Quienes aspiren a gobernar México, una entidad federativa o la Ciudad de México enfrentarán a partir de 2028 un nuevo requisito constitucional: deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto que formaliza la reforma constitucional en materia de nacionalidad única para quienes busquen la titularidad del Poder Ejecutivo federal o de los gobiernos estatales y de la capital del país.
La reforma establece que las personas con doble nacionalidad que pretendan registrarse como candidatas deberán renunciar previamente a la nacionalidad extranjera, de manera que al momento de su registro ante la autoridad electoral sólo conserven la mexicana.
EL CAMBIO ENTRARÁ EN VIGOR EN 2028
El nuevo requisito no tendrá efectos inmediatos sobre los procesos electorales actuales.
De acuerdo con los transitorios de la reforma, la disposición comenzará a aplicarse a partir de 2028. Esto significa que quienes aspiren a participar en las elecciones correspondientes deberán revisar con anticipación su situación de nacionalidad.
La reforma alcanza a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
NO BASTARÁ CON SER MEXICANO
El cambio introduce una condición adicional para quienes nacieron con otra nacionalidad o adquirieron posteriormente una extranjera.
La persona podrá mantener su nacionalidad mexicana, pero si desea contender por alguno de los cargos incluidos en la reforma tendrá que acreditar que renunció a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que todavía será necesario desarrollar las disposiciones reglamentarias que establezcan con precisión cómo deberá realizarse esa renuncia y ante qué autoridades.
El procedimiento podría involucrar no sólo a autoridades mexicanas, sino también a las instituciones de los países cuya nacionalidad posea la persona interesada.
UNA REFORMA QUE ABRIÓ UN FUERTE DEBATE
El cambio constitucional no estuvo exento de críticas durante su discusión legislativa.
Legisladores de oposición cuestionaron que tener una segunda nacionalidad sea utilizado como criterio para limitar el derecho de una persona mexicana a competir por un cargo de elección popular.
El argumento central de quienes se opusieron a la reforma es que tener otra nacionalidad no implica necesariamente una falta de lealtad hacia México y que la medida puede afectar particularmente a mexicanos que emigraron al extranjero y posteriormente adquirieron otra ciudadanía.
El PAN, por ejemplo, anunció su rechazo a la reforma al considerar que restringe derechos políticos de la población migrante.
EL ARGUMENTO: UNA SOLA NACIONALIDAD PARA QUIENES GOBIERNEN
Del otro lado del debate está la lógica que sustenta la reforma: quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos locales deben tener exclusivamente la nacionalidad mexicana.
La discusión, por tanto, toca un punto particularmente sensible: dónde debe establecerse la frontera entre la soberanía del Estado y los derechos políticos de los mexicanos que tienen vínculos jurídicos con otro país.
La reforma no elimina la doble nacionalidad para la población en general. La restricción se concentra en quienes pretendan ocupar los cargos ejecutivos señalados por la Constitución.
FALTA DEFINIR CÓMO SE ACREDITARÁ LA RENUNCIA
Aunque el decreto ya fue firmado, todavía queda pendiente precisar los mecanismos administrativos para hacer efectiva la nueva disposición.
Entre las interrogantes que deberán resolverse están la forma en que se acreditará la renuncia a la nacionalidad extranjera, las autoridades responsables de recibir o validar los documentos y los tiempos que tendrá una persona para completar el procedimiento antes de solicitar su registro electoral.
Ese punto será especialmente relevante para quienes viven fuera de México o poseen una segunda nacionalidad desde su nacimiento.
EL DEBATE APENAS CAMBIA DE ESCENARIO
Con la firma del decreto concluye una etapa del proceso constitucional, pero comienza otra: la aplicación práctica de la nueva regla.
A partir de 2028, la doble nacionalidad dejará de ser únicamente una condición personal para convertirse también en un factor que deberá considerar cualquier mexicano que aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.
El cambio coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre nacionalidad, derechos políticos, migración y soberanía, particularmente en un país con millones de ciudadanos que mantienen vínculos familiares, laborales y jurídicos con otras naciones.
