Al presentar pruebas suficientes y con valor probatorio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo del juez de control la vinculación a proceso contra Lizbeth Victoria Huerta, presidenta municipal con licencia de Asunción Nochixtlán y otras dos personas involucradas en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz.
De acuerdo con los hechos asentados en la causa penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, la víctima C. U. C. fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.
Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia inició las labores de investigación con perspectiva de género para priorizar las necesidades particulares de la víctima directa y víctimas indirectas, trabajos que estuvieron apoyados en todo momento por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), así como la Secretaría de Gobernación que dio intervención a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a fin de realizar las acciones de búsqueda y localización pertinentes.
El pasado 7 de mayo de 2021, la Institución de Procuración de Justicia dio cumplimiento al mandato judicial girado en contra de los probables responsables, logrando su aprehensión y presentación ante el Juez de la causa.
En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la FGEO, el Juez en turno determinó vincular a proceso a L. V. H., J. R. M. M. y J. A. H., a quienes impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa además que otorgó cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.
Respecto a la localización de la ciudadana C. U. C., la FGEO no descarta ninguna de las líneas de investigación contenidas en la teoría del caso para dar con su paradero y reitera su compromiso de procurar el acceso pleno a la justicia para las víctimas directas e indirectas, así como el trabajo en el proceso resarcitorio del daño.
El delito de desaparición atenta contra los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía; por ello garantizar justicia representa una alta prioridad para la Fiscalía General, aplicando todo el rigor de la Ley a quienes resulten responsables.
