Arte sacro: Sin registros y a expensas del robo
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Arte y Cultura

Arte sacro: Sin registros y a expensas del robo

A raíz de los sismos de 2017, la Iglesia y el gobierno federal tuvieron un acercamiento; ambos entes firmaron un convenio de colaboración para el cuidado de los bienes culturales


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El pasado 6 de marzo, en Roma, Italia, la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, recibían 594 exvotos mexicanos de los siglos XVIII, XIX y XX. Esos centenares de objetos le eran devueltos al país por parte del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Cultural Nucleo de Monza, Milán.

Pero para que eso ocurriera pasaron casi seis décadas. Los exvotos habían sido robados y trasladados a Italia y las autoridades de aquel país dieron con ellos apenas el año pasado.

Hoy aquello parece el final feliz de una historia del tráfico del patrimonio mexicano. Sin embargo, como esos exvotos, infinidad de joyas, esculturas, pinturas y demás bienes eclesiásticos siguen desapareciendo de los templos. Autoridades religiosas como la Conferencia del Episcopado Mexicano estiman que cada semana se presentan robos en unos 26 templos, de los 19 mil que existen en el país.

En Vida nueva digital (un portal y revista de noticias de la Iglesia Católica), el secretario ejecutivo de la Dimensión de Bienes Culturales y Arte Sacro (DIBEAS) de la CEM reconocía (en 2018) que el robo de arte sacro representa “una fuente de comercio ilícito importante y un delito permanente”.
Jaime Pérez Guajardo añadía que si bien es un delito que afecta a todo el país, las entidades donde más ocurren los hurtos son Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México.

Y así como aquellos exvotos robados en los años 90, en distintas partes del país, el sur de México vivía algo similar. La corona de la considerada patrona de los oaxaqueños, la Virgen de la Soledad, era sustraída del templo. Del hecho, los medios informaban lo poco que se sabía de aquel agravio a la Iglesia Católica.

“En ese entonces, la corona pesó tres kilos de oro de 18 kilates, aparte de los brillantes, esmeraldas y perlas”, recuerda Cristóbal Domínguez, orfebre que a sus 16 años de edad había participado en la elaboración de aquella corona hecha para celebrar los 50 años de la primera coronación de la virgen.

“Fue una cosa muy sonada, pero de saber quién (la robó) no sabemos”, dice el también creador de la corona que actualmente luce la imagen, y hecha muy parecida a la robada.

Crisantema Domínguez, quien junto con su padre elaboró la corona actual de la virgen, dice que la pieza hurtada vale más completa que en partes. Su padre agrega que, en caso de que la corona se haya fragmentado, es decir, que se le sacaran las perlas, cristales y esmeraldas y que se fundiera la estructura de oro, se habría perdido gran parte del valor de esta, ya que aparte de los materiales lleva el valor del trabajo manual.

Piezas como estas tienen mucho valor y por ello el interés de quienes deciden robarlas, pero también hay otras que aunque carezcan de piedras o metales preciosos están bajo la mira. Tal es el caso de las esculturas o figuras de madera hechas a mano, señala Cristóbal.

“Por eso quienes roban saben lo que se llevan, no se van a llevar a una imagen de yeso, sino una de madera, que es tallada y tiene más valor”.

Aunque no es el único caso en que la iglesia católica ha perdido sus bienes, debido a los robos, este fue un caso muy emblemático, refiere el arquitecto Margarito Mijangos Ríos, integrante de la Comisión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro de la Arquidiócesis de Antequera.

NO EXISTE UN CATÁLOGO DE BIENES

“Ciertamente, hemos sufrido robos”, reconoce el párroco Aureliano Díaz Jiménez, coordinador de la comisión. Sin embargo, explica que en casos como el de la corona de la virgen la comisión no puede dar seguimiento. En todo caso, correspondería a los apoderados legales de la Iglesia Católica.

La comisión, señala, sólo se encarga de la conservación y cuidado del patrimonio que existe. Y que tampoco podría atender los robos más recientes. Una de las razones de esto, es que ni la iglesia ni autoridades gubernamentales cuentan con un catálogo o registro de este tipo de bienes.

