El comercio ilícito y la falsificación de productos representan un duro golpe para la economía mexicana. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), los consumidores en México gastan más de 63 mil millones de pesos al año en mercancías piratas, un fenómeno que impacta a sectores clave como el textil, calzado, farmacéutico, automotriz, electrónico, alimentos, bebidas y tabaco.
Esta situación no solo genera cuantiosas pérdidas fiscales para el Estado, sino que coloca a la industria formal en una abierta desventaja frente a quienes evaden impuestos, regulaciones sanitarias y derechos de propiedad intelectual.
COMPETENCIA DESLEAL Y COMERCIO ILÍCITO EN LA ERA DIGITAL
Durante la formalización de una alianza entre el sector industrial y la sociedad civil, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, advirtió que la piratería ha evolucionado al ritmo de las nuevas tecnologías y canales de comercialización.
“Cuando entra al mercado una mercancía de contrabando o una falsificación, la empresa formal compite en desventajas frente a quienes evaden impuestos, regulaciones, derechos de propiedad intelectual y obligaciones laborales. Combatir el comercio ilícito es también defender a la industria nacional”, enfatizó Medina Ortega.
Especialistas del sector señalaron un incremento preocupante en la venta de productos apócrifos a través de plataformas digitales y comercio electrónico, por lo que hicieron un llamado urgente a reforzar la trazabilidad de mercancías, los mecanismos de verificación y la supervisión en aduanas e internet.
INSEGURIDAD EN CARRETERAS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
El impacto económico de la piratería está estrechamente ligado a los delitos logísticos. Edgardo Flores Campbell, vicepresidente nacional de Seguridad Logística y Prevención del Contrabando de CANACINTRA, alertó sobre la creciente incursión del crimen organizado en el transporte de carga.
Flores Campbell señaló que el robo a transportistas en tramos carreteros se ha convertido en un problema crítico que alimenta los mercados ilícitos, afectando la cadena de suministro nacional y poniendo en riesgo la seguridad de los operadores en rutas que calificó como de alto riesgo.
NORMALIZACIÓN DEL DELITO Y ALIANZA ESTRATÉGICA POR LA LEGALIDAD
Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), advirtió que en el país el consumo de productos apócrifos se ha normalizado culturalmente, lo que incentiva la demanda y destruye empleos formales.
Para frenar esta problemática, la CANACINTRA y el Observatorio Nacional Ciudadano formalizaron un convenio de colaboración enfocado en:
- Protección de la propiedad industrial: Fortalecimiento de patentes y marcas registradas.
- Capacitación y prevención: Talleres para detectar falsificaciones y contrabando.
- Orientación empresarial: Asesoría técnica a PyMEs para blindar sus procesos productivos.
- Fomento a la cultura de la legalidad: Campañas para concientizar al consumidor sobre el impacto de la piratería.
