Un presunto esquema de contratación irregular de servicios de lavado de vehículos, que habría ocasionado un perjuicio superior a los 62 millones de pesos al erario municipal, llevó a la detención de Roxana Lili “N”, exalcaldesa de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, Quintana Roo.
La exfuncionaria fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, mediante una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La investigación señala a la exalcaldesa por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con la adjudicación de contratos públicos para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales durante su administración, entre 2021 y 2024.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, el presunto daño económico supera los 62 millones de pesos y estaría relacionado con pagos realizados por servicios cuyo cumplimiento no habría sido debidamente acreditado.
865 LAVADOS AL MES PARA UNA FLOTILLA DE 123 VEHÍCULOS
Uno de los datos que destacan en la investigación es la cantidad de servicios de lavado reportados en las facturas presentadas por la empresa contratada.
Según la Fiscalía, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades. Sin embargo, la documentación reportaba hasta 865 lavados mensuales.
La cifra representa un promedio aproximado de siete servicios por vehículo al mes, incluso sin considerar días de descanso. El dato adquiere relevancia porque, de acuerdo con la indagatoria, la empresa encargada de prestar el servicio únicamente contaba con 15 trabajadores.
Esta diferencia entre la capacidad operativa de la compañía, el número de vehículos y los servicios facturados forma parte de los elementos que las autoridades investigan para determinar si existieron pagos por trabajos que no se realizaron o cuyo cumplimiento no pudo comprobarse.
TRES LICITACIONES Y PAGOS SIN DOCUMENTACIÓN FISCAL
La Fiscalía de Quintana Roo informó que durante el gobierno de Campos Miranda se habrían otorgado irregularmente tres licitaciones públicas a un particular, entre 2022 y 2024, para realizar el lavado especializado de las unidades municipales.
Otro de los señalamientos apunta a que el prestador del servicio no contaba con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos.
Pese a esta falta de documentación, los pagos continuaron y, de acuerdo con la investigación, acumularon más de 62 millones de pesos que no habrían podido comprobarse debidamente.
El caso también involucra presuntas omisiones de servidores públicos municipales que tenían la responsabilidad de supervisar los contratos, verificar que los trabajos se realizaran y revisar que la empresa presentara los documentos fiscales y administrativos exigidos por la ley.
Para los investigadores, estas fallas en los mecanismos de vigilancia y control permitieron que continuaran los pagos sin contar con el respaldo documental necesario.
DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SERÁ TRASLADADA A QUINTANA ROO
La orden de aprehensión fue ejecutada en la capital del país, donde la exalcaldesa fue localizada por agentes de investigación de Quintana Roo con el apoyo de autoridades federales.
La captura ocurre después de que se dieran a conocer observaciones financieras y procedimientos administrativos relacionados con su gestión municipal. Particularmente por el manejo de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2023.
Aunque esos antecedentes habían colocado a su administración bajo escrutinio, la nueva orden de aprehensión tiene como señalamiento específico el presunto uso indebido de atribuciones y facultades en la contratación de los servicios de lavado vehicular.
Una vez concluidas las diligencias correspondientes en la Ciudad de México, Roxana Lili “N” será trasladada a Quintana Roo y puesta a disposición de la autoridad judicial que solicitó su captura.
Será durante el término constitucional cuando se determine su situación jurídica, por lo que la acusación deberá ser analizada ante el órgano jurisdiccional y la exfuncionaria conserva el derecho a la presunción de inocencia.
UN CASO QUE PONE BAJO LA LUPA EL MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
Más allá de la detención, el expediente exhibe cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación, supervisión y comprobación del gasto público en el Ayuntamiento de Solidaridad.
La investigación no solamente apunta a quien encabezó el gobierno municipal, sino también a los funcionarios que debían vigilar que los contratos se cumplieran y que cada pago tuviera respaldo documental.
La pregunta central será determinar cómo una empresa con 15 trabajadores pudo reportar cientos de servicios mensuales para una flotilla de 123 vehículos y por qué, según la Fiscalía, los pagos continuaron pese a las irregularidades documentales detectadas.
La resolución judicial permitirá establecer si las conductas señaladas constituyen responsabilidades penales y quiénes participaron en ellas. Por ahora, la detención marca el inicio de una nueva etapa en un caso que pone en el centro la vigilancia del dinero público en Playa del Carmen.








