“Un tema que se está trabajando con el INAH es cómo poder catalogar lo que tenemos en nuestros templos para evitar robos, para que nosotros tengamos las evidencias —tamaños, características, alguna descripción histórica sobre la pieza— para que cuando se ponga la demanda tengamos las evidencias. Eso es lo que ha pasado, de que han robado las piezas (pero no tenemos las evidencias, las descripciones). No se ha concretado ni logrado los objetivos”, ahonda.

A decir de Díaz Jiménez, otro factor que afecta la concreción de un catálogo es que varios pueblos se rigen por usos y costumbres (sistemas normativos internos). “Entonces el padre no tiene las llaves del templo, las tienen los sacristanes, los mayordomos, la junta vecinal, y en algunos pueblos son muy celosos. Como sacerdotes no podemos ni meternos en el tema porque es delicado, sólo llegamos a celebrar la misa.

Pero por el bien del patrimonio, dice, es necesario concretar con el INAH el tema de la catalogación.

Hasta antes de esto, ¿no ha habido intentos de creación de dicho proyecto? Díaz se remite a decir que todo ha quedado en intentos, ya sea por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de Oaxaca (Inpac), del INAH y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no se ha hecho de manera general o en conjunto. “Por un lado, porque somos celosos con lo que tenemos y por otro los pueblos no ayudan”.

SISMO DE 2017 UNIERON A IGLESIA Y ESTADO

A raíz de los sismos de septiembre de 2017, la Iglesia y el gobierno federal tuvieron un acercamiento muy importante, explica Margarito Mijangos. Ambos entes firmaron, mediante sus órganos, un convenio de colaboración para el cuidado de los bienes culturales.

“El sismo nos vino a unir, como que ya hay que trabajar juntos para que se conserve el patrimonio. Como Iglesia, tenemos el resguardo, ellos tienen la cuestión legal, los criterios, las normas de conservación”, menciona el párroco Aureliano.

Por su parte, Margarito Mijangos dice que por ahora uno de los frutos de ese convenio es que habrá capacitación adecuada de personal al interior de la Iglesia para la catalogación y el inventario de los bienes muebles e inmuebles, “de tal manera que se garantice su preservación e integridad, que se mantengan en la comunidad, en el templo, y en el caso de que sean extraídos se tiene ya la ficha técnica, con fotografías, una descripción muy precisa, se boletina con las autoridades correspondientes para que se trate de recuperar esa pieza”.

Pero la idea del catálogo aún está en pañales. Como detalla Mijangos, apenas en los últimos días de noviembre se realizó el primer taller (por parte de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural) para la elaboración de inventarios en la diócesis de Azcapotzalco, en Ciudad de México.

En Oaxaca, “estamos gestionando” para que se pueda realizar un taller de estos. “Puesto que es un trabajo muy extenso y no es el único pendiente del INAH, se necesita de una colaboración mutua para que entre todos vayamos contribuyendo al cuidado de los bienes culturales”, adelanta Mijangos.

 

¿QUÉ HACER POR EL MOMENTO?

Si ocurriera un robo, ¿de qué manera puede actuar la Iglesia? Tan pronto se detecte, el párroco ha de notificar al apoderado legal de la Diócesis, que a través de sus abogados hace la demanda ante las autoridades del estado. Pero mientras se carezca de un catálogo de bienes, será muy difícil llevar a buen término el caso, reconoce Díaz.

“La catalogación es fundamental porque si no se tienen las características de la pieza robada, ¿qué podemos hacer? Nada. Por eso se han robado muchas piezas y van y ponen la denuncia, pero como no tienen ni una fotografía ni las medidas, no hay nada”.

Con lo ocurrido con la corona de la Virgen de la Soledad, ¿no se puede dar seguimiento? No, reitera el titular de la Comisión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro.

“Ese robo, que sucedió en 1991, fue de inicio un agravio para la Iglesia, pero dio también la pauta de la importancia de la catalogación”, apunta Margarito Mijangos. Y, sin embargo, a casi 30 años de ese hecho, la Iglesia y el Estado siguen sin concretar tal catálogo.


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