Integrantes del Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Espiral por la Vida y Servicios para una Educación Alternativa, presentaron ante representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el informe ciudadano “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca”.
Esta actividad se llevó a cabo en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, al que el Gobierno Mexicano será sometido este año, por lo cual señalaron que el informe ciudadano contempló para su elaboración el periodo comprendido entre 2013-2018.
Expusieron que Oaxaca se encuentra entre los tres primeros lugares del país en ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en primer lugar en el caso de mujeres defensoras.
En ese sentido, denunciaron que dichos ataques van en constante aumento y alertaron frente a seis asesinatos de defensores en 2017, tres en 2018 y la desaparición de un periodista, en cifras al cierre del informe, en marzo pasado.
Documenta también el uso sistemático de la criminalización a la protesta social para acallar las voces de resistencia, destacando que la ONU se ha pronunciado en los últimos años en seis ocasiones por un total de 31 defensores de derechos humanos criminalizados en Oaxaca; como parte de las causas del incremento de la criminalización, destacaron la impunidad, como en el caso de la represión policiaca y graves violaciones cometidas el 19 de junio de 2016 en el “Caso Nochixtlán”, así como el incremento de la desaparición forzada en lo que va del actual sexenio.
Además, alertaron sobre las violaciones sistemáticas a los derechos de las poblaciones indígenas, pues Oaxaca se caracteriza por la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos de despojo de las poblaciones indígenas.
El incremento desmedido de la violencia feminicida, de delitos sexuales contra mujeres y la falta de atención en salud con enfoque de derechos para las mujeres es también un tema prioritario en la entidad federativa.
A ello se añade el desinterés de los distintos niveles del gobierno para hacer efectivos los derechos humanos, como consta por ejemplo en el Plan Estatal de Desarrollo, aprobado a destiempo y sin enfoque de género ni de derechos humanos; el incumplimiento de las recomendaciones que contiene el informe de la Comisión de la Verdad, la falta de seguimiento a propuestas legislativas protectoras de los derechos humanos, entre otras recomendaciones que abordan los problemas estructurales de derechos humanos en la entidad.
