Consternación ante el secuestro y asesinato del síndico procurador de San Pedro Quiatoni, Sergio Ángeles López, quien fue capturado por pobladores de la agencia de Soledad Salinas. El cadáver del funcionario fue encontrado horas después cerca de la agencia Unión Juárez.
El presidente municipal de San Pedro Quiatoni, Marcelo García Sánchez, recriminó la falta de intervención oportuna de las fuerzas de seguridad, particularmente la Guardia Nacional (GN) y las autoridades locales, después del enfrentamiento a balazos registrado el pasado 4 de abril entre pobladores de las agencias y la cabecera municipal.
García Sánchez lamentó la huida de los elementos de seguridad que custodiaban al síndico, quienes, según su versión, “no proporcionaron información ni apoyo”, lo que facilitó el trágico desenlace.
El edil calificó la muerte de Sergio Ángeles López como cruel y violenta, y expresó su indignación y tristeza ante el homicidio.
Aunque no se especificaron mayores detalles sobre el momento y las circunstancias en que se localizó al funcionario sin vida, el presidente municipal señaló que la intervención de la Guardia Nacional, que arribó con dos camionetas al lugar, fue insuficiente para evitar que el grupo conocido como la Organización de Agencias Unidas, vinculado a Soledad Salinas, cometiera este crimen.
Por su parte, la Fiscalía General de Oaxaca confirmó oficialmente la muerte de dos personas: J. M., originario de San Pedro Quiatoni, y O. S. S., de Soledad Salinas, como resultado de los enfrentamientos entre las comunidades. Sin embargo, las autoridades municipales sostienen que serían tres las víctimas mortales, incluyendo al síndico.
El enfrentamiento entre estas comunidades se desató a raíz de la disputa por recursos municipales y la controversia por la elevación a rango de agencia de policía al núcleo rural El Porvenir, perteneciente a San Pedro Quiatoni.
Este conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando el Congreso del Estado emitió el Decreto 2450, elevando El Porvenir a agencia de policía. La autoridad de San Pedro Quiatoni impugnó este decreto en octubre del mismo año, argumentando que violaba su autonomía municipal. En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos el decreto, mientras se resolvía la controversia, lo que generó aún más tensiones en la región.
