Con un alto índice de violaciones a la Ley General de Transparencia (LGT), sin informes públicos de los gastos que han realizado en 2017, sin informar el salarios de sus dirigentes o cuánto reciben de las sedes nacionales de sus partidos, así se preparan los partidos políticos en Oaxaca para enfrentar las elecciones 2018.
Los comités estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional y el de la Revolución Democrática se mantienen aún sin un portal de internet propio; otros, como el Partido del Trabajo, aunque lo tienen, conservan vacío el apartado de transparencia en el que deberían informar desde las aportaciones que hacen sus afiliados o representantes en un cargo público, hasta cuánto invierten en acciones como el liderazgo político de las mujeres.
El PRI, el más aventajado en cuanto a información transparentada se refiere, presenta ausencias graves. Así van los partidos en la entidad en busca de votos para sus candidatos a la presidencia, al Congreso de la Unión, al estatal y a presidencias municipales, sin cumplir con una de las principales obligaciones con los ciudadanos: explicar qué hacen, cuánto dinero ocupan y en qué lo gastan.
A nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en noviembre pasado que los partidos políticos únicamente han transparentado el 62 por ciento de la información que les requiere la legislación nacional. En el estado esos índices son mucho más bajos.
Información vital, ausente
¿Cuánto reciben de sus dirigencias nacionales? ¿Cuánto ganan sus líderes estatales? ¿A qué asociaciones apoyan? Es información a las que los ciudadanos en Oaxaca no tienen acceso a pesar de que el artículo 76 de la LGT obliga a los partidos a hacerla pública.
Para cumplir esta obligación los partidos con presencia estatal y registro nacional cuentan con tres vías: su página de internet propia, la de sus dirigencias nacionales o el Sistema Informativo de Portales de Transparencia (SIPOT) del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). En los casos de Acción Nacional, PRD y Morena la búsqueda en estas tres vías sobre información de los recursos que han recibido este año de sus dirigencias nacionales fracasa.
Respecto al PRI, el reporte a través de su página de internet alcanza únicamente el primer trimestre del año, en el que recibió del Comité Ejecutivo Nacional tricolor presidido por Enrique Ochoa Reza 3 millones 658 mil pesos.
También los sueldos de Nancy Ortiz Cabrera, Natividad Díaz y Raymundo Carmona Laredo están ausentes de los reportes de transparencia de sus dirigencias nacionales pese a que la fracción XVI del artículo 76 de la LGT obliga a publicar las remuneraciones de integrantes de los órganos directivos nacionales, estatales y municipales.
Nuevamente el PRI falla acertando. Aunque a través del portal de internet del tricolor en Oaxaca ofrece información respecto al sueldo mensual de su presidente, José Germán Espinosa Santibáñez, 40 mil pesos netos, y de su secretaria general, Julieta Famanía Ruiz, 31 mil pesos, omite el del resto de los integrantes de su estructura, entre ellos el de Rafael Rosas Herrera, el exlíder del sindicato de burócratas de los poderes del estado, que funge como su director Jurídico; el de su secretario de Operación, Gonzalo Ruiz Cerón, extitular de la Secretaría de Transporte, detenido por presunto abuso de autoridad; o el del actual diputado, Herminio Cuevas, presidente de justicia partidaria.
Encabezan denuncias
Desde mayo pasado, la LGT permite a los ciudadanos interponer denuncias en contra de sujetos obligados por incumplimiento a sus responsabilidades de entregar información pública, desde entonces el INAI ha recibido 96 expedientes.
Aunque aún no ha detallado los entes de gobierno que han sido denunciados, el instituto de transparencia indicó ayer que la categoría “estamentos electorales”, es decir partidos políticos y autoridades electorales son los principales acusados con 27 quejas, el 28 por ciento del total. Con ese dato, encabezando a las autoridades más opacas, partidos van en busca de los votos ciudadanos en 2018, año en el cual las denuncias por incumplimiento con la transparencia serán acreedoras por primera vez a una sanción administrativa que va desde 150 hasta mil 500 días de salario mínimo, de 13,254 a 132,540 pesos, muy poco si se considera la cifra histórica que recibirán los partidos el próximo año: 6 mil 778 millones de pesos. ¿Usted creerá sus promesas de transparencia?
IEEPCO, sin reporte de gastos
¿Cuánto han gastado los partidos políticos en el estado este año? ¿Han enviado los informes a los que la ley les obliga respecto a sus percepciones y gastos? No lo podemos saber a través de la página de internet del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO), la autoridad que por ley está obligada a transparentar estos informes. Un alentador mensaje publicado el 22 de septiembre pasado le anuncia al ciudadano: “hemos trabajado para que nuestra página contenga la información necesaria para mantenerte informado del quehacer del instituto”, el trabajo, sin embargo, resulta insuficiente.
En el apartado en el que debiera estar el detallado de presupuesto y gastos que solicita el artículo 74 de la LGT contiene informes de junio de 2016 como los más recientes.
