Alertan grave rezago en nivel educativo para Oaxaca
Oaxaca registra el menor avance en materia de armonización normativa del derecho a la educación
La Comisión Nacional de Derechos (CNDH) Humanos alertó que Oaxaca es una de las entidades con el menor avance en materia de armonización normativa del derecho a la educación, lo que es fundamental para facilitar la exigibilidad de derechos a las autoridades, además de impactar en la vida de las personas, es decir, materializarse mediante su aplicación.
El promedio de la armonización del derecho a la educación en las legislaciones locales es del 85.31 por ciento, lo que evidencia la importancia de que las leyes impacten en la vida de las personas y se materialicen para el pleno ejercicio de sus derechos.
En Oaxaca, Puebla y Nayarit apenas sí alcanzan el 80 por ciento en armonización educativa del derecho, lejos de entidades como Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que alcanzan un 92 por ciento.
Ante este panorama la CNDH alertó a sociedad y autoridades sobre la existencia en México de 21.3 millones de personas en rezago educativo.
En Oaxaca el rezago educativo alcanza al 27 por ciento de la población, lo que representa un millón 104 mil 012 personas, esto de acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El organismo autónomo detalló que de acuerdo con el examen normativo efectuado, se identificó el siguiente avance a nivel nacional: al derecho a recibir educación con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (100 por ciento); a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (95 por ciento); a la libertad de expresión (64.38 por ciento).
A la libertad de información y comunicación (73.13 por ciento); a los beneficios de la cultura (97.5 por ciento); al acceso al progreso científico y tecnológico (98.75 por ciento); a la no discriminación (85 por ciento); al acceso a los servicios educativos a personas con discapacidad (91.25 por ciento); libertad académica y autonomía en instituciones de educación superior (65 por ciento) y no regresividad (83.13 por ciento).
