La disputa territorial entre comuneros de San Miguel Chimalapa y habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz volvió a elevar la tensión en la zona limítrofe entre Oaxaca y Chiapas. Ante la movilización anunciada por alrededor de 500 comuneros, el Gobierno de Oaxaca informó que mantiene presencia institucional y un despliegue de seguridad para evitar que la confrontación por casi 5 mil hectáreas desemboque en violencia.
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca aseguró este viernes que mantiene atención permanente en territorio y que su prioridad es llevar el conflicto por la vía institucional. La dependencia sostuvo que busca generar condiciones para una solución mediante el diálogo y la conciliación.
“La apuesta del Gobierno de Oaxaca es la paz, la conciliación y la construcción de acuerdos”, señaló la dependencia en un comunicado.
El pronunciamiento ocurre mientras una comisión de comuneros de Chimalapas prevé trasladarse a Gustavo Díaz Ordaz para continuar un proceso de conciliación directa y plantear la restitución pacífica de aproximadamente 4 mil 975 hectáreas que consideran parte de su territorio comunal.
LA DISPUTA SUBE DE TONO
El conflicto se intensificó después de que San Miguel Chimalapa planteara a los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz definir el futuro del ejido: disolverlo voluntariamente e incorporarse al régimen comunal zoque o entregar las tierras que los comuneros reclaman como propias.
Los ejidatarios han rechazado esta exigencia y sostienen que cuentan con derechos agrarios reconocidos sobre las tierras en disputa.
La diferencia no es menor. Lo que para los comuneros representa una superficie perteneciente a su territorio ancestral, para los ejidatarios constituye un espacio sobre el cual aseguran tener derechos agrarios. Esa contraposición explica por qué el conflicto permanece abierto pese a los años de negociaciones y a la resolución de la Suprema Corte sobre los límites estatales.
OAXACA ACTIVA UN DESPLIEGUE INSTITUCIONAL
Frente al riesgo de una confrontación, la Secretaría de Gobierno informó que trabaja junto con distintas dependencias para mantener la estabilidad en la zona.
El Gobierno de Oaxaca señaló que participan la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la representación de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, la Coordinación de Delegados de Paz Social, la Junta de Conciliación Agraria y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
La dependencia explicó que el despliegue de seguridad tiene como finalidad prevenir hechos de violencia y evitar que el conflicto escale.
“Construir condiciones de paz es fundamental para que las familias puedan vivir con tranquilidad y seguridad”, sostuvo la Secretaría de Gobierno.
La presencia de las instituciones revela que la disputa dejó de ser únicamente un diferendo entre comunidades y se mantiene como un asunto que requiere intervención coordinada de los gobiernos estatal y federal.
LA COORDINACIÓN CON CHIAPAS, CLAVE
Oaxaca informó que mantiene comunicación con la Secretaría de Gobernación y con el Gobierno de Chiapas para atender conjuntamente la situación.
La coordinación resulta particularmente relevante debido a que el conflicto se encuentra relacionado con una región históricamente disputada entre ambos estados y donde los problemas de límites territoriales se entrecruzan con derechos agrarios.
En este contexto, la Secretaría de Gobierno reiteró que la ruta institucional debe prevalecer sobre cualquier intento de resolver el diferendo mediante presión, confrontación o uso de la fuerza.
EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE NO CERRÓ EL CONFLICTO
Uno de los elementos que complican la disputa es que la resolución territorial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2021 no significó, por sí misma, la desaparición de los derechos agrarios existentes en la zona.
El máximo tribunal resolvió entonces la controversia constitucional sobre los límites entre Oaxaca y Chiapas y reconoció a Oaxaca alrededor de 160 mil hectáreas que permanecían en disputa.
Sin embargo, el problema agrario quedó separado del litigio territorial entre las entidades.
Esto significa que el reconocimiento de los límites estatales no resolvió automáticamente quién puede ejercer determinados derechos agrarios sobre terrenos ocupados o reconocidos previamente a favor de ejidos.
Ahí se encuentra uno de los principales nudos del conflicto actual.
CASI 5 MIL HECTÁREAS, EN EL CENTRO DE LA DISPUTA
La superficie reclamada por San Miguel Chimalapa asciende aproximadamente a 4 mil 975 hectáreas, una extensión que explica la dimensión del conflicto y la importancia que tiene para las comunidades involucradas.
Los comuneros buscan una restitución que califican de pacífica, mientras que los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz rechazan la exigencia de abandonar el régimen ejidal.
La amenaza de un choque aumenta cuando ambas partes sostienen posiciones que consideran respaldadas por sus propios derechos y antecedentes agrarios.
Por ello, cualquier intento de imponer una salida unilateral podría profundizar una confrontación que lleva décadas acumulando tensiones.
MÁS DE 60 AÑOS DE UN CONFLICTO SIN CIERRE
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca reconoció que los antecedentes del problema territorial y agrario se remontan a más de seis décadas.
El dato evidencia la dificultad de construir una solución definitiva. No se trata únicamente de una disputa reciente por la posesión de un predio, sino de un entramado de antecedentes territoriales, derechos agrarios, resoluciones judiciales y relaciones comunitarias que se han acumulado durante generaciones.
La pregunta de fondo es si el diálogo institucional será suficiente para conciliar derechos que ambas partes consideran legítimos.
Por ahora, el Gobierno de Oaxaca apuesta por evitar una confrontación y mantener abiertas las vías de negociación.
EL RETO: QUE EL DIÁLOGO NO LLEGUE DEMASIADO TARDE
El comunicado oficial de la Secretaría de Gobierno plantea una ruta clara: diálogo, conciliación, coordinación y presencia institucional.
Sin embargo, el anuncio de una movilización de cientos de comuneros y el rechazo de los ejidatarios a las condiciones planteadas muestran que el conflicto continúa en una fase delicada.
La prioridad inmediata será impedir cualquier enfrentamiento. La de largo plazo, mucho más compleja, será construir un acuerdo que permita resolver la controversia agraria sin vulnerar derechos reconocidos y sin trasladar el costo de la disputa a las comunidades que habitan la región.
Mientras tanto, Oaxaca asegura que mantendrá presencia en territorio y coordinación con Chiapas.
“La apuesta del Gobierno de Oaxaca es la paz”, reiteró la Secretaría de Gobierno.
Finalmente, el desafío será convertir esa declaración en un acuerdo concreto que permita cerrar, después de más de 60 años, una disputa que nuevamente amenaza con escalar.
