Demanda DDHPO revisar el sistema penitenciario
Se emitieron dos recomendaciones, las cuales no han sido acatadas por las autoridades del sistema estatal de seguridad pública.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), recibió durante el año pasado ocho quejas en el sistema penitenciario del estado, mientras que en 2016 fueron 129, y 2015 fue el año que mayor número registró con 175, tanto en oficinas centrales como regionales.
Derivado de ello, se emitieron dos recomendaciones, las cuales no han sido acatadas por las autoridades del sistema estatal de seguridad pública.
Una de ellas fue dirigida para atender rezagos en el sistema de readaptación social estatal y para demandar la modernización de las instalaciones del penal de Ixcotel. Además, se exigió el cierre inmediato del lugar, así como la apertura del penal de alta seguridad para reubicar a los reos internados en la cárcel de Ixcotel, construida a finales de 1957.
En su momento, Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), demandó cambiar el modelo de readaptación social utilizado en el estado y afirmó que es arcaico y decadente.
Dentro del penal siguen fungiendo los llamados autogobiernos o mesas directivas, que obligan a los reos a cumplir con el pago de cuotas por derecho de piso y servicios prestados por el personal de la prisión, dio a conocer.
El ombudsman expresó que estas mesas directivas han tenido que ser desarticuladas hasta en cuatro ocasiones al ser infiltradas por células del crimen organizado. También se continúa reportando reclamos por malos tratos, torturas, y tráfico de enervantes generado por personal carcelario, además de un consumo indiscriminado de alcohol.
Los problemas más graves se encuentran en el alto número de personas que ingresan al centro de reclusión para convivir con los reos, mismos que llegan a introducir armas (punzocortantes) y drogas (marihuana y cocaína).
En lo que respecta al trato del personal de custodia, se documenta en las quejas que hay denuncias por golpes y torturas y confinamiento en el llamado cuarto de castigo denominado “torito”.
Las denuncias también tienen que ver con el tráfico ilegal de enervantes dentro del reclusorio, la celebración de fiestas privadas, sin menoscabo de la compra de espacios al mejor postor, estas patrocinadas por las llamadas mesas directivas que existen dentro del penal, que fungen como verdaderos sindicatos del crimen.
