En un hecho sin precedentes para la vida pública de la región de la Cuenca del Papaloapan, el síndico municipal y el regidor de Hacienda de esta localidad fueron formalmente vinculados a proceso, acusados de cometer el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género en perjuicio directo de la presidenta municipal en funciones.
ENCERRONA, INSULTOS Y FIRMA BAJO AMENAZA
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los graves hechos ocurrieron en junio de este año, durante una reunión celebrada en las canchas de la agencia de Santo Domingo Latani. En ese lugar, los ahora imputados, identificados bajo las iniciales A.B.C. (regidor de Hacienda) y J.M.M. (síndico municipal), comenzaron a desacreditar públicamente a la alcaldesa en el ejercicio de sus facultades legales.
La hostilidad escaló rápidamente a terreno delictivo. La investigación ministerial señala que la funcionaria fue retenida contra su voluntad por ambos servidores públicos, quienes, mediante intimidaciones y explícitas amenazas de muerte, la obligaron a plasmar su firma en un acta apócrifa. Con dicho documento, los agresores pretendían forzar su renuncia definitiva al cargo y desconocerla formalmente como la máxima autoridad del municipio.
PERSPECTIVA DE GÉNERO ANTE EL JUEZ
Tras librar el encierro y denunciar penalmente el atropello, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La institución integró a marchas forzadas la carpeta de investigación bajo una estricta perspectiva de género, recopilando testimonios y peritajes psicológicos que acreditaron el sometimiento.
Durante la audiencia, la fiscalía electoral presentó un bloque contundente de datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó que existían los elementos jurídicos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de los dos altos funcionarios de Choápam.
SUSPENDIDOS DE SUS FUNCIONES
Para garantizar la seguridad de la víctima y evitar que interfieran con la justicia en el palacio municipal, la representación social solicitó como medida cautelar la suspensión temporal inmediata de ambos funcionarios en el ejercicio de sus cargos públicos.
La petición fue concedida por el juzgador, por lo que tanto el síndico como el regidor quedaron despojados de su fuero e inmunidad operativa mientras corre el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria. Las indagatorias continuarán su curso legal para fijar la sentencia condenatoria definitiva por estos delitos de odio político.
