Sin recursos, la Fiscalía Anticorrupción irá a pique

Pese a que el Congreso del Estado de Oaxaca está dando los pasos necesarios para concretar el Sistema Estatal Anticorrucpción, existe un obstáculo que podría evitar que el proyecto, con la fiscalía anticorrupción como ente investigador, quede obsoleto, el presupuesto. Jorge Emilio Iruengas Álvarez, fiscal especializado en Materia de Combate a la Corrupción, advierte que si se planea construir una fiscalía con suficiencia para indagar los casos de corrupción en el estado se requieren al menos 50 millones de pesos. Si el Congreso del Estado pretende crear un verdadero sistema esta será la cifra que deberá canalizar en el presupuesto para 2018.

Iruengas apunta el caso de la fiscalía como la del estado de Nuevo León, que comenzó con un presupuesto anual de 25 millones de pesos, posteriormente aumentó a 53, “que permiten pagar nómina, instalaciones y gastos para alrededor de 16 ministerios públicos, 40 auxiliares en investigación y 20 investigadores”.

Este presupuesto permitió a la Fiscalía de Nuevo León trabajar con alrededor de 250 a 300 investigaciones por año, número que el fiscal espera igualar o superar.

Tras su elección del fiscal anticorrupción el pasado 9 de junio, el siguiente plazo para echar a andar el Sistema Estatal Anticorrupción es la creación del Comité de Participación Ciudadana que, de acuerdo con el artículo 15 de la ley en la materia, tiene el objetivo de coadyuvar “al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema estatal”. Para integrar este comité se convocará a ciudadanos de “probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, procurando que prevalezca la paridad de géneros”, la fecha límite es el 30 de julio.

Diputados de la 63 Legislatura que impulsaron la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción señalaron que ya se presentaron propuestas de reforma y creación de leyes y reglamentos de los entes que conformarán el sistema y a más tardar el 30 de julio la comisión de selección legislativa elegirá a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en un plazo de 60 días naturales.

Juan Mendoza Reyes, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que Oaxaca dio un paso muy importante a nivel nacional por homologar la Ley Anticorrupción con la Constitución federal

“Faltan algunos lineamientos como la implementación de las leyes secundarias, ya estamos en el estudio para complementarlos, una vez que se avance en ello se tiene que trabajar para conformar el comité ciudadano”, señaló.

A más tardar el 30 de julio de 2017 el Congreso del Estado deberá designar a quienes integrarán la comisión de selección, que elegirá a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en un plazo de 60 días naturales.

La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción se llevará a cabo dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana.

La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones a más tardar los treinta días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

El Comité Coordinador será integrado por representantes de siete instancias: el Consejo de la Judicatura; la Auditoría Superior del Estado; Contraloría estatal; la Fiscalía Anticorrupción; el Comité Ciudadano; Poder Judicial y Transparencia Gubernamental.

 La Fiscalía ya puede operar

Jorge Emilio Iruengas Álvarez, fiscal especializado en Materia de Combate a la Corrupción, señaló que a partir del 9 de junio, cuando fue electo por al cargo por el Congreso, esta instancia realiza acciones para combatir la corrupción en Oaxaca.

En 2016, al constituirse la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se creó también su nueva ley orgánica con la cual operó un órgano denominado Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, misma que con las adecuaciones realizadas a la Ley Anticorrupción se convierte en la Fiscalía Especializado en Materia de Corrupción en el Estado de Oaxaca.

“Eso es con lo que me encuentro, una vez que se crea la nueva ley esa Fiscalía Especializada se convierte en Anticorrupción, por lo cual recibo casos ya radicados, además de que a partir del 9 de junio he empezado a recibir ya las denuncias por posibles hechos de corrupción por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, de donde ya se advierten de forma directa hechos de corrupción”.

Propuestas

El fiscal señala que ya hay diversas propuestas para fortalecer este órgano, como la modificación normativa.

“La modificación de la Ley Orgánica es uno de los temas que tiene el Congreso del Estado para dotar a la fiscalía de autonomía de gestión, autonomía administrativa y autonomía financiera que es lo más importante, eso permitirá tener autonomía de decisión técnica y funcional”.

Explicó que de esta manera se garantizará que no exista injerencia hacia los trabajos que realice la fiscalía y permitirá que “cumpla de forma cabal acciones imparciales sin sesgos políticos”.

“Ya elaboré y presenté a las instancias correspondientes una propuesta de modificación normativa que se debe dar a nivel reglamento, obviamente, hay que ser realistas, el presupuesto de este año ya está aprobado y ya se está ejerciendo, en ese sentido tendremos que trabajar con lo que hay”.

Al ser prioridad para el estado, confió en que a la fiscalía se le destinen recursos suficientes para realizar las investigaciones correspondientes.

“Actualmente estamos haciendo un filtro de todas aquellas investigaciones, tanto de averiguaciones previas como legajos de investigación que se tienen radicados porque muchos de ellos no cumplen con la esencia y naturaleza de la fiscalía”.

