El Callao

El gobierno federal anunció que propondrá un añadido a Ley de Telecomunicaciones para el derecho de las audiencias, la cual ya causó controversia, pues podría dar paso a que se censure contenido informativo desde el gobierno. Así lo consideró el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien advirtió que esta nueva propuesta abre la puerta para censura estatal escudada tras el derecho de las audiencias, además de controlar el flujo de información. Pues estos lineamientos incluyen un proceso de presentación de quejas en la que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones definirá sanciones si el contenido difundido no se apega a lo que exponga la ley. “Los derechos de las audiencias no son para castigar y no son para perseguir, pero además de todo ¿quién lo va a determinar? Todo parece indicar que son ellos”. Hizo énfasis en el papel que tendrá el gobierno ya que tras la expedición de la nueva Ley de Telecomunicaciones el año pasado, el poder Ejecutivo es quien recomienda los perfiles para integrar la Comisión Reguladora. Hay las condiciones institucionales de independencia e imparcialidad para hacer este tipo de supervisión (…) Va por otro lado al que pretenden caminar en este gobierno, que es el de restringir la libertad de expresión y censura” … El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al Instituto Nacional Electoral de censurar a la oposición luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó retirar diversas publicaciones en las que llamó “narcopartido” a Morena. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, afirmó que la resolución limita la crítica política y adelantó que impugnará la determinación. Además, anunció que llevará el caso ante organismos internacionales al considerar que se vulnera la libertad de expresión… El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que obtuvo una orden de aprehensión en su contra presuntamente ocultar evidencias para conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La captura es resultado de un reanálisis de las investigaciones realizadas bajo el nuevo modelo de investigación implementado por la institución, el cual permitió desarrollar nuevas diligencias y obtener elementos que sustentan la probable responsabilidad del exmandatario estatal. “Como parte del nuevo modelo de investigación, la FGR desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas”, dijo la FGR. Ángel Aguirre era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Tras los hechos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, presentó la “verdad histórica”, una versión oficial sobre el destino de los normalistas que años después fue ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales, así como por las propias investigaciones federales. Las indagatorias posteriores también señalaron presuntas irregularidades en la actuación de distintos funcionarios, entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acusado de manipular evidencia y construir una narrativa que posteriormente fue desestimada por las nuevas investigaciones… Se vienen cambios importantes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la presidencia de Hugo Aguilar Otriz se acerca a su término. Pero el cambio no será terso, ya que los ministros se enfrentan a la incertidumbre generada por los errores y contradicciones de la reforma judicial, así como a los propios intereses de los ministros que buscan ocupar el cargo. Además del rechazo que ha generado tanto dentro como fuera de la Corte, que la ministra Lenia Batres presida el tribunal. De acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 94, el periodo presidencial es de dos años y la siguiente persona que ocupe el puesto es quien haya quedado en segundo lugar de mayores votos recibidos durante la elección judicial del 2025. Dicho cambio se estableció con la reforma judicial impulsada por el morenismo. Ya que los legisladores dejaron en el artículo 97 que la presidencia de la Corte durará por un periodo de 4 años y será a través de un proceso de elección que sus miembros decidan al siguiente, dicho error no ha sido corregido pese a las constantes adiciones que hicieron los legisladores, como cambiar la fecha de la segunda parte de la elección para el 2028… En caso de que se sigan las reglas como lo estipula el artículo 94, la persona que quedaría al frente de la Corte es Lenia Batres Guadarrama, puesto que fue la segunda persona más votada en los polémicos comicios. Lejos de su desempeño cuestionable y las pifias que ha protagonizado, su posible ascenso ha despertado preocupaciones. Ya que en días pasados se reportó que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios del país quienes expresaron su consternación y aseguraron que no es un perfil querido debido a su posición en contra de las empresas y su intromisión en asuntos fiscales, por lo que pidieron alternativas. Pero la opinión empresarial no sería el único lado inconforme con Lenia. Ya que dentro de la misma SCJN hay compañeros de la togada que no quieren que esté al frente del Máximo Tribunal debido a pleitos y roces que han tenido con ella… Jorge Romero, líder nacional del partido, informó que el proceso interno avanzará durante agosto con recorridos y mediciones, y estimó que los primeros nombramientos podrían anunciarse desde finales de ese mes. Entre septiembre y principios de octubre su partido dará a conocer los nombres