Constitución jurada

Primera parte

Cada vez que un nuevo titular del Poder Ejecutivo toma posesión solemne de su cargo, ante el Pleno del Congreso de la Unión (si los integrantes de éste lo permiten), el ungido jura cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella dimanan. La escena no sólo se da en el recinto de San Lázaro, sino que se repite en casi todos los congresos de los estados, en los ayuntamientos y en la toma de posesión de todos los cargos de elección popular y de gabinetes presidenciales y de los otros.
La población, anonadada, cree a pie juntillas que los juramentados en verdad van a respetar y cumplir la promesa que hicieron con el brazo extendido y la palma de la mano hacia abajo, una aproximación sublimada del saludo nacionalsocialista.
En el primer caso, de la Constitución federal, el presidente tiene la facultad de lanzar iniciativas para modificar la llamada “Carta Magna” (resabio de la Inglaterra de Juan sin Tierra, aunque para quienes no lo sepan, en esa nación británica no hay constitución escrita), asunto que se dirime en el congreso y que, de ser aprobadas por éste, el siguiente paso es la aprobación mayoritaria de los congresos estatales. Los supuestos para modificar la Constitución son primeramente que el presidente cuente en las cámaras, con mayoría afín a su partido y así sucesivamente en las entidades federativas. Otra de las formas es que algún legislador sea designado para mandar una iniciativa que en realidad es del presidente, pero lo hace de manera simulada para dar un matiz democrático al asunto.
Como lo estamos viviendo, el actual presidente cumplió con el juramento tradicional. Pero es obvio que no está dispuesto a cumplir ni hacer cumplir la Constitución y sus leyes que él mismo juró, dado que, al hacer uso de sus facultades hoy omnímodas, ha empezado a lanzar iniciativas de reforma y modificaciones, de manera directa o a través de sus partidarios en el Congreso, lo cual significa en resumen que ha comenzado a gobernar con otro cuerpo de leyes a modo de ejecutar su proyecto personal de mando.
En este nuevo esquema de gobierno las primeras víctimas son curiosamente quienes le han servido al gobierno: la gran masa burocrática de todos los niveles. A los de arriba se les reducen sensiblemente sus ingresos y prestaciones: nadie debe ganar más que el presidente, todos son culpables de corrupción por haber ganado remuneraciones acordes a su desempeño y conocimientos. Los rangos intermedios llamados mandos medios, todos de confianza, deben ser reducidos al despido inmediato e injusto, sin importar el daño patrimonial a millares de familias. En los niveles más bajos, la disposición injusta es hacer que se marchen de la ciudad de México, hacia lugares remotos, dispersos, a lo lejos del centro de poder, a buscar casa, escuela, acondicionamiento climático y de costumbres, quiéranlo o no. La puerta está abierta para que se salgan si no les gusta. Tal pareciera que se busca la inoperatividad e ineficiencia del gobierno federal. No hay fuerza que se oponga a las nuevas y draconianas disposiciones.
El paquete de modificaciones a la jurada constitución, incluye la regresión en materia educativa, cultural y de investigación científica; en el reparto masivo de estipendios a desempleados fomentando con ello la holganza y el desprecio al trabajo; la confusa utilización de las fuerzas armadas para tareas de seguridad, con lo cual se refuerza la política de los antecesores del PAN y del PRI; la construcción de una refinería de petróleo sin modernizar las ya existentes; la imperdonable y costosísima cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco; la invención de un “Tren Maya” sin proyecto de viabilidad; la indebida cancelación del Seguro Popular; designar a gusto del mandatario Ministros de la Corte partidistas y Fiscal General bajo control del Ejecutivo; los gobiernos de los estados deben subordinarse a “súperdelegados” adscritos a la presidencia. (CONTINUARÁ)