Recibir llamadas comerciales una y otra vez, incluso después de haber dicho que no, podría resultar mucho más costoso para las empresas que realizan estas prácticas.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que propone elevar de manera considerable las sanciones contra proveedores que utilicen llamadas telefónicas u otros medios con fines comerciales o publicitarios de forma reiterada y persistente sin autorización del consumidor.
El dictamen obtuvo 96 votos a favor, sin reservas durante su discusión, y ahora fue enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el proceso legislativo.
HASTA 2.3 MILLONES DE PESOS
Uno de los cambios centrales está relacionado con las multas.
La reforma plantea sanciones de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para las conductas relacionadas con el artículo 18 Bis de la legislación.
El incremento busca modificar un esquema considerado insuficiente frente a las llamadas comerciales persistentes. Durante la discusión legislativa se señaló que la sanción vigente mencionada en el debate era de apenas 760 pesos.
El nuevo rango representaría, de aprobarse definitivamente, un cambio sustancial en el costo que enfrentarían las empresas que incumplan las disposiciones.
DECIR “NO” DEBERÁ SER SUFICIENTE
La propuesta pretende reforzar un principio básico de protección al consumidor: una persona que manifiesta expresamente que no quiere recibir publicidad no tendría que repetir la misma negativa cada vez que una empresa vuelva a llamarla.
La reforma establece que los proveedores que utilicen información de los consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios deberán abstenerse de realizar comunicaciones comerciales reiteradas y persistentes cuando exista una negativa expresa.
El planteamiento busca que la voluntad del consumidor tenga efectos reales y no quede reducida a una petición que las empresas puedan ignorar.
TAMBIÉN ALCANZA A TERCERAS EMPRESAS
Otro punto relevante es la responsabilidad de las compañías que contratan a terceros para realizar campañas telefónicas.
La propuesta contempla que recurrir a otra empresa para efectuar las llamadas no elimine la responsabilidad relacionada con el uso de los datos de los consumidores.
Esto adquiere relevancia porque una persona puede desconocer quién está detrás de una llamada, mientras que la empresa que contrata el servicio mantiene el interés comercial de la comunicación.
EL PROBLEMA VA MÁS ALLÁ DE UNA LLAMADA
El debate legislativo también puso sobre la mesa el origen y manejo de los números telefónicos utilizados para contactar a consumidores.
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, autora de la iniciativa presentada en octubre de 2025, sostuvo que la reforma busca fortalecer la protección de la privacidad y evitar que los consumidores tengan que rechazar constantemente ofertas que no solicitaron.
Durante la discusión, la senadora María del Rocío Corona Nakamura también respaldó el dictamen y destacó el aumento de las sanciones.
MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS LLAMADAS NO DESEADAS
Como parte de los argumentos utilizados durante el proceso legislativo se citó información de Truecaller, según la cual México registra un elevado número de llamadas no deseadas, con estimaciones de entre 20 y 25 llamadas spam por usuario al mes.
Ese dato, sin embargo, corresponde a una medición de una empresa privada y no a una estadística oficial del Gobierno mexicano, por lo que debe distinguirse de los indicadores públicos.
El problema que pretende atender la reforma tiene una dimensión que va más allá de la molestia: involucra el uso de información personal, privacidad y el derecho de los consumidores a decidir qué comunicaciones comerciales desean recibir.
TODAVÍA NO ES LEY
Aunque el Senado aprobó el proyecto, las nuevas multas todavía no pueden aplicarse como una nueva disposición vigente únicamente por esta aprobación.
El dictamen debe ser analizado por la Cámara de Diputados y, en caso de que el proceso legislativo continúe conforme a lo previsto, deberá cumplirse el resto del procedimiento para que las modificaciones entren en vigor.
Por ahora, el mensaje enviado por el Senado es claro: las empresas que continúen realizando llamadas comerciales insistentes después de que el consumidor haya manifestado su negativa podrían enfrentar sanciones económicas considerablemente mayores si la reforma queda aprobada y entra en vigor.
Finalmente, el siguiente paso está en San Lázaro.
