La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró una importante sentencia condenatoria en contra de Maximino R.V., un hombre que fue hallado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad. El Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Tuxtepec, Oaxaca, dictó una pena de 63 años de prisión para el acusado. El cual fue responsable de cometer los hechos entre agosto de 2022 y junio de 2023 en la comunidad de Agua de Borrego, en el municipio de San Miguel Huautepec. En la Sierra de Flores Magón.
De acuerdo con el expediente penal, la agresión sexual contra la víctima, cuyo nombre se encuentra reservado por razones legales, ocurrió en diversas ocasiones en diferentes domicilios de la localidad. Tras los hechos, la FGEO comenzó una investigación exhaustiva con el fin de garantizar que se hiciera justicia. Además, se protegiera a la menor afectada.
INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA Y DETENCIÓN DEL AGRESOR
Tras recibir la denuncia y comenzar las indagatorias correspondientes, la Vicefiscalía General de Control Regional solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Maximino R.V. El sujeto fue detenido y presentado ante el juez. Éste, lo sometió a un proceso legal por el delito de violación agravada.
Luego, durante el juicio, la Fiscalía de Oaxaca presentó pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad del acusado. Lo que llevó a que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara la sentencia condenatoria de 63 años de prisión.
REPARACIÓN DEL DAÑO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Además de la condena de prisión, el tribunal impuso una multa económica a Maximino R.V.. Así como también estableció un pago por concepto de reparación del daño en abstracto. Con el fin de garantizar que la víctima recibiera una compensación por los daños sufridos. Estas medidas subrayan el compromiso de la FGEO con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la sentencia condenatoria a Maximino R.V. según la FGEO es una muestra más del compromiso de las autoridades oaxaqueñas para hacer frente a la violencia de género. Además de garantizar que los agresores de menores enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
