Oaxaca siempre ha sido un estado violento por el número de homicidios que se generan por los conflictos político-sociales y ese nivel de violencia ha incrementado en los últimos años por la presencia de grupos delincuenciales, aseguró el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Entrevistado en las instalaciones de EL IMPARCIAL, el fiscal, electo para el cargo el pasado 12 de mayo por 39 votos de la LXIII Legislatura, reconoció que la situación de violencia “no ha encontrado solución ni el gobierno ha tenido la capacidad suficiente de generar mecanismos para su solución, sobre todo en los casos donde se ve la incursión de grupos criminales o personas de otros estados del país, como Veracruz”.
Vasconcelos apunta que antes de que la presencia de la delincuencia organizada fuera notoria, el número de homicidios violentos en Oaxaca desde hace más de una década lo ponía como una de las zonas con más altos índices de violencia no solo de la República, sino de Latinoamérica.
“La situación se agrava también por los conflictos que se mantienen en las comunidades indígenas y la pretensión de la delincuencia en establecerse en algunas zonas de la entidad, como Tuxtepec, el Istmo de Tehuantepec y la Costa”, asegura.
“Es un estado violento en donde el número de homicidios se acrecienta mediante la suma de todos estos factores que por desgracia no han disminuido; al contrario, la conflictividad en estos puntos ahora es más grave”, agrega.
Durante una entrevista con el equipo editorial de El mejor diario de Oaxaca, encabezado por el director adjunto Juan Pérez Audelo, el funcionario resaltó que en todos lugares, sobre todo en las comunidades, las disputas las resuelven por medio de la violencia, “matándose unos a otros”.
Combatir la corrupción empezando por la Fiscalía
Ante las constantes denuncias de corrupción en distintas dependencias del gobierno estatal, tanto del personal, como de funcionarios de mandos altos y medios, el fiscal afirmó que se trabajará en serio para recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Todas las instituciones del Gobierno del Estado deben estar muy comprometidas en ese sentido y donde haya delitos que perseguir, se hará lo que corresponda; para contribuir en esta restauración de la confianza ciudadana debemos hacer saneamiento en las mismas instituciones”, expuso.
Como parte de las acciones para combatir la corrupción, la actual Fiscalía pondrá atención en las irregularidades cometidas por los mismos cuerpos de seguridad, al considerar que muchos de los elementos están coludidos con grupos delincuenciales.
“Si nosotros queremos contribuir a la seguridad y confianza ciudadana, las instituciones como la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, tenemos que empezar por nuestra propia casa”, afirma.
De tal forma se pondrá atención en cómo se conducen los agentes del ministerio público, los peritos y los integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), cuyos miembros de manera reciente se han visto involucrados en hechos delictivos, por los cuales a la fecha se mantienen separados del cargo.
“Si no hacemos esto, como ha pasado en distintas partes de la República, va a ver cada vez más delincuencia, incluso la delincuencia con placas o proveniente de la propia autoridad”, dijo.
En las instituciones, la corrupción se da de diferentes formas, tanto por la negligencia como en aquellos casos donde los peritos no realicen de forma adecuada sus dictámenes o los elementos extorsionen o pidan dinero a las personas para realizar algún trámite.
AEI será sacudida
La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que de acuerdo con Vasconcelos, se ha manejado como si fuera autónoma desde hace años, será “sacudida” y recuperará su control.
La AEI será depurada por la Fiscalía, al advertir que por décadas ha sido una entidad con enorme corrupción y se conducía de manera autónoma, sin la intervención del fiscal general de Oaxaca.
“El fiscal general debe tener el mando en la práctica de la Agencia Estatal de Investigaciones, pese a las dificultades que provienen de la forma en que durante décadas se ha manejado, ha sido como un órgano aparte de la Fiscalía, que se maneja o se manejaba de forma casi autónoma, y eso no puede pasar”, aseguró.
Y Agregó: “el fiscal general debe tener los instrumentos jurídicos y el apoyo político para hacerse del control de la Agencia, por varios motivos, dos principales: primero, porque ahora realiza tareas de investigación casi sustituyendo a veces a los peritos; segundo, porque tenemos que combatir la corrupción, tenemos que transitar a mediano plazo a un esquema en el que la AEI esté completamente supeditada al fiscal”.
Sin dar más detalles, Vasconcelos Méndez señaló que en el combate a la corrupción se cuenta con órdenes de aprehensión en contra de agentes de investigación, del ministerio público y se han iniciado procedimientos penales y administrativos.
No habrá impunidad
Con la premisa de que nadie puede estar apartado de la ley y esta será aplicada cuando se viole, el fiscal garantizó que la lucha contra la corrupción va en serio y no solo se actuará contra exfuncionarios, sino también contra los funcionarios del presente.
