El gobierno de la ciudad, que preside, José Antonio Hernández Fraguas, ha reconocido que los sismo del pasado 7 y 19 de septiembre, provocaron daños. Hay varios templos católicos, que son edificios históricos, que resultaron con afectaciones en sus estructuras. Escuelas y domicilios particulares también resintieron los efectos de ambos siniestros. Desde hace mucho, EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, fiel a sus principios de estar al lado de las grandes causas de los oaxaqueños, desplegó una campaña de concientización respecto a la situación de cientos de casonas viejas que se ubican en el Centro Histórico de la capital, las cuales están en mal estado y algunas, a punto de venirse abajo. Dichas propiedades han sido catalogadas y algunas han sido señaladas por las comisiones de protección civil municipal o estatal, pues representan un peligro para transeúntes, automovilistas o pasajeros. Las intensas lluvias de los últimos tiempos han generado mayores daños en las estructuras de adobe y tabique, de tal suerte que el peligro de desplome es inminente. Pese a ello, tal parece que cualquier intervención se topa con los estrictos reglamentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que tal parece que le interesa más conservar ruinas que destrabar los obstáculos para las remodelaciones.
Es importante hacer un balance en conjunto con el INAH, para conocer lo que hay que hacer para salvaguardar la integridad física de los citadinos. En aberrante que por el argumento de que se vive en un casco histórico se tenga que hacerlo en ruinas. Los propietarios de las viejas casonas que están a punto de desplomarse coindicen en que ningún recurso les alcanzará para ir cumpliendo uno por uno los requisitos para remodelar. Hay quienes han optado por venta de sus predios; otros más, los han destinado a estacionamientos o bodegas, pero pocos se atreven a rehabilitarlas como hoteles, hostales, cafés o restaurantes, a sabiendas de lo oneroso que resulta remodelar y cumplir al pie de la letra las restricciones que impone la citada dependencia federal que, no obstante, finge ceguera en otros casos en los que no levanta sanciones o multas. De hecho, frente a lluvias intensas como las que hemos padecido o a siniestros como los temblores del pasado 7 y 19 de septiembre, lo que más preocupa a la ciudadanía es justamente, el estado que guardan cientos de propiedades en situación de desplome o de rehabilitación.

Reconstrucción y corresponsabilidad

El desastre y la devastación que generaron los sismos, son producto de fenómenos naturales que difícilmente pueden predecir las autoridades federales o estatales. El Estado mexicano, que tiene entre sus principales responsabilidades proteger la vida y el patrimonio de sus gobernados, ha estado ofreciendo la ayuda posible para la reconstrucción y la normalización de la vida cotidiana en las comunidades o ciudades afectadas. Hay miles de damnificados y miles de viviendas dañadas. Dos veces ha estado en la zona siniestrada el presidente de México y prácticamente todo su gabinete tiene alguna responsabilidad para dar confianza a la población, principalmente a quienes perdieron a familiares o sus viviendas. Por las declaraciones de algunos funcionarios federales de primera importancia, como José Antonio Meade, se infiere que el gobierno tiene los recursos necesarios para hacer frente a este desastre natural y los habrá para que los damnificados queden satisfechos. Sin embargo, la nueva tragedia que azotó a la CDMX, Morelos, Puebla y Guerrero, entre otros, amplía el horizonte de apoyo. Hay asimismo, quienes argumentan que la ayuda es insuficiente, haciendo gala de insensibilidad, pues el siniestro no sólo fue en el región del Istmo, en donde se ha concentrado la ayuda y los reflectores mediáticos, sino en otras regiones del estado y del país.

No obstante, tal parece que hay personas que están esperando el auxilio gubernamental sentados a las puertas de sus casas. Con afán crítico se dice que esperan que las despensas y los apoyos humanitarios les lleguen a sus casas y que, algunos vecinos, sólo ven la descarga de la ayuda y son incapaces de coadyuvar a su manejo. Es más, hay posturas de verdadera intolerancia, como es el hecho de que una vez demolido, el histórico edificio del Centro Escolar de Juchitán, que el gobierno les construya uno igual. Han transcurrido ya al menos dos semanas del primer siniestro y no se advierte por ninguna parte, brigadas de vecinos, de mujeres, que se ofrezcan a participar en las labores de remoción de escombros, con sus contadas excepciones. Porque la reconstrucción –y ello tienen que dejarlo claro las autoridades- tiene que ser una labor de corresponsabilidad, en la que los beneficiarios con nuevas viviendas u otros beneficios, tendrán que aportar trabajo comunitario, es decir, tequio, para agilizar la reconstrucción. Que no esperen a que todo les caiga del cielo. Hay mucho por hacer, porque nuestros pueblos del Istmo tardarán años en volver a la normalidad.