28 de los 30 municipios con mayor porcentaje de mujeres jefes de familia se ubican en Oaxaca, los restantes están en Puebla y Sonora.
Además de cumplir con ser proveedoras únicas del sustento de su casa, son también responsables de las labores del hogar y acumulan jornadas de actividad entre 14 y 16 horas al día.
El municipio de Santa Catarina Tayata, Tlaxiaco es el de mayor índice de madres solteras con 15.4% de su población femenina, le sigue Santa María Nativitas en Puebla con 13.9% y Santa Magdalena Jicotlán en Sonora, con 10.9%.
Por entidad federativa, el Distrito Federal tiene más madres solteras (147 mil), seguido del Estado de México (142 mil), Jalisco (77 mil) y Veracruz (74 mil), lo cual es lógico por ser las cuatro entidades con mayor población.
En el marco del Día de la Familia, de cada 10 mujeres mexicanas que trabajan, cuatro son además jefas de familia y representan 40% de la fuerza laboral de México. Aunado a ello, la discriminación laboral hacia las mujeres repercute en el bienestar de toda una familia e incluso en la formación de los hijos.
Por falta de ingresos, muchos menores de edad son obligados a abandonar la escuela, y en consecuencia casi cuatro millones de niños y niñas, de entre cinco y 15 años, deambulan por las calles de las urbes del país expuestos a las drogas y a la delincuencia.
Sin embargo, de acuerdo con el INEGI, las mujeres que se desempeñan como jefas de familia tienen muchos más estudios que aquellas que son esposas o madres de los jefes del hogar.
Mientras que sólo 2% de las madres de familias sostenidas por varones y 6.5% de las esposas cuentan con estudios superiores, 13% de las mujeres que se desempeñan como jefas de familia tienen ese nivel de estudios. Sólo 8% de las mujeres como jefe de hogar no tienen estudios.
En tanto, el Informe Regional de Desarrollo Humano confirmó que la seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo humano, ya que sin ella las personas no pueden ejercer plenamente sus capacidades ni contribuir con todo su potencial a mejorar sus familias.
Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la victimización es entendida como la forma en que un delito afecta a una persona o a un hogar.
El daño a las víctimas puede ser físico, mental, emocional, económico, o puede darse en una disminución de los derechos fundamentales de las personas mediante actos u omisiones que violen las leyes penales vigentes.
