Es bien sabido que la defensa que hace MORENA de sus gobernadores acusados de delitos federales como son vínculos con la delincuencia organizada, lavado de dinero y abusos de poder, además de malos manejos administrativos es para evitar cometer los mismos errores, principalmente, del priismo.
Las acusaciones en contra de los gobernantes de MORENA se acumulan, pero ni así cede la federación, toda vez que el discurso que los llevó al poder fue el de acusar de corrupción a sus antecesores.
Fue una herramienta magnífica en voz de Andrés Manuel López Obrador en 2018 usada como llave para abrir el candado y continúa funcionando dentro de la administración Sheinbaum.
La palabra corrupción se asocia con los gobiernos emanados de priistas y panistas, aunque existan pruebas que revelan que algunos gobiernos morenistas ya los equiparan.
No importa que muchos de los gobernadores actuales han sido señalados con nexos con los grupos criminales, estos se saben impunes y siguen administrando políticamente sus entidades.
De nada sirve que una y otra vez se insista en las corruptelas de estos malos gobernantes, ya que desde las altas esferas política se niegan los señalamientos y se defiende a estos personajes que destilan corrupción.
Y es que MORENA elude ser metido en el mismo costal que priistas y panistas, cuyos gobernadores han pisado la cárcel, mientras que los perredistas que ya perdieron el registro nacional como partido tienen en el prófugo, Silvano Aureoles, su ente más representativo.
El sexenio de Enrique Peña Nieto, señalado por corrupción, desde los tres poderes, especialmente, el Ejecutivo fue el promotor del encierro de varios gobernadores, algunos de los cuales siguen presos, acusados de delitos varios.
Algunos de esos exgobernadores fueron denunciados por el gobierno de Estados Unidos e incluso pagaron parte de sus condenas en aquel territorio.
Fue el caso de Tomás Yarrington quien purgó prisión en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y fue puesto en libertad en 2024.
Javier Duarte sigue en prisión, acusado de delitos varios.
Roberto Borge vinculado a proceso y con varias denuncias pendientes se encuentra en prisión domiciliaria.
Jesús Reyna pisó la cárcel y cuatro años después fue liberado.
Roberto Sandoval, señalado por nexos con la delincuencia organizada sigue en prisión.
Eugenio Hernández fue liberado, luego de pasar casi siete años en prisión señalado en Estados Unidos por eventuales relaciones con el narcotráfico.
Mario Marín sigue en prisión y se le ha negado la domiciliaria, a pesar de su edad. El delito del que se le acusa es tortura.
César Duarte, acusado de delitos del fuero común fue extraditado de Estados Unidos y se le sigue proceso por los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa.
Mario Villanueva fue absuelto de delitos de narcotráfico, pero sentenciado por lavado de dinero.
También algunos exgobernadores del PAN fueron detenidos y pasaron tiempo en la cárcel como Guillermo Padrés y Luis Armando Reynoso, los que están libres.
Dos exgobernadores, Silvano Aureoles del PRD y Francisco Javier García del PAN, tienen libradas órdenes de aprehensión.
