Estado de Derecho

Oaxaca no puede seguir inmersa en la violencia y la anarquía de grupos que de abanderar demandas sociales se han convertido en verdaderos nichos de delincuentes, pues al margen de que salgan a las calles a expresar su sentir, no pueden ni deben atentar contra terceros, mucho menos contra empresas y monumentos históricos.

Urge acabar con tanta agresividad que solo genera más irritación ciudadana por la impunidad con que se pasean, porque la debilidad de un Estado de Derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos.

Nadie se opone a que ejerzan su derecho a manifestarse, pero siempre y cuando lo hagan sin lesionar las garantías de terceros, de empresarios y comerciantes que crean empleos, de la sociedad que pretende llevar una vida cotidiana en orden, paz y seguridad.

Un Estado de Derecho sano se refleja a través del cumplimiento de leyes y normas, muchas de las cuales garantizan derechos y libertades ciudadanas que al hacerse cumplir crean un ambiente de estabilidad y seguridad jurídica y social. De ahí la trascendencia de contar con un Estado de Derecho que implica un gobierno que proteja en la vida cotidiana, no sólo en las leyes escritas, los derechos fundamentales de todos: vida, propiedad y libertad, y castigue a todos los que los violen.

Cuando permite que alguna persona o grupo, con la excusa de restablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre los presuntos violadores, no hay Estado de Derecho. Es indudable que la inseguridad pública y los problemas de aplicación de la justicia en México, tienen que ver con la desigualdad social que padecemos, con la carencia de políticas públicas efectivas para abatirla y con la insuficiencia de nuestros logros educativos.

Campo marginado

Urge rescatar el campo y transformar su realidad para alcanzar la soberanía alimentaria, ante las políticas federales erradas que han mermado la capacidad de generar productos básicos, alentar y promover una reforma que se empiece a reflejar en los hogares y en las unidades de producción.

Uno de los principales objetivos en nuestro estado es tecnificar el campo, -labor que resulta difícil, pues la mayor parte de los campesinos cuentan con 60 y 65 años-, y junto con ello, tratar de alcanzar la suficiencia alimentaria, garantizar la inocuidad y sanidad de los productos, promoción y ejecución de los diversos programas y componentes.

A pocos meses de que termine la administración federal, el Estado no tiene una política de inversión estratégica, una estrategia donde cuide al ambiente; una agricultura que sea más competitiva y, lo más importante, que ofrezca a los consumidores alimentos libres de agroquímicos.

No se dispone de una política para estimular la inversión en el campo, ni mucho menos proyectos para aumentar la producción agrícola sustentable en México.

En el medio rural del país hay cuatro grandes grupos sociales: los campesinos de subsistencia, que disponen de minifundios, cuyo rezago educativo y tecnológico es enorme y producen apenas para comer. Otro sector es el integrado por los jornaleros, quienes carecen de tierra, venden su fuerza de trabajo y se mueven de un lugar a otro.

El tercero es el de los pequeños propietarios, quienes tienen más acceso a la educación, a los recursos naturales de suelo y agua y producen más de lo que consumen, es decir, venden parte de su producción. El cuarto grupo es el más reducido y está conformado por los empresarios agrícolas del norte, noroeste y occidente y produce para la exportación.

Si bien es cierto que la falta de inversión en el campo viene de gobiernos anteriores, en la actual administración tal problema se ha acentuado y está afectando a los cuatro grupos sociales.