Pero qué necesidad tienen algunos gobernadores y exgobernadores de caer en delitos que son fáciles de comprobar.
A reserva de saber si Ernesto Ruffo es culpable o inocente, es cada vez más frecuente que exgobernadores sean acusados de vinculaciones con los grupos criminales.
Los gobernadores siempre han sido la parte más frágil de la política. Los presupuestos de los gobiernos estatales son un apetitoso botín para algunos, mientras que otros procuran los contratos jugosos y, en algunos casos, son pillados.
Si en el pasado la detención de los gobernadores se basaba en acusaciones sobre malversación de fondos, desvío de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos que ya no forman parte de las acusaciones comunes. Ahora las denuncias son sobre vinculaciones con organizaciones criminales.
Los tiempos recientes hablan sobre una serie de exgobernadores que al final de sus mandatos han terminado en la cárcel.
La detención de Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición en México, acusado de delitos vinculados al huachicol fiscal, hacen necesaria una revisión de los exgobernadores que han sido relacionados con los grupos criminales.
El asunto de Ruffo desató indignación entre la población, por la forma en que fue tratado el exgobernador de Baja California y la premura con que se libró la orden de detención.
No han sido así de rápidas y expeditas las denuncias de exgobernadores y gobernadores de MORENA cuyas denuncias no han procedido.
El arribo del siglo XXI trajo con la modernidad la delación de algunos gobernantes que durante su mandato mantuvieron algún tipo de relación con las organizaciones delincuenciales, especialmente con las vinculadas al narcotráfico, a las que, incluso, protegían.
Así cayó primero Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo al que le han cargado la mano, purgando condenas en México y Estados Unidos y nuevamente en México.
Muchos años después se procedió contra los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández uno preso todavía y el otro libre.
Jesús Reyna en Michoacán fue gobernador interino y al término de su gestión fue acusado y detenido por su relación con los Caballeros Templarios.
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit se encuentra vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, desaparición forzada y vínculos con grupos criminales.
En San Luis Potosí, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue detenido acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2015, antes de ejercer como gobernador.
En la actualidad dos exgobernadores se encuentran prófugos, uno de Michoacán, Silvano Aureoles y otro de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
A Silvano se le acusa de peculado, fraudes millonarios y hasta homicidio, aunque no se le relaciona con los grupos criminales que abundan en Michoacán.
García Cabeza de Vaca si enfrenta acusaciones sobre delincuencia organizada, evasión fiscal, desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El huachicol fiscal, la vinculación de políticos con los grupos criminales, además de la evasión fiscal y el lavado de dinero son algunos los principales delitos por lo que son procesados los políticos en México, aunque no todos, ya que la justicia si es selectiva.
