Sin consulta a los ciudadanos, a propuesta del consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, José Octavio Tinajero, los diputados priistas aprobaron el pasado miércoles una iniciativa de reforma que cede la jurisdicción de 4 mil 598 hectáreas del municipio de Salina Cruz a la Federación, lo cual genera ambigüedades sobre la propiedad de la tierra en donde se decretó la Zona Económica Especial del puerto.
La diputada de Morena Paola Gutiérrez Galindo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local, acusó que la intención de la Consejería Jurídica era modificar la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico establecida desde hace una década, para evitar la posibilidad de que se declararan áreas estatales o municipales de reserva ambiental en la zona donde pretende instalarse la Zona Económica Especial (ZEE).
De acuerdo con el artículo tercero del capítulo II del decreto de declaratoria de la Zona Económica de Salina Cruz publicado el pasado 19 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación las secciones de la ZEE sólo podrán establecerse en aquellos inmuebles que no cuenten con restricciones ambientales, de uso de suelo y las demás que resulten aplicables, de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes.
El artículo 2 del capítulo I de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico marca como una responsabilidad del gobierno estatal la “preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas”; dichas áreas naturales protegidas están clasificadas en parques estatales, reservas estatales, zonas de preservación ecológica, parques municipales y “aquellas que los municipios establezcan a fin de proteger su patrimonio natural”.
Al no haberse concretado la modificación a la legislación, la fracción priista decidió aprobar en la comisión de Asuntos Municipales una reforma que otorga la jurisdicción de los dos polígonos que comprenden la ZEE a la Federación.
“Hay una ambigüedad jurídica, hay una determinación de territorios en materia jurisdiccional y a través de una modificación a la ley la comisión de Asuntos Municipales determina que se cede esa área que era municipal o comunal a la jurisdicción federal, uno de los poderes del estado le está cediendo a la Federación la determinación de ese territorio y eso genera una ambigüedad jurídica”, señaló la legisladora.
Con la modificación aprobada por los legisladores del tricolor se avala que este territorio deje de ser un dominio del ayuntamiento de Salina Cruz y pase a ser un inmueble del dominio público bajo jurisdicción de la Federación.
De acuerdo con la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, el titular del Ejecutivo federal deberá señalar los inmuebles del dominio público de la Federación que serán destinados a establecer la zona para los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Dicho artículo establece que para aquellos inmuebles que la Federación haya adquirido con posterioridad al 1 de mayo de 1917 y que se ubiquen en el territorio de algún estado “se requerirá el consentimiento de la legislatura local respectiva”.
Riesgos al medio ambiente
De acuerdo con la diputada, la intención de la Consejería Jurídica de modificar la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico afectaría no únicamente el área donde se decretó la Zona Económica Especial, sino territorios de comunidades indígenas que históricamente han conservado la biodiversidad del estado.
La modificación prevería que cualquier disposición no atendida por la ley de equilibrio sería atendida con la Ley General de Biodiversidad, que se encuentra en estos momentos en comisiones de la Cámara de Diputados federal y que ha sido señalada por organizaciones ambientalistas por dar paso a actividades como la extracción de minerales en Áreas Naturales Protegidas.
De acuerdo con la diputada, pese a que la ley de equilibrio estatal no ha sido modificada en una década, es una normativa enfocada a la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales y que permite la participación activa de las comunidades.
Aseguró que los pobladores se han resistido al despojo de zonas que han sido resguardadas biológica, ambiental, política, social y económicamente.
“Hay una cantidad de territorio estatal que no está protegido a nivel federal por la Ley General pero sí a nivel estatal, hay zonas que están protegidas a nivel comunitario o municipal, hay animales, especies que no existen en el mundo, que la comunidad las ha protegido históricamente”, explicó.
Proyecto de despojo
Gutiérrez Galindo señaló que el proyecto de la Zona Económica Especial es uno más que se integra a un plan de desarrollo que ha mostrado su ineficacia para sacar a Oaxaca de la pobreza y que ha generado oposición de muchas comunidades.
“No hay desarrollo amigable desde los ojos de un capitalismo salvaje, hambriento y sediento de acaparar más riqueza natural y destruirla. Preguntemos en el Istmo qué tanto han beneficiado los proyectos de energía renovable. Desde hace 20 años la economía de la región no ha mejorado, sin embargo, desde la carretera ves una zona impactada ambientalmente”.
Asimismo advirtió que la falta de consulta a los pobladores ha generado incluso la quiebra de empresas que han obtenido licitaciones millonarias. De igual forma criticó que pese a la falta de diálogo con las comunidades, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable continúe promoviendo megaproyectos hidrológicos en la Cuenca y la Costa.
“¿Ya se hizo una consulta en las comunidades para evitar los problemas que generó la carretera Transístmica, que la constructora termine quebrada porque en las comunidades no quieren ese tipo de desarrollo?, habría que preguntar si una comunidad está dispuesta a moverse de donde ha estado históricamente, al margen del río porque ahí le van a generar una represa”.
