La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa: si existen pruebas contundentes, se actuará; si no, se trataría de un caso político.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó, dejando claro que su gobierno no protegerá a funcionarios implicados en actos ilícitos. Sin embargo, subrayó que cualquier acción debe sustentarse en evidencia sólida.
ACUSACIONES QUE SACUDEN AL PODER
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
Las imputaciones incluyen tráfico de drogas —como fentanilo, cocaína y metanfetamina—, protección a grupos criminales, filtración de información y recepción de sobornos a cambio de apoyo político.
Además, se señala que el mandatario habría recibido respaldo del crimen organizado para ganar la elección mediante intimidación y violencia.
SOBERANÍA VS. PRESIÓN INTERNACIONAL
Ante este escenario, Sheinbaum fue enfática: México no permitirá injerencias externas en decisiones internas.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero”, declaró, al tiempo que insistió en que sin pruebas claras las acusaciones carecen de validez jurídica y podrían tener un trasfondo político.
Esta postura refleja la tensión creciente entre ambos países, en un contexto donde Estados Unidos ha intensificado su estrategia contra el narcotráfico, incluso señalando a figuras políticas en funciones.
INVESTIGACIÓN EN MANOS DE MÉXICO
La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de revisar la solicitud estadounidense y determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en México.
Hasta ahora, autoridades mexicanas han señalado que la información recibida no incluye pruebas contundentes, lo que complica cualquier acción inmediata.
CRISIS POLÍTICA EN ESCALADA
El caso representa un desafío directo para el gobierno federal, al involucrar a un mandatario estatal en funciones y miembro del partido oficial.
Analistas advierten que este episodio podría escalar en un conflicto diplomático y político, mientras la oposición exige investigaciones a fondo y mayor transparencia.
