Trabajo en Oaxaca pone la infancia en riesgo

A pesar de los programas de diversas dependencias federales y estatales por atender a los infantes de Oaxaca, es necesario desalentar el trabajo infantil pues existen más de 159 mil 700 niñas, niños y adolescentes que laboran, la mayoría de los menores que se desempeñan en el sector agrícola están expuestos a todo tipo de riesgos físicos, desde inhalación de pesticidas, largos periodos de exposición al sol y la manipulación de herramientas peligrosas.

Cifras oficiales advierten que el trabajo infantil se observa en zonas conurbadas, principalmente en las cabeceras municipales donde se detona la economía, Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Huatulco, Puerto Escondido y Tuxtepec, entre otras.

Hay alrededor de 43 mil 241 menores que no deberían laborar por no contar con la edad mínima que establece la Ley Federal.

De ellos, 67.8 por ciento no recibe ingresos, 42 por ciento no asiste a la escuela, mientras que 31.2 por ciento no terminó sus estudios de primaria. 26.9 por ciento no tiene un horario regular de trabajo y 30 por ciento trabaja más de 35 horas a la semana.

De acuerdo con el programa para la erradicación del Trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 10 por ciento de la población infantil del estado se encuentra laborando, principalmente en zonas indígenas y rurales, además 50 por ciento niños migrantes carecen de la posibilidad de tener estudios.

Mientras que a nivel nacional, Baja California es la entidad que no respeta las indicaciones por parte de la OIT, pues dos de cada 10 personas que trabajan en los campos agrícolas son niños, niñas o adolescentes, Tuxtepec es uno de los municipios donde más adolescentes emigran para emplearse en los campos cañeros.

Ante un escenario complejo, urge fortalecer los mecanismos de coordinación que permitan a la sociedad civil incidir en la implementación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los derechos de la infancia.

Es necesario armonizar la legislación local con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014, así como con el marco jurídico internacional y los diversos instrumentos internacionales en la materia.

Es urgente dar respuesta a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de los derechos de cerca de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan en el estado.

Aún falta mucho para atender los infantes

El trabajo infantil es una problemática que se ha intentado resolver desde el siglo pasado, mediante convenios que regularicen e intenten eliminar esta práctica, el primer antecedente importante que se puede considerar es el Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (sector industrial), firmado en 1919 y ratificado en 1937.

En este sentido, México ha ratificado 78 convenios adoptados por la OIT, de los cuales 67 siguen en vigor. Nuestro país ha ratificado seis convenios sobre trabajo forzoso, libertad sindical, igualdad de remuneración, abolición del trabajo forzoso, discriminación y peores formas de trabajo infantil.

Con la ratificación del convenio 138 de la OIT, que se refiere a la edad mínima de admisión al empleo para las personas, se contribuirá al cumplimiento de dos compromisos internacionales: erradicar las peores formas de trabajo infantil y eliminar todas las formas de trabajo de menores de edad en 2020.

Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Según la información más reciente del Consejo Nacional de Población (Conapo), hay alrededor de 13.7 millones de personas indígenas en el país, de los cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres, pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos. Las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas. El 76.1 por ciento de la población de habla indígena vive en pobreza.

Los estados con mayor número de indígenas son los del sur y sureste del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de 7.3 millones. La mayoría de las casi 25 mil comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha efectuado, entre otros programas, un significativo trabajo de sensibilización sobre el carácter multicultural de México, sin embargo, no ha sido suficiente. Para lograr mejorar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas se necesita el compromiso de todos los sectores de la sociedad mexicana.

Muchos niños y niñas indígenas dejan de ir a la escuela porque tienen que comenzar a trabajar a una edad muy joven. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) sobre el trabajo infantil, 36 por ciento de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan, el doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento.