La desaparición de una persona no termina con quien falta. En México, sus hijas e hijos quedan atrapados en una segunda crisis marcada por la incertidumbre, cambios familiares, dificultades económicas, interrupciones escolares y una preocupante ausencia de respuestas institucionales.
Un informe publicado en agosto de 2026 por Tejiendo Redes Infancia, denominado Hijas e hijos de personas desaparecidas en México, estima que alrededor de 165 mil niñas, niños y jóvenes podrían estar afectados directamente por la desaparición de uno de sus progenitores o familiares.
El cálculo parte de los 103 mil 176 registros existentes hasta agosto en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al aplicar un promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona, obtenido de la ENADID 2023.
La cifra, sin embargo, no representa un padrón oficial. El propio informe advierte que se trata de una estimación y que la falta de información sobre los vínculos familiares impide conocer con precisión cuántas niñas, niños y adolescentes viven las consecuencias de una desaparición.
Ahí aparece una de las principales fallas señaladas: quienes quedan atrás tampoco están plenamente identificados por el Estado.
INVISIBLES PARA LAS INSTITUCIONES
La ausencia de registros específicos tiene consecuencias que van mucho más allá de una estadística.
El informe sostiene que la falta de información familiar “imposibilita a las instituciones identificar a hijas e hijos como sujetos de derecho y necesidades diferenciadas”, lo que termina reflejándose en exclusión de políticas públicas, servicios insuficientes y apoyos que no responden a la realidad de las familias.
Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, advierte que el documento no pretende sustituir un registro oficial, sino evidenciar precisamente esa ausencia de información y sus efectos en la planeación de políticas de protección, atención y reparación para las víctimas indirectas.
En otras palabras, una persona desaparece, pero el impacto permanece dentro del hogar. Y quienes padecen esa ausencia pueden quedar fuera de los mecanismos diseñados para atender a las víctimas.
CAMBIAN SUS VIDAS DE UN DÍA PARA OTRO
La desaparición de un familiar puede alterar de inmediato la dinámica de una familia.
El reporte identifica modificaciones en los cuidados, los ingresos, la continuidad escolar, la salud, la seguridad y los vínculos familiares. También señala que madres, abuelas, hermanas y otros familiares terminan absorbiendo responsabilidades adicionales mientras enfrentan simultáneamente la búsqueda y los trámites ante distintas instituciones.
Para niñas, niños y adolescentes, las consecuencias pueden traducirse en interrupción de estudios, incorporación prematura al trabajo doméstico y una mayor vulnerabilidad social.
El informe también señala que el Estado puede terminar excluyéndolos de derechos y apoyos relacionados con representación legal, continuidad educativa, salud mental, prevención del estigma y protección social.
Así, la desaparición no sólo genera una búsqueda. Puede provocar una transformación completa de la vida familiar.
MIEDO, ESCUELA Y UNA AUSENCIA QUE NO TERMINA
El impacto emocional tampoco desaparece con el paso del tiempo.
El documento reporta que las infancias enfrentan “miedo, incertidumbre y cambios emocionales constantes”, además de problemas en su rendimiento escolar, burlas y falta de sensibilidad en los centros educativos.
A ello se suman trámites institucionales confusos y entornos físicos y digitales marcados por la inseguridad.
La carga de sostener la búsqueda y los cuidados recae principalmente en las propias familias y colectivos de búsqueda, mientras la respuesta institucional resulta insuficiente.
Pero las niñas, niños y adolescentes no sólo necesitan que encuentren a su familiar. También necesitan saber qué ocurrirá con ellos mientras esa búsqueda continúa.
“QUE NUESTRA HISTORIA NO SE VUELVA PÚBLICA”
Una de las partes más contundentes del informe surge de las propias voces de niñas, niños y adolescentes que han vivido la desaparición de un familiar.
Entre sus demandas aparece una petición tan básica como reveladora:
“Un trato sensible, estar seguras y seguros, y participar sin que nuestra historia se vuelva pública”.
La frase resume una problemática que suele quedar relegada detrás de las cifras de personas desaparecidas: los menores de edad también son víctimas indirectas y tienen derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas, pero sin que su dolor los exponga o revictimice.
MÉXICO TIENE LEYES, PERO FALLA EN LA ATENCIÓN
El problema señalado por el informe no sería necesariamente la ausencia de normas.
El documento sostiene que la legislación nacional y los estándares internacionales reconocen derechos para familiares y víctimas indirectas, pero persisten deficiencias para identificar, proteger y atender de manera diferenciada a las hijas e hijos de personas desaparecidas.
La crítica alcanza a la falta de registros, protocolos y servicios especializados.
Además, el informe señala que instituciones como el Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes “no comparten información entre sí ni operan bajo un plan” común.
El resultado es una ruta fragmentada en la que las familias deben repetir historias, enfrentar trámites y asumir responsabilidades que deberían estar respaldadas por mecanismos públicos coordinados.
CINCO PASOS PARA DEJAR DE IGNORARLOS
Ante este panorama, el informe plantea una ruta nacional de atención que contemple cinco momentos: identificación, valoración, activación, continuidad y rendición de cuentas.
La primera etapa implicaría registrar de manera segura el vínculo familiar; después, evaluar las condiciones particulares de cada menor en aspectos como edad, cuidados, escuela, salud, ingresos y riesgos.
También se propone designar responsables concretos para garantizar protección, educación, salud y desarrollo social, evitar cambios constantes de personal y reducir la necesidad de que las familias repitan una y otra vez su historia.
Finalmente, se plantea evaluar los resultados con participación de las propias familias.
Pero el informe también pone una advertencia sobre la mesa: esa ruta no debe convertirse en una herramienta de vigilancia sobre quienes buscan a sus desaparecidos. Debe estar basada en consentimiento, seguridad y posibilidad de corregir información.
LA SEGUNDA AUSENCIA
El problema de fondo es que una desaparición puede generar una segunda ausencia: la de las niñas, niños y adolescentes que quedan fuera de los registros, de los programas y de las decisiones públicas.
Mientras las familias buscan a quienes faltan, sus hijos crecen entre preguntas sin respuesta, cambios en el hogar y responsabilidades que muchas veces no corresponden a su edad.
El informe concluye que capacitar al personal no basta “si no existen protocolos claros y consecuencias cuando el sistema falla”. La exigencia es que ninguna familia tenga que enfrentar nuevamente la negligencia institucional.
La cifra estimada de 165 mil hijas e hijos no sólo representa una dimensión desconocida de la crisis de desapariciones en México. También evidencia a una población que, pese a cargar con las consecuencias de una tragedia familiar, continúa esperando ser reconocida, escuchada y atendida.
