De acuerdo con las cifras de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Oaxaca), durante 2017 se registraron casi 5 mil 100 protestas sociales como marchas, bloqueos, mítines, toma de edificios públicos y cierre de comercios, un promedio de 14 por día, una protesta cada 2 horas.
Al dar a conocer las cifras de enero a marzo 2018, donde ya se contabilizan mil 194 manifestaciones en todo el estado, el Centro Empresarial de Oaxaca refiere que la ciudad capital es la más afectada por ser la sede de los poderes estatales y de las representaciones federales, en 2017, solo en Oaxaca de Juárez se contabilizaron 2,016 manifestaciones.
Durante el 2017, las manifestaciones de la Sección 22 del SNTE representaron menos de la quinta parte con 897, el resto, 4,203, fueron realizadas por organizaciones de la sociedad civil distintas a la referida.
Los empresarios que aglutina la Coparmex-Oaxaca, refieren que los costos de estas manifestaciones son incuantificables, en el ámbito económico se dan cierres de comercios con la consecuente pérdida de ventas y utilidades, en el ámbito familiar, la baja en el ingreso a causa del ausentismo laboral y el despido de empleados.
En lo que se refiere a la movilidad, se generan severos problemas de tránsito y una operación deficiente del transporte público con costos similares a los ya comentados. Incuantificable y quizá más severo es el enojo social provocado por los hechos descritos que llega a enfrentar a la ciudadanía con estos grupos sociales dañando más el ya deteriorado tejido social.
Advierten que la creciente tendencia de la protesta social en Oaxaca es preocupante, sabiendo “que este problema no nació con esta administración, que lleva décadas cultivándose pero la sociedad ya no aguanta más, urgen soluciones”.
Reiteraron que no es la fuerza pública la solución a este problema, sino la gestión política eficiente y oportuna, el cumplimiento de las promesas de campaña, la transparencia en la gestión pública, la creación de empleos formales y bien remunerados, así como el combate contundente e inobjetable a la impunidad.
“Es deber del Estado promover el bien común, para lo cual debe contribuir a la creación de las condiciones sociales que permitan a todo ciudadano su mayor realización material y emocional posible, con pleno respeto a los derechos y garantías de terceros. En este quehacer el Estado oaxaqueño ha fallado”, advierten los empresarios.
Consideran que no es una labor fácil el gobernar, “por eso nuestra constitución otorga el derecho a todo ciudadano a ser votado, asimismo los ciudadanos que aceptan cargos públicos juraron cumplir y hacer cumplir estos preceptos”.
En el documento firmado por el Consejo Directivo de Coparmex-Oaxaca que encabeza, Raúl Ruiz Robles, se expone que este mensaje ya se ha transmitido al Titular del Ejecutivo, así como a sus diferentes secretarios.
“Este Consejo Directivo, y con mayor énfasis desde el pasado 28 de febrero en que se estableció una mesa de diálogo permanente con el Gobierno Estatal en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sobre la cual se han llevado ya 12 reuniones, y es éste el mensaje que estamos transmitiendo y exigiendo, la toma de compromisos a los candidatos a diputados, senadores y presidentes municipales que contienden en el proceso electoral corriente”, señalaron.