“Estamos trabajando arduamente para que ningún hecho ilícito del pasado quede impune, tanto de funcionarios como de personas; de los primeros, una de mis principales labores fue sacar del cajón todas las averiguaciones previas que estaban archivadas y empezar a darles trámite”.
Con el área especializada de combate a la corrupción se aplicará la ley y ningún funcionario quedará exento.
“Ya han sido detenidas personas ligadas al servicio público, incluidas personas de la misma Fiscalía que cometían actos de corrupción, también en aquellas organizaciones o personas que cometen algún acto ilícito. Hemos dado golpes certeros a la delincuencia y hemos iniciado carpetas de investigación específicas relacionadas con hechos vinculados por ejemplo a organizaciones como la 14 de Junio”.
Buscará mayor presupuesto para la Fiscalía
En materia de presupuesto, la Fiscalía buscará un aumento al presupuesto del próximo año, al considerar que los 676 millones de pesos con los que cuenta son insuficientes “y no alcanza ni para el manejo de papelería”.
Lamentó la reducción que se hizo del presupuesto a esta dependencia de más de 100 millones de pesos, ya que actualmente los recursos con los que cuenta son menores a los que recibió hace cuatro años.
Por tal motivo, “lo he comentado con los diputados, el discurso de la procuración de justicia para los oaxaqueños, ese discurso se tiene que reflejar en el presupuesto, porque es una mentira decir que vamos a impulsar o a mejorar el sistema de procuración de justicia si no invertimos en el sistema de procuración de justicia”.
Asimismo, acusa que comparado con otros estados de la república, hay un contraste. “La gran mayoría de los estados de la república ha incrementado sus presupuestos a las fiscalías y en Oaxaca hemos visto exactamente lo contrario”.
Cambios en la FGEO
Asimismo, Vasconcelos aseguró que una de sus primeras tareas fue realizar cambios en la Fiscalía y hasta ahora se ha nombrado a nuevos fiscales en Delitos de Alto Impacto.
“Todos los mandos, de los órganos centrales han sido cambiados, tenemos nuevos fiscales, estoy revisando otras áreas, las vicefiscalías regionales, aunque hay cambios que no puedo hacer de forma inmediata, estoy revisando la Agencia Estatal, tengo el apoyo absoluto del gobernador, que ha sido muy respetuoso a los cambios que he realizado”.
Casos Mixtepec y Quiechapa
Entre otros conflictos agrarios que han derivado en la muerte de pobladores durante la actual administración, destaca el ataque ocurrido el pasado 3 de junio en San pedro Mixtepec en la carretera que comunica con Tlaxiaco, donde cuatro personas murieron calcinadas, una más fue privada de la vida por disparo de arma de fuego y otra falleció horas más tarde mientras recibía atención médica. Al respecto, el fiscal Rubén Vasconcelos señaló que el diálogo con las comunidades permitirá no solo la aprehensión de las comunidades, sino cumplir otras responsabilidades del Estado.
“Atender a las víctimas y a los testigos, así lo platicamos con el gobernador, la Fiscalía está coordinando las actividades relacionadas con la investigación y la protección a víctimas”.
Asimismo, en el caso de San Pedro Mártir Quiechapa y Santiago Lachivía, cuyos pobladores y autoridades se enfrentaron el pasado 22 de abril, con un saldo de cinco personas muertas y más de una decena de heridos, aseguró que resultado de las indagatorias se ha identificado a una persona que participó en los hechos.
Oaxaca violento
“Oaxaca siempre ha sido un estado violento, incluso antes de que empezara el tema de delincuencia organizada en México publiqué un estudio en 2003 o 2004 en el que estudié cómo el número de homicidios violentos en Oaxaca era de los más altos no nada más de la República, sino de Latinoamérica, derivad de la conflictiva político-social en todo el estado, esto se ha acrecentado en virtud de grupos delincuenciales, algunos establecidos en Oaxaca y delincuencia organizada que pretende establecerse en algunas regiones. ¿Oaxaca es un estado violento? Sí”
Falta de presupuesto
“Lo he comentado con los diputados, sobre el discurso de la procuración de justicia para los oaxaqueños, ese discurso se tiene que reflejar en el presupuesto, porque es una mentira decir que vamos a impulsar o a mejorar el sistema de procuración de justicia si no invertimos en el sistema de procuración de justicia”.
A contracorriente
“La gran mayoría de los estados de la república ha incrementado sus presupuestos a las fiscalías y en Oaxaca hemos visto exactamente lo contrario”.