de quienes serán designados como Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, figuras que encaminarán los trabajos políticos de las gubernaturas rumbo a las elecciones de 2027. El proceso interno ya concluyó su etapa de registros para las candidaturas ejecutivas y que ahora comenzará una fase de recorridos, recolección de firmas y evaluaciones para definir a los perfiles mejor posicionados. Durante agosto los aspirantes recorrerán sus estados, tocarán puertas y participarán en distintos foros para darse a conocer entre la militancia y la ciudadanía. Posteriormente, el PAN realizará una evaluación que combinará estudios cuantitativos y cualitativos para definir a los perfiles que encabezarán las coordinaciones… Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el combate al huachicol fue una de las principales cartas de presentación del gobierno. Sin embargo, todo parece indicar que mientras el discurso se concentraba en cerrar ductos y combatir el robo de combustible por medio de tomas clandestinas, otra modalidad del negocio había crecido hasta alcanzar a personajes cercanos al propio círculo del expresidente, incluidos sus hijos Gonzalo López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán. Se trata de una red que presuntamente unió intereses políticos, empresariales y criminales durante varios años, además de abrir una pregunta inevitable: ¿cómo pudo operar una estructura multimillonaria sin que alguien dentro del aparato gubernamental se diera cuenta o decidiera frenarla? La investigación también incorpora al senador Adán Augusto López. Hoy se relata que un testigo habló de presiones para no intervenir un muelle supuestamente relacionado con personas cercanas al entonces secretario de Gobernación; además, menciona conversaciones atribuidas a grupos criminales que aseguraban estar alineados con “el número uno” durante su paso por Tabasco. Esos señalamientos forman parte de su investigación y que no han sido confirmados por una autoridad judicial ni por los personajes mencionados. Aun así, sostienen que los indicios reunidos ameritan una investigación más amplia para determinar si existió algún tipo de protección política alrededor de estas operaciones. Entre los nombres que aparecen de forma recurrente figuran Amílcar Olán y Alfonso Romo, exjefe de Oficina de López Obrador y que representan piezas importantes para entender cómo pudo consolidarse esta red y considera que los personajes mencionados en expedientes de la Fiscalía tendrían que ser investigados para esclarecer el alcance de sus posibles vínculos… El conflicto y la confrontación pública entre la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) responde tanto a una disputa reciente por casos de alto impacto como a tensiones institucionales estructurales entre la fiscalización de derechos humanos y la procuración de justicia. La tensión entre la ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez (DDHPO) y el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla (FGEO) se intensificó tras el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar. La DDHPO señaló que emitió múltiples solicitudes de medidas de protección a favor del comunicador antes de su homicidio, las cuales —afirmó— no fueron atendidas oportunamente por las autoridades ministeriales. Asimismo, la Defensoría acusó presuntas irregularidades y la supuesta pérdida o extravío de la carpeta de investigación previa por amenazas. En respuesta el Fiscal General negó rotundamente el extravío del expediente y sostuvo que la carpeta permanecía resguardada bajo la secrecía procesal fijada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. A su vez, acusó a la DDHPO de violar el debido proceso, no activar sus propios protocolos a tiempo y poner en riesgo a las víctimas al divulgar detalles reservados del expediente… Más allá de las controversias coyunturales, la relación entre ambos organismos autónomos mantiene puntos de choque constantes. La FGEO es históricamente una de las instituciones con mayor número de recomendaciones emitidas por la DDHPO, motivadas por detenciones arbitrarias, ejecuciones de órdenes de aprehensión erróneas (como la Recomendación 02/2026 por detención e imprisonamiento injustificado), uso indebido de la fuerza y tratos crueles o tortura atribuidos a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Mientras la DDHPO exige transparencia, celeridad y acceso a las indagatorias para evaluar la vulneración de derechos de las víctimas, la FGEO argumenta restricciones legales de confidencialidad en las investigaciones penales para no comprometer el éxito de las causas o la seguridad de los involucrados. Esta falta de articulación y los choques mediáticos entre ambas cabezas institucionales impactan directamente en la percepción pública sobre la efectividad de la protección a víctimas e investigación de delitos en el estado… Y mientras el incremento del delito de extorsión y del cobro de piso en Oaxaca impacta principalmente a comerciantes, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), docentes y familias. Este problema abarca distintas modalidades de operación, la percepción del sector privado y las acciones de las autoridades locales. Reportes empresariales, más del 90% de estas llamadas provienen del interior de centros penitenciarios, valiéndose de amenazas directas, supuestos premios, falsos secuestros de familiares o suplantación de grupos