oaxaca se mantiene en el segundo estado del país con mayor prevalencia en esta problemática social.
Aun con la alerta de género que el gobierno federal declaró para 40 municipios del estado el 31 de agosto, diversos sectores de la sociedad han puesto en entredicho la actuación de las autoridades locales, porque a la fecha no hay avances sustanciales que acerquen a una solución.
El coordinador de asuntos jurídicos del INMujeres, Pablo Navarrete, urgió la adecuación del marco jurídico del estado, donde se contemplen mecanismos, atribuciones, recursos y personal en el combate a la violencia por razón de género y feminicidios.
Recordó la necesidad de contar con una ley que garantice mayor presupuesto a los estados con alerta de género, porque a la fecha este dictamen no contempla un recurso adicional y los gobiernos deben usar y reorientar el dinero etiquetado cada año.
Por la complejidad del estado, tanto por los usos y costumbres como por el número de municipios con alerta de género, propuso la creación de una ley que sancione a las autoridades que incumplan con sus responsabilidades en materia de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
Asimismo, confió en que las próximas autoridades, tanto municipales como federales, asuman un papel que priorice la atención a las mujeres y se impulsen acciones que busquen soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Piden acciones decididas e inmediatas
Para la asociación Causa Común, la violencia contra las mujeres en Oaxaca demanda acciones decididas e inmediatas.
La presidenta de la asociación, María Elena Morera, recordó que en la entidad las carpetas de investigación abiertas por lesiones contra mujeres se han incrementado en más de 50% con relación al año pasado y, para septiembre pasado, ya se habían acumulado más de mil 500 casos.
Por ello, dijo, la alerta de violencia de género debe aprovecharse para emprender una cruzada de las autoridades y de la sociedad oaxaqueña en favor de las mujeres.
Consideró que en una unión de esfuerzos se amplíe el número de albergues y se ofrezca a las agraviadas asistencia jurídica, psicológica y de salud.
“Debe asimismo implantarse un mecanismo permanente para la emisión y el seguimiento de órdenes de protección, así como capacitar debidamente a la policía de proximidad, despachadores del 911 y ministerios públicos, para atender y proteger a las mujeres que padecen situaciones de violencia”, expuso.
Por separado, el fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, expuso que el organismo a su cargo ha abierto en lo que va del año 100 carpetas de investigación tan solo de feminicidios (25) y homicidios dolosos contra mujeres (75).
Señaló que de manera histórica, de este número de carpetas, 14 de feminicidios ya están frente a los jueces, así como lo está un 40% de los homicidios dolosos.
Recordó que en este año se ha alcanzado el mayor nivel de judicialización de casos con el 50%, mientras que en 2016 se resolvieron apenas el 8%.
Señaló que la Fiscalía busca reducir los niveles de impunidad y resolverlos para llevar a los responsables ante la justicia, porque “el que la hace la paga y el que violenta a una mujer, debe hacer frente a la justicia”.
