Me lo platicó un muy buen abogado oaxaqueño. Ocurrió en 2020, en Santiago Quiavicuzas, Oaxaca. Eran los días de las caravanas masivas de migrantes centro y sudamericanos (y de otros países) que cruzaban el territorio mexicano de sur a norte. Querían llegar a Estados Unidos y vivir ahí lo que se llamó “El sueño americano”.
Muchos migrantes lo hacían a pie, a orilla de carreteras, desde el Suchiate cruzando por Oaxaca en este caso. Fue en una estación del año extremadamente calurosa -abril o mayo- y muchos de quienes caminaban paso a paso cargando apenas lo indispensable para subsistir, llevaban niños.
Algunas mujeres los cargaban en brazos. Otros pequeñines de apenas unos cinco o seis años que seguían a sus padres también lo hacían a pie, exhaustos casi corrían. Pequeños inocentes que no sabían, ni saben, qué significa ese sacrificio, aunque muy seguramente nunca lo van a olvidar.
Eran temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, a pleno sol. Así avanzaban aquellos temerarios migrantes que lo único que querían al iniciar su marcha semanas antes, era huir de la miseria en su país, del peligro en su país, de la persecución en su país…
Un hombre de la localidad se condolió de aquella escena y decidió, en un acto de humanismo generoso, que podía llevar a algunos de ellos en la batea de su vieja camioneta de trabajo. Quería evitarles el pesar y el sufrimiento del transcurso en esas condiciones.
Y subió a la camioneta a madres y niños. Les pidió que se sujetaran bien para evitar algún accidente, a las madres que abrazaran fuerte a sus bebés. Así, las migrantes y los niños subieron agradecidos… Y así los llevó, para depositarlos hasta el punto en el que él tendría que desviarse para sus labores.
Pero lo que pudo ser un acto de humanismo puro, sin interés y con ánimo de contribuir a la felicidad de otros, se convirtió en una pesadilla para aquel hombre.
Casi al llegar al punto de dejarlos sobre la carretera hacia la ciudad de Oaxaca, aún muy distante, había un retén de seguridad. La Guardia Nacional hizo detener a la camioneta para revisión.
Al percatarse de que el vehículo llevaba a migrantes, la mayoría mujeres y niños, rodearon de forma amenazante al vehículo. Hicieron bajar a todos. Los formaron en fila a un lado del retén para identificación y reconocimiento de origen. Las mujeres estaban aterrorizadas. Los niños lloraban.
Pero sobre todo se fueron contra el chofer del vehículo. Lo detuvieron. Lo subieron de forma abrupta a una de las patrullas de seguridad, le hicieron muchas preguntas; él les explicó lo que había ocurrido y por qué lo hizo. Sin embargo fue remitido a la autoridad; le dijeron que sería sometido a procedimiento legal por presunto tráfico de personas. Que ese hombre generoso podría ser “traficante de personas” y por lo mismo podría ir a la cárcel.
Las mujeres les decían a los guardias que no, que el hombre aquel sólo les dio “un aventón” sin ninguna paga ni compromiso. Que le estaban agradecidas. Si. Pero no. Para la autoridad el hombre estaba metido en un gran problema y debía ser sometido a la autoridad ministerial. Como fue.
Luego de un largo interrogatorio; luego de ser sometido a encierro mientras se llevaba a cabo la indagatoria y el juicio, el juez advirtió que podría alcanzar por lo menos treinta años de prisión por ese “presunto tráfico de personas”. No había salvación. Pero sí la habría…
Un buen abogado oaxaqueño llevó el caso. Luego de alegatos en contra de la fiscalía y argumentos de defensa. El abogado reconoció que “el delito”, que no era delito, debería ser juzgado por la autoridad comunitaria del pueblo en el que ocurrieron los hechos y del que era origen el chofer.
Así que en una argumentación sólida-jurídica, el abogado pidió al juez de la causa que desistiera de dictar sentencia, toda vez que el chofer era de origen indígena y que ocurridos los hechos en un pueblo de usos y costumbres indígenas, debería ser juzgado por una Comisión municipal, como es la costumbre en estos municipios.
Y en base a todos los testimonios, y a que el chofer es de origen indígena, trabajador, honorable, honesto y con una vida comunitaria de servicios e intachable se le juzgó, y sí, se le asignó una pena de seis meses en los que habría de llevar a cabo servicios para la comunidad, barrer, hacer tequios, contribuir en los trabajos municipales que le fueron asignados.
Nada que ver con los treinta años que le habían predicho al iniciar el juicio federal. La justicia por encima de la ley en mundos que parecen distintos pero que conviven en un país como es México y el que, en efecto, son muchos Méxicos. ¿Quién tuvo la razón en este caso?
Y ahí está el tema. Es todavía necesario revisar la legislación para temas que atañen a los juicios indígenas, a los que corresponden a la federación por delitos de alto impacto y a los que corresponden a las comunidades en su sabiduría ancestral.
