La ilegalidad mantiene en prisión a Damián Gallardo
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La ilegalidad mantiene en prisión a Damián Gallardo

El activista fue detenido el 13 de mayo de 2013 como presunto responsable del delito de secuestro cometido en contra de tres menores de edad


La ilegalidad mantiene en  prisión a Damián Gallardo | El Imparcial de Oaxaca

“Padre, madre, aquí estoy, aquí estaré, no tengan miedo de perderme, no tengo motivos para extraviarme, ustedes son mi estrella y mi brújula, padre y madre, aquí estoy, aquí estaré, no me cansaré, no me rendiré”, son palabras desde el encierro. Las ha escrito Damián Gallardo, un nombre que como el de Nestora Salgado, pone de relieve que en México el Estado de Derecho se rompe desde el Estado mismo, que para hacer cumplir la ley está dispuesto a violarla, a hacerse sordo ante Naciones Unidas y ante decenas de organizaciones y miles de ciudadanos que denuncian que en el país las detenciones arbitrarias son un recurso válido para las autoridades.

Gallardo fue detenido el 13 de mayo de 2013 como presunto responsable del delito de secuestro cometido en contra de tres sobrinos del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Junto a él fueron detenidas 12 personas más. Ni la forma en que supuestamente Damián participó en ese secuestro ni si es culpable han sido comprobadas por el Poder Judicial Federal desde hace más de cinco años. Lo que sí ha sido comprobado es que las detenciones fueron arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza pública, que se afectó la seguridad de los inculpados y que en el caso de Gallardo se allanó su domicilio, como consta en la recomendación 5/2018 que emitió el pasado 20 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“El Estado no tiene nada con qué seguir manteniéndolo preso, hemos demostrado su inocencia, hemos echado abajo ese montaje que hicieron alrededor de mi esposo, tenemos peritajes que demuestran la inocencia de Damián, nosotros tenemos la esperanza y creemos que se va a hacer justicia”, expresó su esposa Yolanda Barranco, tras la presentación Fragmentos de un espejo oculto, un libro formado con las cartas que ha escrito a sus padres, hijos, hermanas, a sus amigos desde el penal de Puente Grande, Jalisco, ubicado a una distancia que ha dificultado no solo la relación con su familia, sino su defensa legal.

Para Damián, explica su hermana Idolina Gallardo Martínez, “la prisión ha hecho que busque la forma de llenar ese vacío del conocimiento que tiene ahí con el conocimiento que le pueden proporcionar los libros, las letras, ese ha sido su refugio, cada palabra escrita habla de un momento crítico por el cual él ha pasado dentro de la prisión, desde la muerte de la abuela materna, hasta la pérdida de su maestro de lucha, el doctor Felipe Martínez Soriano”.

La recomendación de la CNDH llega años después de que otras organizaciones internacionales comprobaran y denunciaran las detenciones sin orden judicial que se ejecutaron en este caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas señaló en informes de 2014 y 2015 que las irregularidades en los procesos judiciales implicaban violaciones graves a los derechos humanos y debían ser puestos en libertad de forma inmediata.

Prácticas recurrentes

También Amnistía Internacional ha corroborado la forma en que las autoridades encargadas de investigar crímenes en México han utilizado detenciones extrajudiciales como una forma habitual para “hacer justicia”.

En su informe Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México, realizado entre junio de 2016 y abril de 2017 señala que entre los motivos que tienen las policías para realizar estas detenciones están: “la extorsión a quienes detienen, los pagos de terceras personas para detener a alguien, la realización de detenciones políticamente motivadas (por ejemplo, de participantes en movimientos sociales o personas defensoras de los derechos humanos), la detención de personas por un delito menor —que muchas veces no se cometió— para investigarlas por algún otro delito, o para sembrar evidencia y así no tener que investigar auténticamente los delitos que sí se llevan a cabo”.

Amnistía Internacional encontró además que las detenciones arbitrarias se cometen principalmente “contra aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, con una preocupante afectación a hombres jóvenes que viven en pobreza”.

AI incluyó en este informe el caso de Enrique Guerrero, otro de los detenidos por el caso del secuestro de los sobrinos Candiani, a quien el 17 de mayo de 2013 la PGR detuvo, “fue golpeado y humillado. Posteriormente, fue conducido a un lugar no identificado, donde fue torturado –entre otras formas, mediante golpes, asfixia, y amenazas contra su familia–, mientras le exigían información sobre diversos movimientos sociales”.

Tortura, otra práctica policial

Yéssica Sánchez Maya, coordinadora de Equidad para el Diálogo Parlamentario, quien ha dado acompañamiento legal a la defensa de Gallardo, señala que el siguiente paso será denunciar ante el Comité contra la Tortura de la ONU el caso de Damián, ya que pese a que la CNDH fue esquiva para establecer que en prisión ha sido víctima de agresiones por parte de agentes del Estado, existe un protocolo de Estambul con el que se comprobó esta práctica.

“La política de Estado de criminalizar la protesta social es una política muy vieja, sin embargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto una parte muy importante fue documentar a nivel internacional los casos y hay opiniones que revelan que hay un patrón sistemático de detención arbitraria, por ahora hay que esperar que Peña Nieto se vaya, no le interesa el respeto a los derechos humanos, lo que opine la ONU ni la CIDH”, denunció.

De igual forma, reconoció que ante la falta de pruebas para sentenciar a Damián, la conclusión de este proceso penal puede darse antes de fin de año. “El caso no alcanza para una sentencia condenatoria, hay una serie de inconsistencias que ponen en evidencia una práctica de criminalización”, subrayó.

Mientras tanto, Fragmentos de un espejo oculto será presentado en Madrid, Barcelona, Berlín, Ginebra, Bruselas y Múnich, para denunciar las prácticas ilegales de detención y violación a los derechos humanos que son cometidas por el Estado Mexicano y demandar justicia para Damián.