JUCHITÁN, OAX.— En Juchitán de Zaragoza, la violencia no solo se ha manifestado en calles, negocios y carreteras. Las recientes detenciones de funcionarios municipales y presuntos integrantes de una estructura criminal han colocado bajo escrutinio otra dimensión del problema: los posibles vínculos entre quienes ejercieron responsabilidades públicas y los grupos señalados por extorsionar, amenazar y asesinar en el Istmo de Tehuantepec.
El caso de Miguel Ángel Sánchez, quien pasó de secretario municipal a presidente de Juchitán, y la posterior captura de Iván Sánchez, alias El Cromo, han reavivado preguntas sobre la forma en que una organización criminal pudo consolidar su presencia en la región durante varios años y sobre la respuesta de las instituciones ante las denuncias de violencia.
Las autoridades federales vinculan las investigaciones contra ambos con una estructura delictiva que habría operado en distintos municipios del Istmo y mantenido relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, todavía faltan explicaciones públicas sobre la naturaleza de esa conexión, la posible cadena de mando y el alcance de las presuntas complicidades.
El problema, por tanto, no se limita a las detenciones. También exige esclarecer qué ocurrió durante los años en que las extorsiones y las amenazas se volvieron parte de la vida cotidiana de habitantes y comerciantes, y qué mecanismos permitieron que las sospechas sobre la delincuencia organizada convivieran con el ejercicio del poder municipal.
DEL AYUNTAMIENTO A LAS INVESTIGACIONES FEDERALES
La trayectoria política de Miguel Ángel Sánchez constituye uno de los puntos centrales de la investigación. Antes de ocupar la presidencia municipal de Juchitán, fue secretario municipal durante la administración de Emilio Montero, quien posteriormente dejó el Ayuntamiento para asumir la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
En 2022, Sánchez ocupó la presidencia municipal y más tarde compitió por el cargo bajo las siglas de Morena, con el que obtuvo el triunfo electoral.
Años después, su nombre apareció en una investigación federal que, según el Gabinete de Seguridad, apunta al presunto aprovechamiento de su posición pública para facilitar las operaciones de criminales.
La detención del exalcalde y de otros funcionarios abrió interrogantes sobre el funcionamiento de la administración municipal y la posibilidad de que determinadas estructuras delictivas encontraran condiciones favorables para operar.
No obstante, las acusaciones deben distinguirse de los hechos judicialmente acreditados. La responsabilidad del funcionario deberá establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.
El caso también coloca bajo atención la relación política entre Sánchez y Montero, aunque cualquier señalamiento contra este último requiere pruebas específicas. Hasta ahora, una relación administrativa previa no basta para establecer que conociera o participara en las actividades que se atribuyen a su antiguo colaborador.
EL CROMO, EL NOMBRE QUE SE EXTENDIÓ ENTRE LAS AMENAZAS
Mientras la trayectoria de Sánchez se desarrollaba en el ámbito institucional, en las calles de Juchitán comenzó a circular otro nombre: El Cromo.
De acuerdo con el testimonio de una habitante de la ciudad, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, las primeras señales de la presencia de Los Cromos fueron mensajes intimidatorios colocados en cartulinas, en los que aparecía la firma de un supuesto comandante.
La persona testigo relató que las primeras extorsiones habrían estado relacionadas con el tránsito de personas migrantes por el Istmo, una ruta que recibió a miles de personas durante 2023 y 2024.
“Una vez que terminó el negocio con los migrantes, comenzaron las extorsiones y el cobro de piso; la gente lo relacionaba con él por los mensajes de amenaza que aparecían en cartulinas”, relató.
Su testimonio describe una transformación en las preocupaciones de la población: de las presuntas exigencias económicas vinculadas con el tránsito migratorio a las amenazas contra comerciantes y otros habitantes.
Las autoridades atribuyen al grupo investigado posibles delitos de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, secuestro y homicidio en Juchitán, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.
Sobre Iván Sánchez pesan, según la información difundida, tres señalamientos por homicidio, uno de ellos relacionado con el presunto asesinato de una niña de cuatro años. La gravedad de las acusaciones exige que las investigaciones esclarezcan los hechos y que cualquier responsabilidad se determine ante los tribunales.
La población, entretanto, ha tenido que convivir con el temor que producen las amenazas y la incertidumbre sobre quiénes están detrás de ellas.
UNA RED QUE HABRÍA REBASADO LAS FRONTERAS MUNICIPALES
La investigación también vuelve a poner sobre la mesa la presencia del CJNG en Oaxaca, una entidad cuyas distintas regiones tienen dinámicas criminales propias.
En diciembre de 2021, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional divulgados posteriormente por el colectivo de hackers Guacamaya, autoridades federales ya registraban la presencia del grupo criminal en 19 municipios de la Cuenca del Papaloapan.
Pero los documentos también apuntaban hacia el Istmo de Tehuantepec.
En una reunión interinstitucional celebrada el 20 de diciembre de aquel año, la entonces alcaldesa electa de Matías Romero habría expuesto presiones atribuidas al grupo criminal para que facilitara recursos policiales y permitiera actividades ilícitas a cambio de dejarla asumir el cargo.
Según el contenido de ese informe, la funcionaria denunció que le habían solicitado “las patrullas de la policía municipal para realizar el traslado de armamento y droga, el pago de piso y una mensualidad”.
También advirtió sobre un escenario de violencia generalizada, con extorsiones contra empresarios y ciudadanos y agresiones contra quienes se negaban a pagar.
