Pide Sección 22 liberación de excomisariado
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Pide Sección 22 liberación de excomisariado

Integrantes de la Sección 22 realizaron mitin en el zócalo de la ciudad.


Pide Sección 22 liberación de excomisariado | El Imparcial de Oaxaca

Integrantes de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño acusaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), de actuar bajo consigna en el caso de Marcelo Salinas Cruz, sentenciado por homicidio calificado, del hecho que ocurrió en el 2015 en El Pedimento, Santa Catarina Juquila.

La abogada auxiliar del gremio, Edith Santibáñez Bohórquez, externó que ayer lunes en el juzgado de Pochutla se realizó la diligencia para la reposición del proceso sobre este caso, luego del recurso de casación, antes conocido como de apelación.

El profesor del nivel Telesecundaria es respaldado por los integrantes de este gremio quienes piden su libertad, ya que aseguran, no existen los elementos suficientes que acrediten el delito.

El homicidio se registró el 9 de marzo de 2015, donde perdió la vida Ricardo Mendoza, dentro de la disputa por ese paraje.

La abogada acusó que este hecho se ha tornado político, pues el exgobernador Gabino Cué presionó a Marcelo Salinas Cruz, quien era presidente de Bienes Comunales de Juquila, para entregar al clero la administración de El Pedimento.

También señaló al apoderado legal de la Arquidiócesis de Antequera, Wilfrido Mayrén Peláez de presionar para la devolución de este espacio religioso que genera una gran cantidad de limosna.

Junto con familiares de Marcelo Salinas y de los integrantes de la Sección 22, pidieron al gobernador Alejandro Murat dé indicaciones al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez y a Raúl Bolaños Cacho, magistrado presidente del TSJE, para que actúen con apego a derecho.

Fue la tercera sala penal la que determinó la reposición del proceso después de que la defensa argumentó en la casación de que no se admitieron pruebas en el proceso realizado en la causa penal 80/2015 del 10 de octubre de 2017.

Con la reposición del proceso, podrían ratificar los 34 años de sentencia que le dictaron al inculpado o en su caso, la condena absolutoria; esta última es la que solicitan los sindicalizados y familiares.


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