La Cámara Nacional de Comercio urgió al gobierno atender el bloqueo carretero que ha comenzado a afectar a los comerciantes del sector comercial, empresarial y transporte.
En su momento el presidente de la Canaco en Matías Romero, José Manuel Méndez señaló que los bloqueos provocan graves repercusiones en lo económico porque impiden la entrada y salida del comercio que se genera en la zona.
Hizo comparación que en tan solo en el año 2016 y 2017 las pérdidas económicas fueron considerables y que esto permitió que algunos negocios terminaran por cerrar porque no habían las condiciones y el poco capital se estaba ahuyentando.
Y es que este bloqueo cumplió tres días que mantienen los habitantes de la comunidad de Mogoñe ha traído graves daños económicos.
Si bien, el cierre de esa importante vía que conecta entre Oaxaca y Veracruz se derivó por la liberación de Javier Santiago Sánchez, quien fuese acusado de homicidio de Alfredo Colmenero Delgado.
A esta persona que quedó en libertad es acusado por familiares y vecinos de ser el autor intelectual y material del asesinato.
Según los manifestantes se cometieron delitos de omisión, negligencia y corrupción en la liberación de Javier Santiago Sánchez por parte del Fiscal General en el Estado y el Presidente del Tribunal para que Santiago Sánchez fuese puesto en libertad.
Ante ello los familiares de Colmenero Delgado y vecinos de la comunidad de Mogoñe dieron comienzo con un bloqueo carretero, a la altura de esta población para que las autoridades encargadas de impartir justicia aclararan del porqué su libertad y los argumentos.
La familia expuso que requieren con urgencia que la presencia del Fiscal General en el Estado en Matías Romero con la finalidad de que les aclare la liberación del presunto homicida.
La presencia del Presidente de Tribunal para atender el caso. La destitución y cárcel a los jueces; Víctor Jorge Luis Velasco, Guadalupe Chávez Cabrera y Alberto García que otorgaron la libertad al secuestrador y homicida.
Por último La intervención inmediata de la Secretaria General de Gobierno para generar un ambiente de gobernabilidad.
