La diferencia es muy grande y la marca el propio gobierno morenista.
Es un gobierno para todos, siempre y cuando sean votantes de Morena; los opositores no cuentan.
El exgobernador Rubén Rocha Moya pidió seguridad y le fue concedida de inmediato. La diputada local, Paola Gárate Valenzuela, hizo lo propio con anterioridad y no recibió respuesta.
Cuál es la diferencia entre uno y otra. El exgobernador está acusado de nexos con la delincuencia organizada, razón por la que pidió licencia; la diputada es la principal voz opositora en el Congreso de Sinaloa.
Ella fue levantada un día antes de la elección de Rocha Moya (2021) y amagada un par de veces más, por sus críticas al gobierno del hoy exgobernador y del senador Enrique Inzunza, el que la demandó después de ser vinculado a delitos sexuales.
Rocha Moya es un pseudo delincuente que fue señalado como el principal instigador de la operación electoral en contra de sus opositores el mismo día de la elección y ahora está vinculado al crimen organizado, según la fiscalía de Nueva York.
Uno tiene protección del gobierno, el que le otorga seguridad; la otra es una voz disidente que molesta a los gobiernistas y no merece atención.
Pero las cosas no parecen marchar bien para Rocha Moya. Unas cuantas horas después de que pidió licencia al gobierno de Sinaloa, tres personajes afectados directamente por él asomaron la cara de nueva cuenta y echaron a andar sus planes para contender por el gobierno estatal.
Jesús Estrada Ferreiro, Guillermo Benítez y Gerardo Vargas, tres alcaldes de Sinaloa desaforados u obligados a pedir licencia por no encajar en los planes del entonces gobernador Rubén Rocha Moya, encuentran ahora la posibilidad de reivindicarse y entrar a la competencia por la candidatura de Morena al gobierno estatal.
¿Cuál fue su distanciamiento con Rocha Moya? Simple, que los tres aspiraron a ser el abanderado de Morena en 2021 e incluso uno de ellos salió arriba en las encuestas, pero fueron obligados a ir por candidaturas a alcaldes.
Ahora los tres podrán renovar sus esperanzas de competir, aunque, tal vez, no les alcance para la nominación.
Y es que, en Sinaloa, el escenario está disponible para que por vez primera una mujer electa gobierne la entidad, toda vez que los dos aspirantes mejor posicionados entran en el paquete del reclamo estadounidense de alianzas con el crimen organizado.
El senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez, cartas con las que jugaba Rocha Moya para su sucesión, quedaron marginados por la denuncia de vínculos con la delincuencia y son reclamados por un juez del distrito sur de Nueva York.
Ahora Morena tendrá que analizar a otros prospectos, donde surge la figura de la senadora Imelda Castro como principal aspirante, a pesar de la oposición de Rubén Rocha Moya que simplemente no podrá opinar.
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Ya Ariadna Montiel es la nueva presidente de Morena, y Luis María Alcalde encargada de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Ambas tienen mucha tarea por delante en sus nuevas asignaciones, veremos cómo lo hacen, pues la atención estará centrada en ambas.
