Parte I de III

Transparencia opaca, lenta, peligrosa y costosa es la que tiene Oaxaca. Por un lado, más del 70 por ciento de las dependencias del Gobierno del Estado incumple sus obligaciones para dar a los oaxaqueños acceso a la información pública; por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) gasta el 80 por ciento de sus recursos en sueldos, entre ellos los 82 mil 279 pesos mensuales que gana cada uno de sus tres comisionados, integrantes de la alta burocracia estatal. En medio quedan los ciudadanos, que ven en riesgo sus datos personales al momento de indagar el actuar gubernamental.

A la par que organizaciones nacionales han señalado las deficiencias del sistema de transparencia del estado, funcionarios de unidades de transparencia de la actual administración revelaron que como una estrategia del gobierno de Gabino Cué, la Consejería Jurídica vigilaba de cerca las solicitudes presentadas por periodistas y organizaciones de la sociedad civil, generando un registro fotográfico de personas que eran llamadas a las dependencias oficiales para entregarles la información solicitada.

Durante la actual administración, aunque la Consejería ha dejado de dictar la línea para responder a dichas solicitudes, muchas de las prácticas se mantienen en las secretarías estatales.

Dependencias reprobadas

En agosto pasado, el IAIP reportó en los Resultados preliminares de la verificación diagnóstica 2017 de los sujetos obligados el grave incumplimiento en cuanto a la información que por ley deben publicar en su página de internet. Del total de los entes que dependen del Poder Ejecutivo estatal (110) eligió a 38, de los cuales el 77.7 por ciento obtuvo calificaciones menores a 60 de 100 puntos posibles.

Además de casos como el de Comunicación Social, que obtuvo el índice de transparencia más bajo con solo el 2.42 por ciento de sus obligaciones cumplidas, cuatro de las principales secretarías de la administración estatal se encuentran entre las más opacas: Administración, a cargo de Javier Villacaña Jiménez; Turismo, cuyo titular es Juan Carlos Rivera; Infraestructuras, dirigida por Fabián Herrera; y Gobierno, con Héctor Mafud Mafud como secretario. Estas cuatro dependencias obtuvieron puntajes menores a 28 puntos y pese al plazo de 20 días que les dieron para subsanar las fallas, éstas se mantienen.

A estas secretarías el IAIP les señaló que la información presentada a través de la plataforma Oaxaca Transparente “no es exacta, tiene errores y es incompleta, lo que impide que cualquier persona pueda consultarla, examinarla y utilizarla”. Asimismo les solicitó que la información fuera publicada en su página de internet, orden que después de cinco meses no han acatado.

También se encuentran con un índice bajo de cumplimiento las secretarías de Desarrollo Social (35.67 por ciento); de Economía (33.41 por ciento); de Cultura (26.82 por ciento) y de Asuntos Indígenas (23.80 por ciento). La dirección de Notarías tiene un índice de 22.71 por ciento, la Consejería Jurídica 33.3 por ciento.

Tienen menos de 60 puntos dependencias como la Jefatura de la Gubernatura (55.57), el IEEPO (52.70), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (51.08), la secretaría de Desarrollo Agropecuario (50.26), la Fiscalía estatal (49.44), Vialidad y Transporte (43.25).

¿Cuánto gana un secretario?

Para subsanar algunas de estas observaciones, el Gobierno del Estado utiliza la página transparencia.oaxaca.gob.mx en la cual alguna información se mantiene oculta y otra induce al error. Al revisar los salarios de los secretarios del gabinete, por ejemplo, se encuentra que las percepciones netas de los titulares de Turismo y Gobierno son de 34 mil 718.20 pesos mensuales, no obstante se carece de información sobre bonos mensuales, semestrales, sistemas de compensación, comisiones, dietas o estímulos en virtud de que “algunas de ellas se otorgan a través de convenios celebrados entre el sindicato de trabajadores y la Secretaría de Administración”.

Administración, por su parte, ha ocultado la información correspondiente a salarios y compensaciones que debería estar en la plataforma del gobierno estatal.

Funcionarios de las unidades de transparencia han advertido que esta situación generará distorsiones al momento de revisar la situación patrimonial de los servidores públicos, pues los bienes reportados desde el inicio de su función rebasarán el monto de ingresos exhibido por la administración estatal.

De acuerdo con el artículo 70 la Ley de Transparencia del Gobierno del Estado de Oaxaca, un sujeto obligado debe publicar información sobre 48 rubros, desde aspectos elementales de su operación, como el marco normativo, las leyes y reglamentos que los rigen, sus metas y objetivos, directorio, hasta aspectos de sus finanzas como la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, gastos de representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base y confianza, contrataciones por honorarios.

También deben incluir información de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, las condiciones generales de trabajo, información curricular, listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, información financiera sobre el presupuesto asignado, entre otros rubros.

Fallas y aciertos

La opacidad en rubros vitales de la administración pública de Oaxaca ha sido documentada también por el Instituto Mexicano de la Competitividad, que en el Índice de Información presupuestal 2017 coloca a la entidad como la número 18 por sus niveles de transparencia.

Aunque su porcentaje de cumplimiento es alto, del 82.8/100, los rubros que mantiene en la opacidad resultan altamente relevantes.

Entre otra información ausente se encuentra el número de plazas con que cuenta la administración estatal, así como el tabulador de sueldos de mandos medios y superiores.

En el rubro de deuda pública, aunque la entidad aparece con aciertos importantes como exhibir el monto del ejercicio fiscal que se destinará al pago de créditos contratados, así como la garantía que emplea para ello, las tasas de interés y el saldo, existe una falla que resulta más grave: carece de información que permita conocer en qué se utilizaron los recursos provenientes de esa deuda.