delictivos. Exigencia periódica de cuotas a pequeños negocios familiares, establecimientos comerciales y planteles educativos bajo la amenaza de violencia o daños materiales. Además del esquemas de préstamos “gota a gota”: Cobros con intereses desproporcionados acompañados de amenazas continuas y hostigamiento directo por parte de cobradores en motocicletas. Representantes de cámaras de comercio y líderes empresariales han expresado su preocupación debido a que las extorsiones reducen la viabilidad económica del sector formal e informal… En el cuarto año la administración de Salomón Jara Cruz acumula irregularidades en el manejo de los recursos públicos por más de mil 37 millones de pesos, según los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los años 2023 y 2024. Los mayores montos observados por la ASF ocurrieron en la asignación de contratos de obra pública, en las que se encontró que los montos pagados no corresponden o no existían las obras contratadas. Una de esas irregularidades se detectó en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por un probable daño a la Hacienda Pública por la cantidad de 94 millones 557 mil 817.36 pesos, más los intereses generados, por no proporcionar ocho expedientes de obra pública que permitieran verificar que las obras se realizaron de acuerdo con lo contratado y que se terminaron en los plazos convenidos. Un alto porcentaje de los contratos de obras municipales y estatales se asigna mediante adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas. La falta de concursos abiertos reduce la competencia y dificulta verificar si se eligió la mejor propuesta técnica y económica. Críticas frecuentes de colegios de ingenieros, arquitectos y medios locales señalan el favorecimiento a empresas recién creadas, sin padrón comprobable de experiencia o constituidas con prestanombres para evadir responsabilidades en vicios ocultos. Aunque existen portales de transparencia estatales y federales (como el PNT o compranet/plataformas locales), con frecuencia la información publicada carece de expedientes técnicos completos, catálogos de conceptos, montos ejecutados reales frente a los contratados o convenios modificatorios. En diversas regiones como Istmo, Costa o Valles Centrales, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y gobiernos municipales han acumulado observaciones de auditorías por proyectos pagados en su totalidad pero dejados a inconclusos o sin operar. Tan es así que el diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval, cuestionó el manejo del presupuesto en Oaxaca al afirmar que el gobierno de Jara destinaría cerca del 70 % de los recursos estatales a partidas opacas y al Capítulo 1000, rubro que calificó como susceptible de actos de corrupción. Ante ello, solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para evitar lo que consideran un “robo en despoblado”… La designación de Pavel Meléndez Cruz dentro de la estructura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) ha generado una fuerte ola de reacciones y cuestionamientos en la opinión pública, la comunidad universitaria y diversos sectores del estado. La llegada de un perfil de trayectoria eminentemente política y partidista rompe con la tradición académica que caracterizó la fundación y consolidación del SUNEO, el cual históricamente priorizó liderazgos con credenciales científicas, docencia e investigación. Existe la preocupación de que los campus regionales del sistema se conviertan en espacios de negociación partidista o cuotas de poder, alejándose de su misión de excelencia educativa e investigación científica. Docentes, egresados y alumnos que defienden el modelo fundacional argumentan que la autonomía técnica y el rigor en las contrataciones de tiempo completo se ven amenazados si las decisiones directivas dependen de nombramientos de índole político. El SUNEO opera bajo un esquema descentralizado en regiones de alta marginación; las críticas apuntan a una posible falta de visión técnica para dar continuidad a las líneas de investigación agropecuaria, marítima y tecnológica específicas de cada universidad del sistema como UMAR, UTM o UNISTMO. Sin duda, destruyen el legado de Modesto Seara Vásquez, un hombre que dedicó su vida a crear y consolidar un modelo educativo que fue plenamente reconocido a nivel nacional como internacional… La violencia no da tregua en Oaxaca, pues a pesar de los fuertes operativos que las autoridades federales, estatales y municipales implementan en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán de Zaragoza no cesa y el viernes se vivió una noche de agresividad con saldo de cuatro personas fallecidas. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon y dieron muerte a dos personas. Quien no aparece por ninguna parte es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Félix Quiroz Javier. Organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos advierten sobre focos rojos y agresiones dirigidas. Ataques a exalcaldes, regidores y autoridades comunitarias, particularmente en municipios de la Costa y el Istmo de Tehuantepec, así como ataques a defensores, comunicadores y activistas, pues persisten riesgos significativos para periodistas y defensores del territorio o derechos agrarios en disputas limítrofes comunitarias… Y es todo por hoy. Feliz inicio de semana. Chupes ligeros, botana abundante y no me digan nada, mejor quédense callados.