La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó este martes su proyecto para reformar 13 artículos de la Constitución para dar vida a una Guardia Nacional integrada por policías militares, marinos y federales que deberán encargarse de combatir al narcotráfico y a otras tareas de seguridad pública.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Seguridad Pública, propone reformar los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución.
La diputada Guillermina Alvarado Moreno dio lectura a las propuestas, entre las que destaca la del artículo 5 transitorio, que establece que las Fuerzas Armadas no regresarán a los cuarteles y establece que se evaluarán sus tácticas y estrategias.
“En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional de conformidad con los términos planteados en el presente decreto, por ser obligación del Estado mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”, dijo la legisladora.
La propuesta establece que el Ejecutivo, en coordinación con el Legislativo, deberán realizar una evaluación de la política instrumentada en la materia “transcurrido el plazo de tres años a partir de su implementación”.
También agrega una excepción de la prohibición establecida en el artículo 129 de la Constitución, que actualmente dice: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar”.
La reforma propone agregar: “Los miembros de la policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución”.
Con ello se permite a los militares estar a cargo de las tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.
En su exposición de motivos, la diputada por Nuevo León también recordó que, “desde hace tiempo, México pasa por una crisis de violencia, inseguridad e impunidad” que hace “imposible la construcción de bienestar e inhibe el desarrollo y amenaza con llevar al país a la ingobernabilidad”.
“El incremento de los índices delictivos expone a la población a la zozobra y destruye el tejido social, se cobra decenas de miles de vida al año y causa graves afectaciones patrimoniales”, agregó.
