El pasado martes, un grupo de habitantes del municipio de San Miguel Peras irrumpió en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), en la Colonia Reforma de la capital oaxaqueña. No sólo causaron destrozos sino que además, agredieron a funcionarios y empleados del órgano electoral, a quienes desnudaron y exhibieron públicamente. Los inconformes con los resultados electorales en dicha comunidad quisieron, a través del chantaje y la amenaza, conseguir su propósito: que el IEEPCO les diera el dictamen que ellos exigían. Lo grave de todo ello es que la actitud de estos sujetos fue en función de la impunidad galopante que se vive en Oaxaca, en donde al menor intento de aplicar la ley, de inmediato hay movilizaciones para torcer la misma. El chantaje, la manipulación y la impunidad van de la mano. Por fortuna, luego de una parálisis insultante en cuestiones como ésta, intervino la Policía Estatal para detener a los agresores, los cuales, con certeza ya gozan de libertad, justamente porque no existen mecanismos coercitivos que hagan que nadie esté por encima de la norma.

Ante esta situación, el IEEPCO condenó enérgicamente la agresión perpetrada y subrayó que la violencia nunca será una vía para la resolución de conflictos, por ello, el órgano electoral presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en contra de las personas responsables de este deleznable acto. Y fue más allá. Solicitó a las autoridades de procuración y administración de justicia para que actúen con apego a la ley, a fin de garantizar que estos hechos no queden impunes. Y a las personas inconformes les exhortó a dar cauce legal a sus discrepancias, ante las instancias competentes. Es un hecho que el órgano electoral ha sido garante de la libre autodeterminación de las comunidades, vigilando el respeto a las garantías establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado. Para evitar que hechos tan bochornosos como éste se repita, el árbitro electoral hizo un llamado a los municipios a conducirse con respeto a la Ley y a las instituciones, privilegiando el diálogo así como los recursos legales correspondientes para la resolución de inconformidades. Es evidente que si esta acción queda sólo para el anecdotario político, cualquier funcionario, inclusive el propio ejecutivo estatal, no estará a salvo de acciones tan denigrantes y cobardes como la que nos ocupa.

Reconstrucción y transparencia

Hace días trascendió que funcionarios de diversos organismos como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal, se han reunido para buscar los mecanismos a través de los cuales, el flujo de recursos del gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), el llamado Seguro Catastrófico e incluso donaciones que han hecho empresas notables del país, como el Grupo CARSO o la solidaridad del pueblo mexicano, tengan el uso adecuado. Existe –y eso no es un secreto- una gran desconfianza entre la sociedad respecto a las prácticas corruptas e irregularidades que se están dando en el otorgamiento de la ayuda humanitaria. He ahí el por qué se requieren mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Este ejercicio es bien aceptado por la sociedad civil pues permite acotar aquellas voces que, buscando la conveniencia –como es el caso de algunos (as) presidentes (as) municipales del Istmo de Tehuantepec- quieren manejar los recursos para darles un perfil eminentemente político-partidista.

No se trata de un ejercicio ocioso sino la respuesta a la demanda ciudadana. Hace un par de semanas, en ocasión de poner en marcha el Programa “Oaxaca nos necesita”, el gobernador Alejandro Murat expresó la urgencia de ampliar el horizonte de donaciones de la sociedad civil. Para ello, propuso la creación de una comisión ciudadana para vigilar y supervisar la distribución de los recursos que se hayan generado. Los daños de los sismos y las intensas lluvias que se abatieron sobre el estado, son mayores. Ningún recurso será suficiente para atender tantas necesidades, sobre todo las afectaciones en la red carretera oaxaqueña, destruida en un 70%. De igual manera tenemos cientos de escuelas que tienen daños irreparables, por lo que serán demolidas y esperar la habilitación de aulas provisionales para que los alumnos no sigan perdiendo clases. Bajo estas circunstancias no es ético desviar los recursos hacia otras demandas ni distraerlo para lo cual debe ser destinado. La propuesta gubernamental pues fue bien aceptada. Es urgente la participación de la sociedad civil en todo aquello que debe buscar la rendición de cuentas y nula opacidad. La labor de la SFP, la ASF y la Contraloría local apuntan hacia ese sentido.