Un trato institucional

Desde el inicio de la administración de Alejandro Murat, el primero de diciembre de 2016, la tendencia del Poder Ejecutivo –se dijo- sería de acercamiento con la gente de a pie, con el oaxaqueño de carne y hueso, con quienes le aportaron al hoy gobernador su voto y su confianza sin distinción alguna. Muchos no lo entendieron así. Sólo quien vive y padece las carencias y privaciones de los oriundos de aquí, conocen o saben de qué tamaño es la necesidad. No obstante el discurso y la postura del ejecutivo estatal, algunos miembros de su equipo siguieron con las prácticas soberbias y contradictorias de quien viene a tierra de pobres a vivir como reyes, pero a mostrar en su comportamiento las peores bajezas. Eso fue lo que ocurrió –afirman quienes padecieron el trato- en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Presidentes municipales que jamás eran recibidos por el ex titular, Jorge Gallardo Casas, pero además, para poder hacer los trámites de sus comunidades o municipios, tenían que esperar horas y horas en pleno sol y de pie. El trato pues hacia quienes fueron elegidos por el voto popular no designados por dedazo, era aberrante. No sólo ellos. También secretarios, subsecretarios, directores generales y otros, tenían un trato peyorativo y discriminatorio.

Se desconoce si por el propio movimiento natural en su gabinete, ineficiencia o porque las denuncias de este tipo de comportamientos fueron una cuestión que se tradujo en denuncia cotidiana, el gobernador Murat Hinojosa procedió a realizar ahí un cambio necesario y urgente. En efecto, la semana pasada fue designado como titular de la Secretaría de Finanzas, Vicente Mendoza Téllezgirón. Los méritos académicos y laborales fueron dados a conocer de inmediato. Pero más allá de las calificaciones de postgrados en Harvard y la University of London, lo que cuenta es el cambio de políticas que se están viviendo en la SEFIN, que hacen suponer que el trato hacia quienes se acercan hacia la dependencia será diferente. Los oaxaqueños esperamos que la soberbia y megalomanía que se ha enquistado en algunas áreas del poder ejecutivo den lugar a posturas institucionales y sensatas, en las que el ejecutivo estatal, se lleve la mejor parte. No se trata de ver a todos con el rabillo del ojo ni de pecar de soberbia en un estado con grandes carencias, sino de poner los pies en la tierra y saber que Oaxaca es una entidad que requiere de funcionarios accesibles y modestos.

Transporte: no más anarquía

La designación de Mariana Erandi Nassar Piñeyro como nueva titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOVI), por parte del gobernador Alejandro Murat, no es simplemente otorgar un cheque en blanco, sino que constituye un reto para la joven funcionaria. Más que descalificar su designación es necesario darle el beneficio de la duda, habida cuenta de que si bien no cuenta con experiencia en dicha área de gobierno, ello no implica incapacidad o desconocimiento de la problemática que se vive en el transporte concesionado estatal. En este mismo espacio editorial lo hemos dicho hasta el cansancio: el transporte concesionado en la entidad es un asunto serio de seguridad, sin importar que ciertos personeros del mismo estén en prisión o fuera de la ley. La cantidad impresionante de taxis que circulan por las carreteras estatales y aún en vías federales han sido, además, en los últimos años, una de las principales causas de muerte. Los accidentes en que se ven involucrados operadores de esas pequeñas unidades con nota cotidiana en las páginas de las secciones policíacas de los diarios. La situación de inseguridad se agudizó cuando entraron en operación los mototaxis, que no solamente trasladan pasajeros a bajo costo, sino que sirven a las bandas criminales para cobrar extorsiones, secuestros o distribuir droga.

El encargo pues, de la nueva funcionaria, no es algo simple: constituye un verdadero desafío, pues es una de las dependencias en las que se vienen arrastrando vicios graves del pasado. No es fortuito que desde hace al menos tres sexenios, varios de los responsables hayan llegado a prisión por el tráfico o venta ilegal de concesiones; el otorgamiento de permisos cuando existe ya una veda para no otorgarlos y otros vicios más. De poco ha servido su transformación de Secretaría de Transporte (Setran), en el sexenio 1998-2004 al de Cotran en la administración de Ulises Ruiz, de 2004 a 2010 o su nueva figura como Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), con Gabino Cué hasta llegar a la nueva Semovi. El problema ha sido el mismo. Miles y miles de pequeñas unidades, cual hormigas, hacen parecer a nuestro sistema concesionado, un paraíso del desorden y la ilegalidad. El reto pues de Mariana Nassar es poner en juego su talento para que la dependencia que hoy encabeza cumpla en verdad con los objetivos para los que fue creada.