Señaló que el antecedente operativo de la fiscalía investigó delitos cometidos por médicos o relacionados con responsabilidad profesional, “que en estricto sentido no son hechos de corrupción, entonces ese tipo de delitos se tendrían que canalizar a otras áreas para dejar justamente a esta fiscalía verdaderos casos de su especialización”.

“En ese sentido se está haciendo un filtro para dejar las averiguaciones previas y legajos de investigación que por su naturaleza deben estar en esta Fiscalía Especializada y todo lo demás en las fiscalías o vicefiscalías regionales o generales”, señaló.

“Otro de los temas que trabajamos es del reclutamiento y selección de personal, requerimos de los mejores perfiles y personal altamente calificado, ministerios públicos y sobre todo agentes de investigación”.

Iruengas Álvarez durante años se dedicó a la consultoría, asesoría y capacitación dentro del sistema acusatorio, colaborando en el Programa de Apoyo al Estado de Derecho de USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), así como en distintas procuradurías generales de justicia y en la Procuraduría General de la República.

En sus últimos encargos públicos destacan haber sido funcionario de la Subprocuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción en el estado de Nuevo León y a partir del 9 de junio es fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.

Busca la autonomía

Uno de los principales objetivos del fiscal es lograr a corto plazo la autónoma de la fiscalía y con ello tener la libertad de decidir en la parte sustantiva y procesal. “Decidir en la parte funcional y de operación, así como lograr resultados que generen la mayor legitimidad en la fiscalía a partir de líneas de acción apartidistas, transparentes y que no, como sucede en otros estados, se convierta en una fiscalía para hechos del pasado sino para cualquier funcionario de la actual administración ya sea municipal o estatal, también se enfoque a su investigación si son culpables”.

Investigan a ex funcionarios de Cué

Desde junio, la Fiscalía Anticorrupción ya investiga a ex funcionarios de la anterior administración estatal que encabezó Gabino Cué Monteagudo, donde derivado de 10 denuncias presentadas por la Secretaría de la Contraloría se siguen las investigaciones para perseguir los delitos que se configuren.

“Estoy a la expectativa y atento a recibir las denuncias, si la Contraloría detecta de la administración actual o cualquier ciudadano detecta delitos de esta naturaleza lo vamos a tomar en cuenta porque no precisamente estamos recibiendo de la anterior administración sino cualquier hecho que se denuncie”.

Sobre el caso del ex secretario de Salud, Germán Tenorio, detalló que es la Fiscalía General de Justicia la que conoció en primer término. “En el tiempo que se fortalezca el personal y recurso humano de esta fiscalía, podríamos también retomar estos casos para tener el control”.

Expuso que una vez que se conformen todos los entes, la Fiscalía Anticorrupción no solamente perseguirá delitos de corrupción, sino también se trabajará en su prevención con los diferentes organismos que conformen sus tres grandes vertientes.

La primera vertiente se avanza en el Congreso con la conformación del Comité Coordinador; la siguiente es la administrativa, que estará a cargo de las contralorías, que tienen la capacidad de sancionar; las faltas graves las conocerá un tribunal administrativo; la última vertiente será el ámbito penal, cuyos casos podrán ser investigados por denuncias presentadas por la auditoría, instancias gubernamentales o ciudadanos.

Los delitos a investigar serán aquellos cometidos por servidores públicos, los que se indican en el título 8 del Código Penal del estado, como: ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Para evitar casos de corrupción en la Fiscalía, Jorge Emilio Iruengas Álvarez señaló que la mejor forma es la rendición de cuentas asistiendo periódicamente ante el pleno del Congreso del Estado para rendir cuentas ante el Poder Legislativo, donde están presentadas las diferentes fuerzas políticas del estado.

DATOS

Jorge Emilio Iruengas Álvarez

• Consultor y asesor en capacitación dentro del sistema acusatorio
• Colaborados del Programa de Apoyo al Estado de Derecho de USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
• Funcionario en distintas procuradurías generales de justicia
• Funcionario en la Procuraduría General de la República
• Funcionario de la Subprocuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción en el estado de Nuevo León
• Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Oaxaca se integra por:

1. El Comité Coordinador

Objetivo: es responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional Anticorrupción, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Tareas: El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; dichos aspectos estarán sujetos a una evaluación periódica, ajuste y modificación;

Elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones, en los cuales se incluirá la respuesta de los entes públicos.

Emitir recomendaciones a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno

Evaluar del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Estatal en los términos de ley

Establecer una plataforma digital única que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e información necesaria para verificar no sólo los intereses y patrimonio de los servidores públicos, sino también para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, así como de sanciones, adquisiciones, licitaciones, bienes, arrendamientos, auditoría y fiscalización.

Integrantes:

1. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá
2. El titular de la Auditoría Superior del Estado

• El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción

1. El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
2. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
3. El presidente del Instituto Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca

• El Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca

2. El Comité de Participación Ciudadana

Objetivo: coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.

Tareas: Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración:

a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital Estatal

c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.

e) Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.