Control de la AEI
“El fiscal general debe tener el mando en la práctica de la Agencia Estatal de Investigaciones, pese a las dificultades que provienen de la forma en que durante décadas se ha manejado, ha sido como un órgano aparte de la Fiscalía, que se maneja o se manejaba de forma casi autónoma, y eso no puede pasar”.
Corrupción en la FGEO
“Para la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones necesitamos un saneamiento, me voy a referir a la propia, nosotros desde el interior tenemos que combatir ampliamente la corrupción, combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad es combatir muchos temas, incluida la propia inseguridad, porque como ustedes saben, muchos de los elementos están coludidos con la delincuencia o grupos delincuenciales, si nosotros queremos contribuir a la seguridad y a la confianza ciudadana, instituciones como la nuestra, la Secretaría de Seguridad Pública, las policías municipales, y la Fiscalía debemos empezar por nuestra propia casa, combatir la corrupción de los peritos, de los ministerios públicos, de los agentes, si no hacemos esto va a haber cada vez más delincuencia, delincuencia con placa”. – Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado de Oaxaca
Policías requieren capacitación sobre nuevo sistema adversarial
La corrupción que permea en las distintas áreas de seguridad y procuración de justicia ha obstruido la finalidad del sistema acusatorio adversarial, a lo que se suma el poco presupuesto e inversión para su operación.
El fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez admitió que no todos los operadores están capacitados para el desempeño de sus funciones, de tal forma que la investigación de los delitos se realice utilizando métodos científicos y con los protocolos establecidos.
Recordó el reciente caso del asalto afuera de una institución bancaria, en el que una persona fue asesinada y dos más resultaron heridas, ya que elementos de la Policía Municipal incurrieron en omisiones que pudieron viciar el debido proceso.
“No digo que no estén aptos para ejercer sus funciones, sino que este caso demuestra que les falta más capacitación. Quizá sólo un grupo selecto esté especializado en el tema”, refirió al recalcar que al convertirse en primer respondiente, los policías deben resguardar la escena a investigar e impedir cualquier tipo de contaminación para que peritos y agentes investigadores realicen su labor con exactitud.
Refirió que a pesar de que se trata de un sistema más ágil y respetuoso de los derechos en todas las etapas del proceso, falta mucha preparación de los operadores, que todavía insisten en viejos vicios.
Indicó que actualmente, la mayoría de los fiscales que asisten a las diferentes audiencias son de nuevo ingreso, ya que los ministerios públicos “viejos”, que en teoría tienen más experiencia, se han resistido al cambio o les ha costado trabajo asimilarlo.
En cambio, la nueva generación viene capacitada en el sistema acusatorio adversarial, aportan otra actitud e incluso, otro potencial intelectual, aseguró.
Sin embargo, advirtió que en la actualidad es casi imposible caer en acuerdos “por debajo del agua”, ya que todas las audiencias son públicas, así se transparenta la impartición de justicia y la sociedad puede observar el desempeño de las instituciones responsables de la procuración.
No obstante, se han dado casos en que peritos o agentes estatales de investigación han incurrido en irregularidades, por lo que al detectarse, se les inicia un procedimiento administrativo que puede volverse penal.
Al respecto, aseguró que no permitirá este tipo de apatía, ya que la corrupción también es la omisión, desconocimiento del tema o dilación en la integración de las carpetas de investigación, por lo que cada irregularidad será sancionada.
Por otro lado, el fiscal general lamentó que los salarios de los funcionarios de seguridad y justicia sean de los más bajos, como en el caso de ministerios públicos, peritos y agentes estatales de investigación, ya que comparado con la carga de trabajo, es desproporcionado, eso aunado al bajo presupuesto de la institución.
“Me he encontrado que los agentes del ministerios públicos tienen que comprar su material, como son hojas, tóner y otros recursos materiales para trabajar”, compartió.
Advirtió que otro de los puntos débiles en la entidad es la falta de asesores jurídicos para la víctima, cuando en teoría, es una de las partes fundamentales del sistema.
Explicó que al existir un delito, la víctima es la principal afectada; por esta razón se deben fortalecer sus derechos y proporcionarle un asesor jurídico durante todo el proceso para ser correctamente orientada, “se debe volver una parte esencial y activa, que puede aportar pruebas y participar directamente en el caso; no obstante, en Oaxaca aún no existe esa figura en forma institucional”.
El funcionario recalcó que pese a que en muchos estados se están pronunciando en contra del sistema acusatorio adversarial al señalar que “no sirve”, está convencido de sus beneficios, ya que se debe garantizar que se respeten los derechos tanto de la víctima como del imputado, con lo que se legitima el debido proceso y se refrenda la impartición de justicia de forma cabal, tanto al asegurar la reparación del daño como la sanción al autor del ilícito.
