Lo que inicialmente fue presentado como el secuestro de una presidenta municipal del Estado de México, hoy se perfila como una presunta operación planeada para encubrir un posible desfalco de 40 millones de pesos al erario.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México apuntan a que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, habría participado en la simulación de su propia privación de la libertad junto con familiares cercanos y un grupo de colaboradores reclutados para ejecutar el plan.
De acuerdo con la indagatoria, el objetivo era justificar la salida de recursos públicos mediante el pago de un supuesto rescate millonario.
EL PLAN HABRÍA COMENZADO CUATRO MESES ANTES
Las autoridades señalan que la estrategia comenzó a diseñarse desde febrero de 2026 por José Roberto “N”, esposo de la edil, y Óscar “N”, su cuñado.
Según declaraciones obtenidas durante la investigación, ambos habrían discutido la posibilidad de simular un secuestro para obtener recursos municipales.
Uno de los testimonios integrados en la carpeta de investigación refiere que:
“Todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos”.
La misma declaración añade que la intención era que el dinero “saliera del ayuntamiento”, presuntamente para justificar faltantes detectados en la administración municipal.
RECLUTARON PARTICULARES PARA EJECUTAR EL MONTAJE
Para llevar a cabo el plan, los presuntos organizadores habrían incorporado a varias personas a cambio de una compensación económica.
La investigación establece que Cristian “N” fue contactado por Óscar “N”, quien le propuso participar en lo que describió como “un negocio”, ofreciéndole un pago de 500 mil pesos.
Posteriormente se sumaron Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes habrían tenido un papel directo en la ejecución del supuesto secuestro ocurrido el 31 de mayo.
Las autoridades documentaron decenas de comunicaciones telefónicas entre los involucrados durante los meses previos a los hechos, elemento que fortaleció la hipótesis de una planificación anticipada.
LAS CÁMARAS NO MOSTRARON VIOLENCIA NI RESISTENCIA
Uno de los elementos que debilitó la versión inicial fue el análisis de videograbaciones obtenidas por las autoridades.
Según la Fiscalía mexiquense, las imágenes captadas el día de los hechos no muestran actos de violencia, sometimiento o resistencia por parte de la alcaldesa al momento de abordar el vehículo donde presuntamente sería privada de la libertad.
Por el contrario, el expediente señala que uno de los participantes:
“Incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo”.
Además, durante el trayecto, la propia alcaldesa habría indicado rutas alternas para evitar puntos de videovigilancia.
LAS LLAMADAS Y EL CELULAR DERRUMBARON LA VERSIÓN OFICIAL
Otro de los elementos clave fue el análisis tecnológico realizado por los investigadores.
Tras denunciar que había escapado de sus captores aprovechando un descuido, las autoridades rastrearon el teléfono móvil utilizado durante el supuesto cautiverio.
Los registros ubicaron el dispositivo primero en la Ciudad de México y posteriormente en Oaxaca, donde permaneció activo varios días.
La información permitió ubicar a tres de los presuntos participantes. Quienes fueron detenidos en territorio oaxaqueño mediante un operativo coordinado entre fiscalías estatales.
DOS PRÓFUGOS Y UNA IMPUTACIÓN EN PUERTA
Actualmente, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N” se encuentran detenidos y enfrentan procesos penales por diversos delitos.
Mientras tanto, José Roberto “N” y Óscar “N” permanecen prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.
En el caso de Nancy Nápoles Pacheco, las autoridades obtuvieron una audiencia de formulación de imputación programada para el próximo 9 de julio. Donde se determinarán los avances del procedimiento judicial en su contra.
MÁS ALLÁ DEL SECUESTRO: LA RUTA DEL DINERO
Más allá de la presunta simulación, el caso abre un nuevo frente relacionado con el posible manejo irregular de recursos públicos.
La hipótesis de que el supuesto rescate serviría para justificar un faltante de 40 millones de pesos llevó a las autoridades a dar vista a las instancias especializadas en combate a la corrupción y fiscalización.
Finalmente, si las investigaciones confirman el presunto desvío de recursos, el expediente podría escalar de una simulación de secuestro a uno de los casos de corrupción municipal más relevantes registrados recientemente en el Estado de México.
