Para el director del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, Jaime Hernández Colorado, la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente en el país dado que se requieren acciones integrales para atacar el problema de la corrupción.
En entrevista posterior al inicio del Foro Regional sobre la Política Nacional Anticorrupción celebrado en esta capital, consideró necesario y urgente fortalecer el esquema de sanciones y atender las causas de la corrupción.
Desde su punto de vista, se debe terminar con la entrega de puestos vistos como botines, dado que actualmente se tiene una captura de presupuestos, en donde el dinero se gasta de manera discrecional.
Asimismo, anotó que en México y en diversos niveles (de gobierno), existe captura de decisiones públicas, en la cual los funcionarios deciden sin criterio profesional y sí con criterio político.
“La corrupción es la privatización de lo público y el avance en materia anticorrupción en el país no depende solamente de buenas intenciones, sino de acciones integrales y acompañamiento de la sociedad civil”, resaltó.
Al reunirse con expertos en el tema y académicos del estado, reiteró que no con el cambio de valores y principios éticos se va a solucionar el problema (de corrupción) y tampoco las sanciones lo van a resolver.
Externó que ambos son elementos que se entrelazan y por eso se requiere atacar la corrupción de diversos frentes, además del desarrollo de una cultura de transparencia, no obstante sigue siendo una asignatura pendiente.
Opinó que al sistema de sanciones no se le debe cargar toda la fe para resolver el problema de corrupción, “pues si el sistema anticorrupción está fallando hay que hacer otras cosas”.
Propuso mejorar las administraciones públicas, profesionalizar, fortalecer las actividades de control interno, auditorías y sanciones administrativas, porque los problemas derivan en malas prácticas administrativas.
“Lo que hay que hacer no es modificar la legislación, sino fortalecer la capacidad de la administración pública y alumbrar los espacios opacos”, explicó.
Detalló que en las administraciones públicas los ámbitos de competencia son diferentes para investigar redes de corrupción, sumado a que varios de los Comités de Participación Ciudadana han estado viciados y opacos.
Pero dichas instancias no tienen atribuciones para investigar o meter a la cárcel a la gente, por eso se debe tener una vinculación entre los ciudadanos y los entes encargados de investigar y eventualmente sancionar.
“La cuestión no es desaparecer ramos (23), dado que no tiene reglas, sino que nos expliquen a dónde se va a ir ese dinero y cuáles serán las nuevas reglas para no repetir los mismos vicios”, apuntó.
Como ciudadanos debemos exigir que nos expliquen a dónde se van a destinar el recurso, para que funcionen bien de forma transparente y poder dar paso a la ética del servicio público, concluyó.
