El Gobierno de México abrió un nuevo frente judicial en Estados Unidos contra el círculo cercano de Genaro García Luna. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR) una solicitud para pedir a las autoridades estadounidenses la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Federal.
La petición busca que Pereyra pueda ser detenida en territorio estadounidense mientras México integra y presenta formalmente el expediente necesario para solicitar su extradición.
La SRE confirmó la existencia del trámite mediante el oficio UDT-06395/2026, obtenido a través de una solicitud de transparencia, y precisó que el requerimiento se encuentra actualmente bajo estudio de las autoridades de Estados Unidos.
La solicitud se sustenta en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que contempla la posibilidad de pedir la detención provisional de una persona antes de presentar la documentación completa del procedimiento.
El movimiento ocurre años después de que México obtuviera una orden de aprehensión contra Pereyra y abre ahora un proceso que podría prolongarse debido a las reglas del sistema judicial estadounidense.
UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DESDE 2023
La FGR mantiene desde 2023 una orden de captura contra Pereyra y otros familiares de García Luna.
El 19 de julio de ese año, la Fiscalía informó sobre órdenes de aprehensión por delitos como delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación ministerial, Pereyra presuntamente habría formado parte de una estructura integrada por más de medio centenar de personas que habría obtenido contratos considerados irregulares para el equipamiento de centros penitenciarios federales.
La FGR sostiene que esas operaciones habrían generado un daño al erario superior a 5 mil 112 millones de pesos.
Estos señalamientos forman parte de una investigación y deberán ser acreditados ante las autoridades judiciales correspondientes.
¿POR QUÉ HASTA AHORA?
Uno de los puntos que llaman la atención es el tiempo transcurrido.
Aunque la orden de aprehensión contra Pereyra existe desde 2023, la SRE había informado, mediante respuestas anteriores a solicitudes de transparencia, que durante 2024 y 2025 México no había solicitado a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.
La nueva petición modifica ese escenario. Ahora Washington deberá analizar el requerimiento mexicano y determinar si existen condiciones jurídicas para proceder con la detención provisional.
La Cancillería no dio a conocer la fecha exacta en que la solicitud fue presentada.
DETENCIÓN NO SIGNIFICA EXTRADICIÓN
El procedimiento todavía está lejos de representar una extradición automática. El Tratado de Extradición entre ambos países no establece un plazo específico para que Estados Unidos decida si detiene o no a una persona reclamada provisionalmente.
En caso de que Pereyra sea detenida, México tendría 60 días para presentar la documentación completa de extradición.
A partir de ese momento comenzaría una nueva etapa jurídica, en la que las autoridades estadounidenses deberán analizar la petición conforme a sus propios procedimientos.
Por ello, la solicitud mexicana representa un avance en el proceso, pero no garantiza que Pereyra sea entregada a México.
SU CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE, OTRO RETO
El procedimiento podría enfrentar una dificultad adicional. De acuerdo con fuentes citadas en el reporte, Linda Cristina Pereyra y sus hijos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2019.
Ese elemento puede tener relevancia dentro del proceso, aunque por sí mismo no significa que una extradición sea jurídicamente imposible.
El escenario adquiere mayor interés porque la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido recientemente que la ciudadanía estadounidense puede representar un factor de resistencia en algunos procesos de extradición solicitados por México.
EL ÚLTIMO ESCENARIO PÚBLICO
La última aparición pública conocida de Pereyra ocurrió en octubre de 2024, cuando acudió a una audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.
En esa audiencia, el juez Brian Cogan impuso a García Luna una sentencia de 38 años de prisión, después de que fuera declarado culpable de delitos relacionados con su colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, el paradero de Pereyra ha sido objeto de especial atención debido a la orden de aprehensión que pesa sobre ella en México.
MÉXICO TAMBIÉN QUIERE A GARCÍA LUNA
La solicitud contra Pereyra forma parte de una ofensiva judicial más amplia.
México mantiene tres solicitudes de extradición contra Genaro García Luna.
Una de ellas está relacionada con la causa penal 002/2021, en Sonora, vinculada con el operativo “Rápido y Furioso”.
Otra corresponde a la causa 44/2021, relacionada con presuntas irregularidades en contratos para la construcción de penales federales.
La tercera está vinculada precisamente con la investigación sobre la presunta red de corrupción que involucra a Pereyra.
Hasta agosto pasado, las tres solicitudes permanecían bajo estudio de las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, García Luna continúa recluido en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumple su condena. Paralelamente, su defensa mantiene en curso un proceso de apelación.