Estos antecedentes resultan relevantes porque muestran que las alertas sobre posibles presiones criminales en la región no surgieron únicamente con las detenciones recientes. Ya existían señalamientos documentados años atrás, aunque todavía hace falta conocer qué seguimiento institucional recibieron y cuáles fueron sus resultados.
La pregunta central es por qué, pese a esos antecedentes, las estructuras señaladas habrían conseguido mantener su influencia durante tanto tiempo.
LAS ALERTAS EXISTÍAN, PERO LA RESPUESTA SIGUE BAJO ESCRUTINIO
En febrero de 2022, el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, declaró que el gobierno municipal de Juchitán tenía “nombres de capos de la mafia”, una afirmación que provocó una respuesta pública del alcalde Emilio Montero, quien exigió una disculpa.
La controversia no permite concluir que el Ayuntamiento estuviera involucrado en actividades criminales, pero adquiere una nueva dimensión al observarse a la luz de las investigaciones posteriores contra antiguos integrantes de esa administración.
El episodio plantea una cuestión que sigue sin respuesta completa: qué información tenían las autoridades de los distintos niveles de gobierno sobre la presencia de grupos criminales y qué medidas adoptaron para impedir su expansión.
La existencia de informes de inteligencia tampoco significa que todas las personas mencionadas en ellos hayan cometido delitos. Sin embargo, sí obliga a examinar si las alertas se tradujeron en investigaciones, protección para las víctimas y acciones capaces de reducir la violencia.
La eficacia institucional no puede medirse únicamente por el número de detenciones realizadas cuando el problema ya alcanzó dimensiones graves. También debe evaluarse por la capacidad de prevenir delitos, proteger a quienes denuncian y evitar que las organizaciones criminales consoliden mecanismos de control territorial.
¿POR QUÉ LAS DETENCIONES LLEGARON AHORA?
Otra de las interrogantes es el momento en que se aceleraron las acciones contra presuntos integrantes de la estructura criminal.
Una secuencia de hechos ocurridos en septiembre de 2026 ha llamado la atención. El 18 de septiembre, el diseñador de moda juchiteco Elvis Guerra denunció un ataque armado contra su domicilio. Tres días después, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que contaba con protección y, el 23 de septiembre, la recibió en Palacio Nacional junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con la cronología descrita en la información disponible, ese mismo 23 de septiembre comenzó una serie de detenciones que posteriormente alcanzó a funcionarios y presuntos operadores criminales.
La coincidencia temporal ha generado preguntas sobre el avance de las investigaciones, pero no demuestra por sí sola que la agresión contra Guerra haya sido el motivo directo de los operativos ni que exista una relación causal entre ambos acontecimientos.
Para despejar las dudas, las autoridades tendrían que explicar qué investigaciones dieron origen a las capturas, qué elementos permitieron identificar a los presuntos responsables y si los distintos expedientes forman parte de una misma operación.
La claridad resulta indispensable tanto para evitar especulaciones como para garantizar que las acciones judiciales se sostengan en pruebas.
MONTERO SE DESMARCA, PERO PERSISTEN LAS PREGUNTAS POLÍTICAS
Tras la detención de Miguel Ángel Sánchez, Emilio Montero dejó la dirección del IEEPO y difundió una carta en la que se deslindó de Los Cromos y del CJNG.
Su posicionamiento constituye una respuesta política frente a un caso que involucra a quien fue su colaborador en el Ayuntamiento. Sin embargo, el deslinde público no sustituye la necesidad de esclarecer, mediante pruebas, qué sabía cada funcionario, qué decisiones tomó y si existieron responsabilidades individuales.
La investigación debe establecer con precisión quiénes participaron en los hechos denunciados, cómo se relacionaban entre sí y si hubo funcionarios que facilitaron las actividades criminales.
El desafío consiste en llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin proteger a quienes resulten responsables ni atribuir delitos a quienes no hayan sido vinculados legalmente con ellos.
EL DESAFÍO DE RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL ISTMO
Las detenciones representan un avance en las investigaciones, pero no garantizan por sí mismas que desaparezcan las extorsiones, los homicidios o las amenazas en Juchitán y los municipios vecinos.
Para las personas que viven bajo presión criminal, el resultado más importante será comprobar si pueden trabajar, abrir sus negocios y desplazarse sin temor a recibir exigencias de dinero o amenazas contra sus familias.
Eso requiere investigaciones que lleguen a todos los niveles de la estructura delictiva, protección efectiva para testigos y denunciantes, transparencia institucional y mecanismos de supervisión sobre las autoridades locales.
También exige que las instituciones expliquen qué ocurrió con las alertas previas y qué medidas se adoptarán para impedir que otras organizaciones reproduzcan los mismos mecanismos de control.
La historia de Juchitán plantea una advertencia que va más allá de un municipio: cuando las redes criminales presuntamente consiguen relacionarse con estructuras de gobierno, el daño no se limita a la seguridad pública. También se deteriora la confianza ciudadana en las instituciones responsables de protegerla.
Finalmente, las capturas de Miguel Ángel Sánchez e Iván Sánchez, alias El Cromo, abren una nueva etapa en el caso. El verdadero alcance de la operación se conocerá cuando las autoridades esclarezcan las conexiones investigadas, acrediten las responsabilidades correspondientes y demuestren que la respuesta institucional puede sostenerse más allá de los primeros arrestos.
Con información de El País
